La sentencia del Tribunal Supremo que después de 20 años legaliza la zona de actividades logísticas (ZAL) del Puerto de València ha caído somo un jarro de agua fría entre la asociación de vecinos la Unificadora de la Punta, que hasta ahora había ganado prácticamente todos los recursos en relación a la ZAL, motivo por el que nunca llegó a ponerse en marcha pese a que las obras de adecuación de los terrenos que implicaron la destrucción de huerta productiva y la expulsión de sus viviendas de decenas de familias finalizaron en 2005.
Hasta ahora, la ZAL se había declarado ilegal por estar asentada en terrenos rústicos de especial protección con destino agrícola, tal y como recoge el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de València. Los diferentes planes urbanísticos para modificar el PGOU se hicieron de forma irregular, por lo que, en 2018 la Conselleria de Infraestructuras en manos del PSPV aprobó un nuevo Plan Especial para tratar de dar cobertura legal al recinto.
En la tramitación del Plan, se optó por una evaluación ambiental simplificada, habida cuenta de que el suelo en realidad ya estaba parcelado y construidos los viales. La entidad vecinal, así como Per l'Horta, recurrieron al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que les dio la razón al considerar que la evaluación ambiental tramitada debió ser ordinaria y no simplificada, puesto que desde el punto de vista legal los terrenos en realidad siguen siendo rústicos con destino agrícola, tal y como recogen diversas sentencias anteriores, entre ellas una del Supremo del año 2015. Por este motivo, el TSJCV anuló nuevamente el Plan Especial, lo que desembocó en los recursos al Supremo de la Abogacía de la Generalitat y de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV).
Ahora, el Supremo, en una sorprendente interpretación, considera que pese ser los terrenos rústicos tal y como marca el PGOU, la realidad es que están urbanizados y es sobre ese supuesto sobre el que ha de hacerse la evaluación ambiental, siendo correcta la opción simplificada escogida por la administración, ya que hacer la ordinaria implicaría revertir los terrenos a huerta para volver a urbanizarlos después, algo que la sala del Supremo considera inviable.
Ante esta interpretación, desde la Junta de la asociación vecinal la Unificadora de La Punta han remarcado su descontento al conocer el fallo del Supremo, “pues en una sentencia política” valida el Plan Especial de 2018: “Pese a reconocer la ilegalidad del proyecto dice cambiar su doctrina para decir que no hace falta evaluación ambiental ordinaria cuando han pasado muchos años y la urbanización está consolidada y no puede volverse atrás. Es decir, que la urbanización ilegal de un suelo sirve precisamente para no anularla pese a reconocerse esa ilegalidad”.
Con esta interpretación, según han asegurado, se ampararían acciones ilegales en nuestros territorios pudiendo dar carta blanca a la urbanización ilegal de parques naturales o zonas protegidas como en su día era La Punta, “dando vía libre a constructoras y gobiernos que pongan por encima el interés urbanístico antes que la vida y la salud de las personas”.
Además han recalcado que pese a que la asociación ha tratado de paralizar las obras en distintas ocasiones mientras siguiese el proceso judicial “la ley les ampara a seguir generando la propia situación de urbanización en la que ahora mismo se ampara el fallo del Supremo”. Por este motivo, han anunciado que estudiarán las medidas legales que puedan adoptar, ya sea recurso al Constitucional o a la Justicia Europea.
Catalá dará licencia y Compromís dice que el fallo es “incompresible”
La alcaldesa de València, María José Catalá, ha avanzado que el Ayuntamiento de la capital concederá en “las próximas semanas” las licencias para el inicio de las obras de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de València, tras el aval del Tribunal Supremo al Plan Especial de la misma.
“Es algo histórico”, ha valorado la primera edil, en declaraciones a los medios este jueves, al tiempo que se ha mostrado “muy satisfecha” de que la justicia “desbloquee” este proyecto, después de estar “más de 20 años paralizado”.
La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento, Papi Robles, ha comentado que es “incomprensible” esta decisión del Supremo que avala la ZAL: “Tendremos que continuar luchando para defender cada palmo de huerta y de naturaleza, para que el cemento y los intereses de las multinacionales que operan al Puerto no se lo acaban comiendo todo. Continuaremos defendiendo allá donde haga falta los intereses de las personas que vivimos en València, por nuestra salud y por el futuro de nuestra ciudad. La ciudadanía conseguimos frenar la destrucción del Saler y del cauce del Turia”.