El próximo 29 de noviembre, 32 familias valencianas, aunque se prevé que puedan sumarse más, se presentarán en Madrid para presentar denuncias por desapariciones, crímenes y torturas en la embajada argentina en España y unirse de este modo a la querella que juzga en Buenos Aires delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos en España entre el 17 de junio de 1936 y el 15 de junio de 1977, por la que se ha pedido la extradición de los acusados por torturas.
Como explica Matías Alonso, coordinador del Grupo Para la Recuperación de la Memoria Histórica (GPRMH), este proceso tiene su origen en el comienzo de la Plataforma de Apoyo a la Querella Argentina, creada hace unos dos años, aunque apunta que fue fundamental el anuncio de que se puede denunciar directamente en consulados y embajadas argentinos.
En este sentido, Alonso resalta que las facilidades que ofrece la justicia argentina también les ayudaron a decidirse. “Es gratuita y además ponen facilidades, no tienes que aportar toda la documentación, sino que es la justicia la que se encarga de reclamar toda la información que considere a la Administración, todo lo contrario que aquí, por lo que las familias saben que la justicia obra de una forma más determinante en favor de las víctimas”, que gracias a esta iniciativa se encuentran ante la esperanza de “ser escuchados y amparados”.
Asignatura pendiente
Alonso reclamaba justicia, “tenemos una asignatura pendiente, como es hacer justicia con todas esos desaparecidos y con sus familias, que desconocen qué fue de sus seres queridos”. Precisamente, Alonso recordaba que España es 'líder' en desapariciones forzadas, se calcula que más de 130.000 en ese periodo, de las que entre 5.000 y 6.000 serían en la Comunitat Valenciana, “estamos hablando de que el régimen franquista ocasionó más desaparecidos que todas las dictaduras del cono sur americano”.
Por eso, apelan a la justicia internacional, “es la única esperanza que nos queda, que se reconozca ese crimen contra la humanidad en base a que existía un plan, las Instrucciones Reservadas de Mola”, por lo que “esperamos, por la propia paz de los denunciantes, que se condene un régimen que machacó a los disidentes en España durante 40 años y que la justicia obligue al Estado a reconocer esta situación, por la que en otro país estarían avergonzados”.