El 31 de diciembre de 2019 fue el último día que los usuarios de la autopista valenciana de peaje (AP-7), que recorre el territorio de norte a sur, pagaron por hacer uso de esta vía rápida. A partir del 1 de enero, después de casi medio siglo de privatización y años de reivindicaciones, la autopista -al igual que sucede con la AP-4 entre Sevilla y Cádiz y tal y como sucedió hace un año con la AP-1 entre Burgos y Armiñón- pasó a depender del Estado tras finalizar la concesión que tenía Abertis.
La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, presentó este miércoles las conclusiones de un nuevo informe de rendición de cuentas 'Cumpliendo' relativo al territorio valenciano y subrayó que “este es el Gobierno de los derechos y está trabajando para acelerar la recuperación de la Comunitat Valenciana”.
Entre los aspectos resaltados por la delegada destacó que “la liberalización de la AP7 ha supuesto un ahorro de 230 millones de euros para la ciudadanía valenciana”.
Además, aseguró que “hay 144 millones de euros para ampliar el ‘by-pass’ de Valencia, que ya saben que es uno de los tramos con más tráfico de España, y se ha dado un impulso al ”soterramiento del canal de acceso ferroviario“, un proyecto que cuenta con un presupuesto estimado de 400 millones de euros, de los que el Gobierno financia el 50%. Igualmente, se invertirán ”121 millones de euros en el Corredor Mediterráneo, así como 42 millones del plan estatal de vivienda“.
Sobre las críticas que ha recibido el ejecutivo central por el agravio comparativo que supone para la Comunitat Valenciana la anunciada inversión de 3.300 millones de euros en las ampliaciones de los aeropuertos de Madrid y Barcelona, cuando en València no se ha ejecutado por segunda vez el Plan de Cercanías por falta de fondos, Calero comentó que “hay sectores que siempre buscarán agravias con otras comunidades, no lo encontrarán conmigo”.
Sobre el canal de acceso en el que el Gobierno invierte el 50%, “es un proyecto que llevaba parada muchos años porque no se podía hacer y lo que se ha hecho ahora es otro proyecto realizable y una vez que se ponga en marcha todo irá sobre ruedas”.
Escudo social
La delegada del Gobierno apuntó que “91.975 personas de las tres provincias han recibido el ingreso mínimo vital, 55.839 adultos y 36.136 menores”; y “909.240 pensionistas se han beneficiado de la revalorización de las pensiones conforme al IPC en 2021”. Gloria Calero ha resaltado que “91.558 personas se han beneficiado del complemento de maternidad y/o del complemento para reducir la brecha de género en las pensiones” y “210,9 millones de euros han sido destinados a políticas activas de empleo para la ciudadanía valenciana”.
Respecto a los últimos datos de empleo publicado, la delegada ha razonado que “hoy hay más de 3.000 desempleados menos en la Comunitat Valenciana que el mes pasado. Se trata del tercer mes consecutivo en el que el paro registra récord de descensos y eso quiere decir que la recuperación se está consolidando”.
“La bajada del desempleo en julio se ha visto acompañada de un aumento de la contratación del 4,84%, pues se han firmado 185.212 contratos en la C. Valenciana, lo que supone 8.554 más que en junio, superior a la media nacional (2,2%)”, ha explicado la delegada.
Respecto a las medidas de apoyo a las personas trabajadoras y empresas de la Comunitat Valenciana, Gloria Calero ha confirmado que “90.601 valencianos de media al mes se han beneficiado de la prórroga de los ERTE, por un importe de 271,9 millones de euros; y 18.913 valencianos en ERTE se han beneficiado del fraccionamiento del pago de la deuda tributaria derivada de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), por un importe de 16,3 millones de euros”.
Igualmente, “647,1 millones de euros han sido destinados a ayudas directas para los trabajadores autónomos y las empresas de los sectores económicos más afectados por la pandemia” y “2.036 empresas han obtenido avales ICO por importe de 499,3 millones de euros desde enero; con lo cual ya son 12.048,2 millones de euros los que han sido destinados a avalar a 64.749 empresas valencianas a través de la línea ICO COVID-19”.
Por otra parte, 726,7 millones de euros han sido dedicados a prestaciones extraordinarias para trabajadores autónomos y autónomas cuya actividad se ha visto afectada por la pandemia y 53.411 se han beneficiado de la extensión de estas ayudas“. Gloria Calero ha añadido que ”4.141 valencianos con contrato fijo discontinuo de media al mes se han acogido a las medidas extraordinarias adoptadas para este colectivo en sus distintas modalidades, por un importe de 17,1 millones de euros“. La delegada también ha recordado que ”28,3 millones de euros de ayuda extraordinaria se han destinado a los operadores que prestan el servicio de transporte público de titularidad de entidades locales de la Comunitat Valenciana que han experimentado una reducción de ingresos como consecuencia de la crisis“.