El secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu y el profesor de Derecho del Trabajo de la Universitat de València Adrián Todolí han presentado en València el informe 'El trabajo en plataformas digitales en la Comunitat Valenciana', que aborda la transformación que la economía de plataformas está realizando en el mercado laboral y los nuevos desafíos legislativos que conlleva la digitalización del trabajo.
Junto al estudio, también se han elaborado un código de buenas prácticas para empresas y un folleto informativo para que las personas trabajadoras de plataformas digitales conozcan sus derechos. Estos documentos serán distribuidos por Labora.
Las plataformas digitales son agentes económicos que a través de una web, app, etc. que pueden adoptar diversos roles: compraventa de productos, préstamo o alquiler de bienes (coches, casas, aparcamientos…), prestación de servicios (reparto, transporte, cuidados, reparaciones, etc.).
Algunos ejemplos de este tipo de empresas son Glovo, Deliveroo, Nemvo, UberEats, Habitissimo, TopAyuda, FreeTour, EntreLetrados, Cabify, Tripadvisor, Taski o Civitatis.
Las nuevas plataformas suponen un cambio de paradigma tecnológico sino que también implica una nueva forma de organizar el trabajo.
En España, más del 11,6% de la población ha recibido ingresos por parte de las plataformas digitales. Asimismo, nuestro país es el segundo de Europa, por detrás de Reino Unido, en el que más población utiliza estos servicios.
En la Comunitat Valenciana entre 40.000 y 60.000 personas trabajan en plataformas digitales, ámbito en el que la inspección de Trabajo ha levantado entre enero y julio del presente año 3.200 expedientes sancionadores por infracciones, muchas de ellas relacionadas con falsos autónomos.
“El trabajo ejercido a través de plataformas digitales modifica y erosiona la concepción tradicional que hasta ahora teníamos de qué era un puesto de trabajo y los modos de vida, derechos y obligaciones vinculados a los mismos”, ha expuesto el secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu.
Por ello, el Servicio Valenciano de Empleo y Formación, Labora, ha colaborado con la Cátedra de Economía Colaborativa y Transformación Digital de la Universitat de València en la elaboración de este informe.
“Nuestro papel social e institucional, debe ser un papel activo donde toma especial importancia la prospección y el análisis de las problemáticas actuales vinculadas al mundo del trabajo”, ha continuado Nomdedéu.
El trabajo en plataformas digitales no solo afecta personas sin cualificación, sino que profesiones como la abogacía, la arquitectura, la informática... también se ven afectadas.
La mayoría de las personas trabajadoras de plataformas digitales son jóvenes: el 70% tiene menos de 45 años. Además, uno de cada tres trabajadores tiene más formación de la que se requiere para las tareas que ejercen, por lo que está sobrecualificado.
“Hay que acabar con el estereotipo de que las personas que trabajan para plataformas digitales son personas sin formación que realizan tareas no cualificadas. La realidad es mucho más compleja, Glovo y Deliveroo son solo la punta del iceberg”, ha declarado el profesor y co-director de la Cátedra de Economía Colaborativa de la UV Adrián Todolí.
Los datos del informe revelan que las plataformas no crean nuevos sectores productivos ni nuevas ocupaciones, sino que esencialmente se limitan a cambiar la forma de ofrecer servicios en el mercado y de organizar el trabajo de profesiones preexistentes.
Además, la economía de plataformas no necesariamente ha facilitado la integración de nuevos miembros al mercado laboral, sino que por lo general ha transformado las relaciones contractuales de aquellos que ya se encuentran insertos en él.
Aproximadamente, la mitad de los trabajadores y trabajadoras digitales actuales han sido personal asalariado en sus trabajos previos y un elevado porcentaje continúa buscando otro empleo.
Propuestas normativas
En el informe elaborado por la Cátedra de Economía Colaborativa de la UV se abordan los problemas jurídicos derivados de la actividad de las nuevas formas de economía digital.
“La tecnología no puede ser una razón para incumplir la legislación. Es posible que la tecnología demande un cambio normativo, pero esto no puede ser decidido por una empresa, sino que requiere debate social y político”, ha afirmado Adrián Todolí.
En este estudio se rechaza un cambio de legislación que considere a las personas trabajadoras de plataformas como autónomas. También se rechazan las subcategorías de autónomos como la propuesta de creación de los Trades digitales.
En opinión de Todolí, “una hipotética ley del 'Trade Digital' solo provocaría un conflicto entre la normativa española e internacional aumentando la judicialización”.
Por el contrario, Todolí ha abogado por “regularizar la utilización incorrecta por parte de algunas plataformas digitales de la figura del trabajador autónomo y reconocer el carácter laboral de las personas trabajadoras allá donde la ley lo indique”.
Por ello, el informe propone que la normativa reduzca las diferencias en materia Tributaria y de Seguridad Social entre las personas trabajadoras autónomas y las laborales mejorando la protección de los autónomos, ya que dichas diferencias pueden incentivar el uso de la figura del 'falso autónomo' y la pérdida de los derechos de las personas trabajadoras clasificadas como autónomas.
“Es necesario poner el foco en esta cuestión porque algunas empresas están abusando de la figura del autónomo, como estamos viendo en varias sentencias”, ha recordado Todolí.
Así, el estudio sobre plataformas propone una normativa que declare como laboral a las personas trabajadoras que presten servicios offline a través de plataformas digitales y que les otorgue pleno derecho a la elección de sus horarios y jornadas.
“Esto reduciría su precariedad y les permitiría, con mayor facilidad, acceder a la negociación colectiva y tener una mayor seguridad jurídica”, ha expuesto el co-director de la Cátedra de Economía Colaborativa.
Uno de los principales problemas que enfrentan las personas que trabajan en plataformas es la falsa flexibilidad. “Si necesitan el dinero, no pueden rechazar trabajos. Y deben estar siempre disponibles para cuando aparezca demanda”, ha afirmado Adrián Todolí.
Por todo ello, la Cátedra de Economía Colaborativa, con el apoyo de Labora, ha elaborado un Código de Buenas Prácticas para empresas y un folleto informativo para las personas trabajadoras.
“Hemos querido, deliberadamente, no limitarnos a realizar un estudio teórico de la situación, sino que también hemos impulsado la realización de una serie de materiales informativos que pretenden contribuir directamente a mejorar la información disponible para los trabajadores y trabajadoras afectados”, ha afirmado Nomdedéu.
El Código de Buenas Prácticas para empresas recoge información de utilidad para aquellas empresas que quieran mejorar sus prácticas en este ámbito. Por otro lado, el folleto recopila los derechos de las personas trabajadoras de plataformas que reconoce la legislación vigente, consejos e información de interés.
Estos materiales, conjuntamente con el informe, se distribuirán de forma digital y física a través de los Espai Labora y de la web y las redes de comunicación de Labora.
“El objetivo es mejorar la información disponible y ayudar a todas las personas trabajadoras en plataformas digitales hasta que también, obviamente, seamos capaces de mejorar la normativa laboral en el Estado para enfrentar de una manera más adecuada esta problemática”, ha resumido Nomdedéu.
Observatorio del Trabajo Decente
El Consell ha establecido como objetivo prioritario la puesta en marcha del Observatorio de Trabajo Decente para hacer un seguimiento continuo del mercado laboral. Con la creación de este Observatorio se pretende combatir la economía sumergida, la feminización de la pobreza y la precariedad laboral, especialmente en sectores como el calzado o colectivos como el de las camareras de piso o los trabajadores de plataformas digitales.
En esta línea, Enric Nomdedéu ha señalado que la labor de la Administración no debe limitarse al fomento de la creación de empleo, sino también a “garantizar que los puestos de trabajo se creen conforme a la legalidad y permitan a las personas tener una vida digna”.