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Los hermanos Carmen y Antonio Molina asumieron su muerte el día en el que la urbanización Los Pinos, en la calle Lugo 4 de Godelleta, una localidad agraria situada a unos 30 kilómetros de Valencia, fue arrasada por las inundaciones provocadas por la DANA del 29 de octubre. “Hasta aquí hemos llegado”, dijo Antonio, de 53 años, a su vecino Vicente Cabrera, de 70, en algún momento de las más de tres horas y media en las que se mantuvieron agarrados a dos columnas de un chalet mientras el torrente de agua les rodeaba por encima de la cintura. “Una vez lo aceptas, llega la calma. Estaba sola y me despedí de todos”, cuenta Carmen con voz temblorosa mientras enseña un cuaderno en el que ha escrito lo que pasó el día en el que murió y volvió a nacer.
Las paredes de la planta baja del chalet pareado de Carmen están marcadas por el agua de color marrón que entró de forma salvaje hasta alcanzar una altura superior a los dos metros. Carmen estaba en la cocina sobre las 17.00 cuando vio que la riada anegaba su vivienda y las ventanas cerradas podrían romperse. Y lo hicieron. “Rápidamente, subí al segundo piso. En pocos segundos flotaba el sofá de mi casa y el agua ascendía por las escaleras”.
Como apenas tuvo cobertura en aquellas fatídicas horas, esta maestra de 55 años daba golpes a la pared que comparte con la casa de su padre Antonio, a punto de cumplir 80 años, para saber si se encontraba bien. Afortunadamente, lo estaba: permaneció en el segundo piso toda la tarde. Como no sabía nada de su hermano, cogió una linterna para hacer señales a su chalet, situado enfrente, y obtuvo una respuesta, la de su sobrino. De su hermano tuvo noticias sobre las 21.00 horas, cuando la balsa de agua ya había bajado y desde el balcón le gritó:
- “Eres tú, ¿Antonio?”.
- “Sí, soy yo”.
Días después de la riada y con las labores incesantes de limpieza, la familia Molina lo tiene claro: “Nos vamos, las inundaciones cada vez son más bestias”. Es más, “de las 12 viviendas que estamos en esta comunidad de vecinos, creo que nos vamos prácticamente todos”, dice Antonio.
En los últimos siete años, esta pequeña urbanización situada cerca del barranco del Juncar y muy próxima a una riera por la que discurre el agua para que no se inunde la carretera local CV-424 que conecta con Buñol, ha sufrido las consecuencias materiales de tres embestidas de agua que descendían por estos dos cauces desbordados por lluvias torrenciales. En la de 2018, “el agua entró un palmo de altura”; en la segunda, en 2020, “fue un metro y medio fuera de casa y dentro, medio metro”; y “esta última casi ha sido mortal”.
“No podemos vivir con el miedo a la lluvia y arriesgarnos a morir”, confiesa Antonio, que llora de impotencia y rabia, mientras se abraza a su hijo mayor Toni, de 32 años, con quien trabaja como carpintero. “Si esto es cada vez más frecuente, ¿vamos a estar aquí hasta que nos liquide?”.
Chalets construidos en terrenos inundables
Según fuentes municipales, de las más de 4.000 personas censadas en el término municipal de Godelleta, cerca de 2.000 residen fuera del núcleo urbano, en chalets ubicados en urbanizaciones y diseminados -viviendas agrupadas en un lugar que no se considera núcleo de población-.
La urbanización en la que ha residido hasta ahora la familia Molina está a 6 kilómetros del pueblo, donde apenas han sufrido daños por la DANA, mientras que esta área, en la que hay otras urbanizaciones y diseminados por la que discurren los barrancos del Murtal y del Gallego que desembocan kilómetros abajo en la Rambla del Poyo, es la zona cero de la catástrofe en Godelleta.
“Cuando nos dieron las llaves en marzo de 2005 no sabíamos que aquí había barrancos. Con el tiempo, la gente sí me ha dicho que años atrás esto se había inundado. Yo compro a una promotora que tiene el permiso del Ayuntamiento para construir casas para ser habitadas, pues confío”, cuenta Carmen. “Pero claro, en plena burbuja inmobiliaria… Ahí lo dejo, ¿vale?”.
El 28 de enero de 2003, fecha en la que la Generalitat aprobó el Plan de Acción Territorial sobre la prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana (PATRICOVA), se constató que en Godelleta no existían “zonas afectadas por riesgo de inundación en el municipio”, es decir, que en el caso de tener inundaciones, no se consideraba que podían ocasionar daños en personas, bienes y actividades humanas. En la última revisión del PATRICOVA, aprobada en octubre de 2015, se indicaban zonas de riesgo de peligrosidad geomorfológica en el término municipal, o sea, la probabilidad de que haya inundaciones en determinadas formas (vaguadas, barrancos, desapariciones de cauce, etcétera) y el documento ratificaba de nuevo que no existía riesgo de inundación.
En el caso de la urbanización Los Pinos, según PATRICOVA, únicamente viene marcada como zona de peligrosidad geomorfológica y no como en riesgo de inundación, a pesar de que las viviendas han sufrido daños materiales de tres inundaciones desde 2018 y varios vecinos temieron perder su vida el pasado 29 de octubre.
Según recoge uno de los documentos de compraventa de la vivienda de Carmen Molina firmado en noviembre de 2004 con la inmobiliaria Avance Inmobiliario del Este S.L.., se especifica cómo la licencia de obras fue concedida en una comisión del consistorio de Godelleta celebrada el 11 de marzo de 2003, un mes y pico después de la aprobación del PATRICOVA.
Desde el Ayuntamiento de Godelleta alegan que “las licencias concedidas en dicha zona” fueron adjudicadas en base al Plan General de Ordenación Urbana de 1988, anterior al PATRICOVA y aún vigente -con modificaciones hasta 2018-, y que desde el año 2007 “no han concedido ninguna licencia para construir edificaciones de nueva planta como la de Los Pinos o Alameda [área con un restaurante y chalets aledaño, que también sufrió graves destrozos hace dos semanas] en esas zonas”.
Falta de información y soluciones tardías
En enero de 2022, una vecina de la familia Molina, Marina Gandía Vergara, compró junto a su pareja un chalet en Los Pinos a través de la intermediación de la inmobiliaria Vostra Casa por 165.000 euros. “Soy de Alaquas y mi novio de Xirivella, pueblecitos a 20 minutos en coche desde aquí. Nos gustaba la zona, que era una comunidad de vecinos cerrada y nos transmitía seguridad”, cuenta por teléfono.
“Fue en la primera junta de vecinos cuando nos enteramos de lo de las inundaciones”, recuerda. El consorcio de seguros había indemnizado a la comunidad para reparar muros y la fosa séptica que habían sido dañados tras la inundación de 2020. “Por parte de la inmobiliaria se nos ocultó esta información porque, de haberlo sabido, no nos hubiéramos metido en esta casa”, asegura. A este respecto, desde Vostra Casa responden por correo electrónico diciendo que no han sido “promotores ni constructores de esas viviendas” y derivan a este diario a que hable con el consistorio para ver si puede facilitar más información.
La joven pareja -ambos tienen 30 años- presentó un escrito al Ayuntamiento para que les confirmaran que Residencial Los Pinos era una zona inundable y que había sufrido daños. Señalan que la respuesta que obtuvieron fue que la urbanización había sufrido las riadas de 2018 y 2020. Tras la inundación de hace dos semanas, han puesto el caso en manos de sus abogados. “No podemos vivir aquí y eso que nos quedan muchísimos años de hipoteca”.
En una reunión mantenida el pasado 6 de noviembre entre representantes de esta comunidad de vecinos y el Ayuntamiento de Godelleta, les informaron de las ayudas públicas que podían solicitar por los daños causados en sus viviendas. Dos días antes, un vecino de esta comunidad en representación de las 12 viviendas, presentó una instancia en el consistorio para transmitir la petición de que la urbanización se reconozca como zona inhabitable y que se les indemnice por el valor total de la propiedad.
“Si ellos se van de allí no se puede vender, ahora mismo están cerca del cauce del barranco del Juncar”, dice la alcaldesa de Godelleta, María Amparo Pardo Luján. “En 2020 [en aquel momento era concejala de urbanismo] se planteó hacer un desvío para que esta urbanización dejase de ser cauce de este barranco. Si lo desviásemos un poco antes, dejaría de pasar por allí. Es un proyecto muy costoso y está sobre la mesa desde entonces, pero lo tienen que hacer desde la consellería porque son los que tienen los recursos económicos”.
Fuentes de la Consejería de Agricultura de la Generalitat afirman que las competencias de este proyecto son del Ayuntamiento, que a su vez tiene que tener el visto bueno de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), y que desde la Dirección General del Agua hay una colaboración. “Ahora mismo el encauzamiento de este barranco está en proceso de estudio”, apuntan, “aunque tras la DANA va a ser prioritario para evitar que se vuelvan a inundar estas zonas”.
Mientras desde la administración pública se derivan la responsabilidad, los inquilinos de Los Pinos preparan la documentación y realizan todos los procesos para conseguir una indemnización que les ayude a empezar de cero en otro lugar alejado de barrancos y zonas inundables. Se han reubicado como han podido en casa de familiares y amigos, tal y como han hecho miles de personas afectadas por la DANA en otras poblaciones de Valencia, y tan solo dos familias han dormido en el segundo piso de la casa durante estas dos semanas porque tienen muchos animales.
Carmen Molina ha logrado alquilar un piso en Cheste, después de dormir en cuatro casas distintas. Su hermano Antonio está en casa de su cuñada. Su padre se fue a vivir a un piso de una habitación con otro de sus hermanos a Quart de Poblet, localidad en la que residió parte de su vida junto con sus hijos y que dejaron en 2005 en busca de “más tranquilidad”.
“Dicen que por lo que nos ha pasado somos refugiados climáticos, Carmen”, se despide Antonio, mientras no para de moverse de un lado para otro ayudando a reparar su casa y las de sus vecinos.