La venta de la universidad 'online' por la candidata del PP en València fue confidencial y denunciada ante notario

El proceso de privatización de la Universidad Internacional de Valencia (VIU) fue totalmente confidencial. El contrato por el que la Generalitat Valenciana traspasó la universidad online al Grupo Planeta contiene una severa cláusula de confidencialidad que impedía revelar los detalles de la venta pilotada por la entonces consellera de Educación del PP, María José Catalá, actual portavoz popular en el Ayuntamiento de Valencia y profesora asociada de la VIU. De hecho, elDiario.es ha obtenido el documento a través de una solicitud de transparencia.

La cláusula decimotercera del documento (elevado a público ante el notario Carlos Pascual), indica que la Fundación VIU y el grupo Planeta “se comprometen a no revelar a ninguna persona (...) ningún tipo de información de naturaleza confidencial relativa al presente contrato de compraventa de participaciones, sin contar con el consentimiento previo de la otra parte”.

La opacidad de la operación incluía a las “personas físicas que hayan estado relacionadas, en el pasado, en algún aspecto, directa o indirectamente, con el proceso de adjudicación y de constitución de la sociedad”.

La cláusula incluye tres salvedades. Si “así lo requieren las leyes o cualquier autoridad competente, tras comunicarlo a la otra parte”, la excepción de los “asesores profesionales bajo acuerdo de confidencialidad y exclusivamente en tanto que resulte necesario con cualquier fin legítimo” o que la información “devenga (...) de dominio público sin que medie una revelación inadecuada por parte de ninguna persona”.

Las condiciones de opacidad también afectaban al caso de que una de las partes pretendiera hacer un “anuncio público” sobre el objeto del contrato. En ese caso, debería consultar a la otra parte “el contenido y la forma de tales anuncios públicos” cuando “pudiera ser perjudicial para la sociedad”.

Además, la confidencialidad del contrato resulta —literalmente— eterna. El apartado del contrato indica: “Las disposiciones contenidas en el presente pacto continuarán plenamente vigentes y vinculantes para las partes, así como, en su caso, para sus consejeros, altos cargos y empleados, por tiempo indefinido”.

La opacidad también queda sujeta a posibles indemnizaciones en caso de que se hubiera revelado algún detalle de la venta. “El incumplimiento de esta obligación de confidencialidad conllevará el derecho a reclamar una indemnización por daños y perjuicios (...)”, agrega la cláusula.

El patronato de la fundación no fue informado

La confidencialidad de la operación motivó que ni siquiera los miembros del patronato de la fundación de la VIU conocieran el desarrollo del procedimiento de diálogo competitivo para elegir al futuro inversor privado.

El entonces rector de la VIU, Juan Manuel Badenas, preguntó en una reunión de la fundación pública de la que dependía la universidad celebrada el 7 de marzo del 2013 si “cabe la posibilidad de que antes de que se culmine el proceso el patronato pueda tener conocimiento de todo”. No se les informó de nada, según consta en el acta de la reunión, por las estrictas “condiciones de confidencialidad”.

De hecho, José Manuel Badenas, actualmente catedrático de la Universitat Jaume I de Castelló, acudió a un notario para denunciar “posibles irregularidades” que, en su opinión, “podrían causar perjuicio a los intereses” del centro docente y de la fundación de la que depende, “al Gobierno valenciano y al futuro inversor privado que entre a formar parte del capital de esta universidad”.

Valoración técnica de la VIU con la “más estricta confidencialidad”

También hubo otra cláusula de confidencialidad colateral al proceso. El contrato del patronato de la fundación con la empresa Janus Antebo Asesores SL, encargada de la estimación técnica de valor de la VIU, era de la “más estricta confidencialidad”, según la documentación en poder de esta redacción.

La resolución en la que María José Catalá anuncia el inicio del procedimiento del diálogo competitivo, con el asesoramiento de la consultora PwC, también recoge el “compromiso de confidencialidad”.

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