Si alguien ha visitado Colombia o ha visto algún video promocional, como Colombia, el riesgo es que quieras quedarte, saben que la tierra, los recursos naturales y la biodiversidad son objeto de orgullo para sus nacionales y es lo que más cautiva a sus visitantes. Por esta razón parecería lógico que el gobierno fomentara medidas de protección para sostener el segundo puesto del ranking mundial de país con mayor biodiversidad. Sin embargo, señoras y señores, vivimos en el mundo al revés. Aquí, lejos de proteger, se criminaliza, estigmatiza y asesina a las lideresas y los líderes que luchan por sostener los recursos naturales.
Colombia alcanzó el lamentable segundo lugar como país más peligroso del mundo para las personas defensoras de la tierra y el medioambiente al registrar 24 asesinatos en el 2018 según los últimos datos recopilados por Global Witness. A la misma conclusión llega Oxfam Intermón en su informe Defensoras de derechos agrarios, territoriales y medioambientales en Colombia: Arriesgando la vida por la paz, donde alerta que, desde el 2016 hasta agosto de 2019, 55 mujeres entregadas a su noble causa han sido asesinadas en el marco de su ejercicio profesional.
A excepción de Filipinas, los países más peligrosos para la defensa de los derechos humanos y ambientales se concentran en América Latina, y es que los problemas estructurales que afectan a estos países tienen raíces y características comunes. Oxfam en su informe “El Riesgo de Defender” atribuye la violencia a: la prevalencia de la cultura patriarcal que afecta a las mujeres defensoras de derechos humanos; la vinculación entre la expansión de los proyectos y actividades extractivas y el incremento de violaciones de derechos humanos en estos territorios; y la cooptación de las instituciones estatales por el poder fáctico.
Las seis décadas de conflicto armado, los intereses económicos y el crimen organizado, especialmente activo en el sector del narcotráfico, hacen de Colombia un país particularmente difícil y peligroso para trabajar en la promoción y protección de los derechos humanos, convirtiéndose en un laboratorio en busca de esa fórmula perfecta que se traduzca en desarrollo pacífico sostenible e inclusivo.
Desde que en noviembre de 2016 se firmara el Acuerdo Final para la Terminación Definitiva del Conflicto entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) se ha logrado una leve caída en los niveles de violencia, pero aún falta por materializar muchos de los compromisos adquiridos en dicho Acuerdo. A fecha de hoy, para muchas y muchos colombianos, especialmente en las zonas rurales, la paz sigue siendo un sueño anhelado que ven lejos de cumplirse.
Tras la firma del Acuerdo Final, se han abierto nuevos mercados y han surgido numerosos actores interesados en adquirir terrenos ricos en recursos naturales. Dentro de este nuevo contexto, en los últimos tres años, más de 285.000 personas han sido desplazadas como consecuencia de la violencia y presiones por el control de tierras. Por su parte, el Estado ha demostrado tener una alta capacidad para emitir leyes y normas, pero parece no saber implementarlas o ser muy selectivos con los casos en los que se aplican.
Esta nueva era de violencia afecta particularmente a las mujeres rurales defensoras de sus derechos y los de su comunidad. En un país de por sí patriarcal, dicho sistema es aún más acentuado en las zonas rurales donde a la mujer se le asigna el rol de reproducción y mantenimiento del hogar. Sin embargo, la cooperación internacional viene apostando últimamente por el empoderamiento de las mujeres rurales creando así una nueva generación de mujeres que conocen y saben exigir sus derechos individuales, colectivos y globales. El micrófono parece haber molestado a ciertos actores interesados en mantener el status quo.
Personalmente, siempre he trabajado en la promoción de los derechos humanos en América Latina, por ello conozco muy bien los retos y la estigmatización a la que se somete a las y los activistas, y en cierto modo lo he normalizado. Sin embargo, recientemente tuve la oportunidad de visitar Sudáfrica, donde aprendí que las desigualdades y la integración racial siguen siendo retos sociales, pero también vi un país donde se respeta, se celebra y se conmemora el trabajo de las personas que entregan su vida a la denuncia y promoción de los derechos humanos, y no me refiero únicamente a Nelson Mandela.
En ambos lugares he visto pobreza en la más cruda de sus expresiones, pero a diferencia de América Latina, por primera vez en mi vida salí con esperanza porque conocí un lugar donde los derechos humanos son algo más que el documento que se firmó en 1948, porque las instituciones (aunque lentas) hacen algo por brindar igualdad de oportunidades y que ser activista no es sinónimo de terrorista.
Actualmente, me preocupa ver cómo ciertos partidos se han apropiado del discurso de derechos humanos, llevando al terreno político unos derechos que ni pertenecen a los de izquierdas ni a los de derechas. En sociedades donde la política cada día está más polarizada, resulta imprudente fragmentar a la población en algo cuyo fin es promover y garantizar la dignidad del ser humano, fomentar la igualdad de oportunidades y una convivencia pacífica basada en el respeto, independientemente del sexo, raza, religión, opinión política etc…
Nelson Mandela tenía toda la razón cuando dijo que “nadie nace odiando a otra persona […] la gente aprende a odiar, y si se puede aprender a odiar, también se puede aprender a amar”. En este sentido, las organizaciones de la sociedad civil tienen la estoica labor de sensibilizar y promover una cohesión social basada en la convivencia respetuosa y pacífica.
Siguiendo este mandato, Oxfam junto a la publicación del informe, ha lanzado una campaña titulada Juntos somos Victoria, cuyo objetivo es doble: por un lado sensibilizar y crear una ciudadanía global cada vez más informada y solidaria, y por otro lado, ejercer una presión internacional que obligue al Gobierno de Colombia a tomar medidas eficaces para la protección de las personas defensoras del medio ambiente, e implemente las leyes nacionales e internacionales que protegen a las personas cuya labor es luchar por una sociedad más justa y equitativa.
Como sociedad no podemos salir a exigir medidas contra el cambio climático y al mismo tiempo darle la espalda a las personas que luchan por preservar los recursos naturales y mantener un medio ambiente sano. Por eso, debemos apoyar a todas las Victorias del mundo, especialmente a las de Colombia, para que ellas puedan continuar protegiendo la biodiversidad nacional en condiciones de seguridad y representando a todas aquellas personas cuyos terrenos son más que un trozo de tierra: el elemento principal de su cosmovisión.