El hospital de Alzira y todo el departamento sanitario de la Ribera que da servicio a una población aproximada de 257.000 habitantes vuelve a la gestión pública a partir del 1 de abril tras 18 años en manos de la empresa Ribera Salud.
Este fue el primer caso en España de privatización de un hospital que originariamente se concibió como un equipamiento 100% público, como el resto de los que existía la Comunitat Valenciana.
Sin embargo, la coincidencia de varias circunstancias clave favorecieron la implantación del conocido como modelo Alzira.
Así lo recuerdan tanto Pepe Cuñat, director general de Planificación de la Conselleria de Sanidad entre 1988 y 1992, y Jose Mayans, director de Gestión de Asistencia Especializada en la última legislatura de los socialistas al frente de la Generalitat Valenciana que presidía Joan Lerma.
Uno de los primeros factores que supuso un desgaste importante para el Consell fue la huelga de médicos que tuvo lugar en la recta final de la legislatura, entre el año 1993 y el 1994 (los comicios autonómicos fueron en 1995): “Fue una huelga política para desgastar al Gobierno autonómico con motivo de la dedicación exclusiva que se implantó y que un sector de los médicos quería eliminar”, recuerdan.
En ese momento, “dentro del mapa sanitario de la Conselleria, estaban planificados y presupuestados la construcción y reforma de los hospitales de Vinarós, de Alzira y el Arnau de Vilanova”, comenta Mayans, quien añade que “el centro de Alzira se concibió con 300 camas con un presupuesto de unos 300 millones de las antiguas pesetas ”.
Sin embargo, en el año 1995 se impone en las elecciones el PP de Eduardo Zapalana, quien, tal y como relata Cuñat, “se sacó de la manga una nueva categoría para los médicos de la pública que quisieran pasar consulta por su cuenta”.
Así, llegó a un acuerdo con los médicos a cambio de unas contraprestaciones que tuvieron un coste económico para las arcas públicas.
Aunque hay discrepancias sobre si este gasto económico fue decisivo en la privatización del hospital de Alzira por falta de recursos, lo cierto es que dos años después, en 1997, se suscribió, entre la Conselleria de Sanidad y la Unión Temporal de Empresas (UTE) Ribera Salud, un contrato de naturaleza administrativa de gestión de servicios públicos por concesión.
Zaplana impulsó así el primer caso en España de un hospital de gestión privada echando mano de las quebradas cajas valencianas Bancaja y CAM, como accionistas de Ribera Salud.