El presunto testaferro de Eduardo Zaplana, el empresario investigado en el caso Erial Joaquín Barceló, alias Pachano, se ha quedado sin la condición de agente urbanizador que tenía adjudicada su empresa constructora GE Urbantura SL en el marco de un programa de actuación integrada en el sector PP-19 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la Vila Joiosa, en la comarca de la Marina Baixa. El empresario no ha construido las viviendas de protección oficial previstas en la actuación urbanística. La resolución también aprueba la “incautación” al empresario de más de medio millón de euros de la garantía.
El programa de actuación integrada del sector El Xarquet fue adjudicado a Pachano en 2005 por el entonces alcalde del Partido Popular José Miguel Llorca Senabre. El ayuntamiento actual, del que es alcalde el socialista Andreu Verdú, ha decidido retirar al presunto testaferro de Zaplana la condición de agente urbanizador por “incumplimiento culposo de las obligaciones contractuales esenciales consistentes en no haber dado cumplimiento a las exigencias en materia de VPO”, según ha publicado el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
El ayuntamiento ha acordado la “incautación” de la garantía de promoción, valorada en 506.740,80 euros, una cifra que representa el 10% de los costes totales de urbanización previstos para el desarrollo de las obras de urbanización del sector PP-19 El Xarquet. El alcalde reprocha a Pachano que la exigencia de construir vivienda protegida estaba recogida en la cédula de urbanización y, además, GE Urbantura SL no formalizó los trámites previos a la presentación del proyecto de reparcelación en los plazos exigibles.
La resolución del consistorio también recuerda que el presunto testaferro de Zaplana se abstuvo de “verificar ningún tipo de actuación que permitiese impulsar la ejecución del programa de actuación, incumpliendo las obligaciones derivadas ya no solo del acuerdo de programación del sector sino también del convenio urbanístico suscrito con el Ayuntamiento de la Vila Joiosa”, registrado por la Guardia Civil en el marco del caso Erial.
El sector PP-19 ha sido declarado en situación de suelo urbanizable sin programación. El plan parcial aprobado por el consistorio en 2015, tras la llegada de la izquierda al poder municipal, continúa vigente, según indica la resolución, aunque “para su desarrollo y ejecución deberá determinarse la ubicación del porcentaje de vivienda de protección oficial”.
La resolución supone un “acto definitivo” en la vía administrativa, con lo cual Pachano sólo puede plantear un recurso de reposición ante el ayuntamiento o directamente un recurso contenciosos administrativo en un juzgado de Alicante. En la mercantil GE Urbantura SL figura como administrador mancomunado Ángel Salas Gallardo, también investigado en el caso Erial y como exadministradora única la empresaria Carmen Berendes Rathje, esposa del ex vicepresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Armando Sala.
Pachano aparece en el sumario del caso Erial vinculado a todo tipo de presuntos manejos con el resto de investigados en la causa. En una de las conversaciones interceptadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el asesor fiscal Francisco Grau, con el que Pachano mantenía una tormentosa relación, le explica tal como informó este diario: “Ahora, los temas inmobiliarios están muy perseguidos. Eso que hacíamos antes, yo compro sobre plano y te lo vendo a ti, sabes, y tú te comes... Eso no se puede hacer”. El presunto testaferro de Zaplana fue fotografiado por la UCO en compañía del exministro del PP y las conversaciones telefónicas pinchadas por los investigadores revelan la cercanía de ambos.
Un ex alcalde popular de Vila Joiosa se desvinculó públicamente de Pachano (aunque admitió haberse reunido con él).