Cuando la causa que investiga la gestión de la antigua Conselleria de Igualdad en relación con los abusos sexuales de Luis Eduardo R. I., exmarido de Mónica Oltra, a una menor tutelada por la Generalitat Valenciana, encaraba la recta final, Vox y la agitadora ultra Cristina Seguí, que ejercen la acusación popular, han conseguido dilatar la instrucción.
La sección cuarta de la Audiencia Provincial de València ha estimado parcialmente un recurso de apelación de la asociación Gobierna-te de Seguí, al que se adhirió Vox, que solicita un análisis de los correos electrónicos intercambiados por el gabinete de Oltra durante el periodo en que se celebró la repetición parcial del juicio al educador, cuya condena a cinco años de prisión ha confirmado recientemente el Tribunal Supremo, y desde que se incoaron las diligencias por parte del Juzgado de Instrucción número 15 de València que investigan la gestión del departamento dirigido por Oltra hasta su dimisión, acaecida el 21 de junio de 2022.
El letrado de la acusación popular, el penalista Pablo Delgado, recurrió la negativa del instructor a ampliar la franja temporal del análisis de los correos electrónicos a los meses en que se envió el expediente paralelo a la instrucción de los abusos sexuales y al año 2017 entero, cuando la menor denunció los hechos inicialmente y Oltra se enteró de que había una investigación en marcha contra su exmarido.
La Audiencia de València comparte los argumento del juez instructor Vicente Ríos para denegar la incorporación de los correos electrónicos de este último periodo. Sin embargo, sí que avala que se analicen los 'e-mails' de octubre a diciembre de 2019 (desde que se envía el expediente informativo de la Conselleria de Igualdad hasta que se dicta la sentencia condenatoria del educador). El auto, del pasado 19 de diciembre, considera que tiene “relevancia en el discurrir de los acontecimientos”.
El instructor abrió una pieza separada secreta en la que la Policía analizó casi 50.000 correos intercambiados entre el 20 de febrero y el 23 de marzo de 2017, periodo posterior a la denuncia de la menor, y entre el 5 de julio y el 1 de diciembre del mismo año, cuando Oltra conoció que su exmarido figuraba como investigado.
Las pesquisas no hallaron, en los 'e-mails' analizados, rastro de que la dirigente de Compromís maniobrara para tratar de tapar los abusos de su exmarido. Además, el juez también desmintió que se hubieran borrado correos electrónicos, una tesis que sostenía la acusación popular de Cristina Seguí.
La decisión de la sección cuarta de la Audiencia Provincial supone dilatar aún más la causa a pesar de que el instructor había encarado su recta final.