El colectivo de bomberos forestales de la Generalitat Valenciana está en pie de guerra por la precaria situación en la que se encuentran a nivel laboral y de medios. El pasado 12 de marzo se manifestaron frente al Palau de la Generalitat y vendrán más movilizaciones hasta que vean compromisos claros del actual Gobierno valenciano del PP y de Vox para mejorar sus condiciones.
El colectivo está integrado por unos 900 efectivos de los cuales cerca de 300 trabajan solo seis meses al año, normalmente entre mayo y octubre, salvo que se apruebe una prórroga extraordinaria por motivos de interés general, tal y como hizo varios años el anterior Gobierno del Pacto del Botánico, llegando a extenderlo hasta diciembre. Recientemente la Conselleria de Justicia ha anunciado que finalmente el personal temporal empezará a trabajar a partir del 1 de abril, un mes antes de lo previsto, pero finalizará el 30 de septiembre, por lo que en la práctica se mantienen los seis meses de trabajo, salvo que más adelante se apruebe una prórroga.
Todos ellos están integrados desde abril de 2019 en la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de Emergencias, S.A.U (SGISE) dependiente de la Conselleria de Justicia que ahora gestiona Vox, con la consellera Elisa Núñez a la cabeza. Entre otras cosas, los bomberos forestales reclaman la aprobación de un convenio “digno”, acabar con los trabajadores “en fraude de ley”, en referencia a unos 300 efectivos que están pendientes de la estabilización de sus puestos, y terminar también con los que están en situación de temporalidad.
Todos estos asuntos se debaten en el consejo de administración de la SGISE, pero tal y como ha denunciado la diputada socialista Alicia Andújar la opacidad del partido de extrema derecha impide a la oposición ejercer su labor de control y fiscalización, puesto que desde que se produjo el cambio de color político al frente de la Generalitat no se publican las actas de las reuniones de la empresa pública.
“Venimos denunciando la falta de transparencia en la gestión de Elisa Núñez al frente de la Conselleria de Justicia e Interior. Queremos saber qué está ocultando, porque desde el 13 de julio no ha publicado las actas de las reuniones de la SGISE y, aunque se las hemos reclamado varias veces, nos está dando largas”, ha lamentado.
Según Andújar, “hay un profundo malestar en el personal de Emergencias; tiene a los bomberos forestales en pie de guerra; sigue sin reparar las autobombas averiadas; sin pasarles la ITV”. Además, añade que vienen “unos meses complicados porque nuestros montes están secos y la consellera no tiene plan para Emergencias, y si lo tiene, nos preocupa mucho qué está escondiendo”.
El nuevo Ejecutivo autonómico de PP y de Vox ha aplicado un recorte presupuestario para este ejercicio de 13 millones de euros en prevención de incendios y otros 9 millones en materia de formación. El pasado año los dos peores incendios registrados en la Comunitat Valenciana se dieron fuera de los meses de verano, en concreto a finales de marzo el de Villanueva de Viver con 4.700 hectáreas carbonizadas y a finales de octubre el de Montitxelvo con 2.500 hectáreas arrasadas.