“La sensación con la consellera ha sido positiva porque al menos se ha reunido con nosotros después de nueve meses de silencio, aunque la verdad es que compromisos no ha habido prácticamente ninguno, más allá de que el personal de refuerzo se incorporará en mayo y finalizará en octubre”, señaló el portavoz de bomberos forestales del sindicato CGT, Miquel Ferri, tras la reunión que mantuvieron este jueves los representes sindicales de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de Emergencias, S.A.U (SGISE) con la consellera de Justicia e Interior de Vox, Elisa Núñez, quien aseguró que “la operatividad del servicio de extinción de incendios forestales en la Comunitat Valenciana está garantizada”.
Núñez trasladó que los 240 efectivos temporales solo estarán operativos seis meses, cuando en los últimos años con el Gobierno del Botánico llegaron a estar 10 meses. En concreto, según CGT, el pasado año estuvieron de alta del 15 de abril al 31 de octubre; en 2022 del 1 de mayo al 31 de diciembre; en 2021 del 1 de mayo al 31 de octubre; y en 2020 del 1 de mayo al 31 de diciembre. Las mismas fuentes comentaron que hubo compañeros fijos discontinuos que llegaron a trabajar hasta casi 11 meses, aunque reconocieron que son casos especiales.
Aunque desde el sindicato pretendían que se incorporaran antes de Semana Santa, que este año empieza una semana después de Fallas (19 de marzo), ya que son fechas en las que las familias frecuentan los entornos forestales en un contexto de calor y sequía, finalmente no se ha atendido esta petición alegando falta de disponibilidad económica, tras un recorte de 13 millones de euros en los presupuestos autonómicos por parte de PP y de Vox para el presente ejercicio en prevención de incendios.
Y eso pese a que los incendios están cada vez más desestacionalizados. Sin ir más lejos, el pasado año los dos peores incendios registrados en la Comunitat Valenciana se dieron fuera de los meses de verano, en concreto a finales de marzo el de Villanueva de Viver con 4.700 hectáreas carbonizadas y a finales de octubre el de Montitxelvo con 2.500 hectáreas arrasadas.
Según Ferri, en otro orden de cosas, la consellera les ha trasladado que “el proceso de estabilización supuestamente este año se va a realizar sin problemas, tanto el concurso de méritos como el de oposición, y que pasará un cronograma de las fases que van a venir”. Este será un año “de mantener la empresa” y a partir de ahí se intentará “negociar el convenio de la empresa”. El personal, unos 900 bomberos en total, tiene prevista una asamblea el próximo 27 de febrero en la que analizará la situación y decidirá si lleva a cabo movilizaciones.
Núñez manifestó que el encuentro fue muy “productivo” porque pudo trasladar de primera mano a los representantes de los trabajadores “cuál es la situación real de la mercantil derivada de los informes de la Intervención General de la Generalitat y de la Sindicatura de Comptes, que obligaron a poner fin a la encomienda que venía prestando Tragsa desde la creación de la empresa”.
En este sentido, la consellera informó de las acciones que se van a llevar a cabo para poder “dotar de autonomía a la empresa”. Entre otras cuestiones, dijo que el proceso de estabilización que afecta a más de 300 trabajadores “sigue su curso para poder finalizar dentro del plazo marcado por la ley, antes del 31 de diciembre”.
Por último, Elisa Núñez ensalzó la “gran profesionalidad” del servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat y se comprometió a establecer un calendario de trabajo entre la dirección y la parte social de la empresa para trabajar de la mano.