El grupo parlamentario de extrema derecha Vox quiere forzar en las Corts Valencianes que PP y Ciudadanos se posicionen sobre el veto parental a las charlas de igualdad en los colegios públicos. Vox ha presentado este lunes una proposición no de ley que insta al Gobierno autonómico progresista a aplicar esta iniciativa.
La intención de Vox parece más encaminada a que los partidos conservadores se pronuncien sobre su medida que a buscar su aplicación. Las tres formaciones que componen el Gobierno Valenciano, PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem-Esquerra Unida, se oponen fervientemente al veto parental de las charlas de formación a los alumnos de secundaria.
El portavoz adjunto de Vox, José María Llanos, defiende “que los padres puedan elegir la educación moral y religiosa que quieren para sus hijos no debería ser cuestionado por nadie, sino que depende de la libertad de los padres y además está amparado por nuestra Constitución Española”. La propuesta del partido de extrema derecha ha sido cuestionada por el Gobierno central, que ha dado al Ejecutivo murciano un mes de plazo para rectificar antes de recurrir la decisión en los tribunales.
El partido de extrema derecha ya presentó una iniciativa en el parlamento autonómico para conocer los datos de las personas que impartían charlas LGTBi en los centros educativos. El grupo parlamentario pretendía acceder a datos personales de quienes imparten las charlas, una iniciativa que la Mesa del parlamento autonómico rechazó por discriminatoria.
El veto parental, bajo el eufemismo “pin parental”, pretende obligar a las direcciones de los centros educativos a que informen a los padres o tutores legales de los menores y que requieran “autorización expresa” sobre cualquier materia, charla o actividad que afecte a “cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre sexualidad, que puedan ser intrusivos para la conciencia y la intimidad de sus hijos”, para que los padres puedan “analizarlas de antemano”. Las propuestas que Vox pretende vetar son actividades complementarias que forman parte del programa educativo que escoge el centro escolar. Un calco de las propuestas de la extrema derecha estadounidense, donde los padres pueden hacer que sus hijos estudien propuestas anticientíficas o eximirles de asistir a charlas sobre educación afectivosexual.
La propuesta acordada en Murcia no ha agradado a parte de Ciudadanos en la Comunitat Valenciana. El diputado autonómico Jesús Salmerón, representante en la comisión de Iguadad de las Corts Valencianes, señalaba en sus redes sociales que su partido combatiría el “pin” parental, aunque borró el tuit después de que Juan Carlos Girauta le abroncara. Ni los portavoces de PP ni los de Ciudadanos se han posicionado aún sobre esta medida que Vox intenta arrastrar al parlamento autonómico.
Los representantes del Observatorio Valenciano contra la LGTBIfobia reclaman al Gobierno valenciano que ponga en marcha “todas las actuaciones” previstas en la Ley Trans y la Ley LGTB contra los discursos de odio y han denunciado que la “extrema derecha ponga como condición el pin parental para aprobar los presupuestos”.
El Partido Socialista valenciano ha respondido a la extrema derecha con una petición parlamentaria para incrementar el contenido educativo en materia de igualdad y derechos. La diputada Ana Besalduch considera que “la construcción de un espíritu crítico, que es uno de los principales objetivos de la formación escolar, se puede ver perjudicada si esta formación es incompleta o deficiente”, ha advertido la responsable socialista, que ha denunciado que la derecha “quiera convertir la escuela en un foco de adoctrinamiento” e implantar “un modelo conservador y parcial, que excluye realidades sociales e incluso históricas y busca introducir un mayor centralismo y control sobre la educación”.