Alcaldes del PP, amigos, amas de casa y hasta un jugador de fútbol. La empresa pública de la Diputación de Valencia durante la etapa de Alfonso Rus fue un auténtico coladero de zombies contratados con generosas remuneraciones y sin que conste que trabajaran. La jueza sustituta del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia ha procesado al expresidente de la institución provincial y a otros 25 investigados en la pieza separada B del caso Taula sobre las contrataciones irregulares en la empresa pública Imelsa, dependiente de la Diputación, y en Ciegsa, la mercantil de la Generalitat encargada de construir colegios y controlada por el exsecretario autonómico de Educación Máximo Caturla.
A pesar de que Ciegsa no dependía directamente de Rus, Caturla “daba cuenta y recibía órdenes” del entonces presidente de la Diputación sobre la contratación de personal, tal como evidencian los audios grabados por Marcos Benavent, autodenominado yonki del dinero, aportados por la actual consellera Rosa Pérez Garijo a la Fiscalía Anticorrupción y que sirvieron de punto de partida para la investigación de la macrocausa de corrupción.
En la pieza separada B, a la que se ha acumulado la pieza separada F por el “nexo común”, se investigan los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación pública y falsedad documental. La magistrada, en el auto de incoación de procedimiento abreviado, reseña la contratación “aparentemente simulada” de personas que no ejercieron actividad laboral alguna, sin los requisitos legales de mérito, capacidad y transparencia.
Tanto Alfonso Rus, presidente del consejo de administración de Imelsa, como Benavent, gerente, y Emilio Llopis, jefe de gabinete, “atendiendo a sus intereses personales y particulares” utilizaron la empresa pública “en beneficio propio”, contratando zombies en respuesta a “favores solicitados por terceras personas” que no ejercían trabajo alguno. “Con conocimiento y consentimiento de todos ellos”, señala el auto.
Dos personajes clave para convertir Imelsa en una suerte de ETT de zombies fueron María Gracia Escrihuela, directora de Recursos Humanos de la empresa y encargada de realizar las contrataciones pese a saber que no iban a ejercer las funciones encomendadas, y José Enrique Montablanch, director financiero y responsable de que hubiera dotación presupuestaria suficiente para el pago de esos salarios supuestamente fraudulentos.
En Imelsa, destaca la jueza, ni siquiera existía una relación de puestos de trabajo ni normativa alguna para la contratación de personal. Los procesados aprovecharon este vacío para colar a numerosos amigos y aliados políticos, algunos contratados como asesores pese a que ni siquiera se trató en el consejo de administración, encargado en teoría de este negociado.
En algunos casos, los zombies cobraban de la empresa pública pero prestaban servicios en el Grupo Engloba, perteneciente al empresario José Adolfo Vedri, amigo personal de Benavent e investigado en la causa. Así, Óscar Pavón y Salvador Tormo fueron contratados como auxiliares administrativos presuntamente como “favor” al empresario pero nunca trabajaron en Imelsa sino en una mercantil de Engloba. Vedri ha reintegrado los 36.848 euros abonados en concepto de salario.
José Estarlich, por lo demás presunto testaferro de Benavent, también ha devuelto 3.500 de los 14.340 euros que percibió de sueldo en Imelsa pese a no haber acudido nunca a trabajar. El jugador de fútbol Miguel Ángel Mullor fue contratado sin que realizase trabajo alguno, coincidiendo con dos temporadas que jugó para el Olimpic de Xàtiva, cuyo presidente era precisamente Alfonso Rus, según destaca la jueza. El futbolista cobró en total 57.325 euros. Otra pieza separada del caso Taula investiga los pagos de Rus a sus jugadores con 100.000 euros de origen desconocido, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Eva Luisa Sarrión, ama de casa, fue contratada durante casi tres años como asesora del diputado provincial del PP Salvador Enguix Morant, quien certificó que la mujer prestó sus servicios pese a que no realizó trabajo alguno. Sarrión, que se mostró arrepentida durante su declaración judicial, explicó que ante la dificultades económicas que sufría pidió ayuda al yonki del dinero porque “los dos eran de Xàtiva”. Percibió 89.243 euros.
El jefe de gabinete de Rus, Emilio Llopis, ordenó la contratación de Francisco Javier Cañizares, candidato socialista en Bellús, como consejero del diputado Antonio Gaspar. A pesar de no prestar sus servicios en la sede de Imelsa, cobró 108.344 euros. Francisco José Antequera, supuesto asesor de Emilio Llopis que percibió 121.484 euros, reconoció que conocía a su supuesto jefe “nada más que de vista”.
Juan Antonio Sanz Núñez fue contratado “para llevar el tema de las redes sociales” como asesor de Juanjo Medina —entonces vicepresidente de la Diputación y también investigado en el caso Taula— durante un almuerzo con Rus y el yonki del dinero, sin que haya podido acreditar el trabajo que realizó en Imelsa. Cobró 24.458 euros. El entonces alcalde del PP de Cofrentes, Raul Mateo Ángel Balufo, cobró entre salarios e indemnizaciones 109.441 euros sin haber prestado trabajo alguno en Imelsa.
La lista de procesados también incluye al entonces consejero socialista de Imelsa y actual subdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio, quien solicitó la contratación de dos personas afines, Carolina de Miguel y María Teresa Gimeno, como asesoras. Ambas mujeres estuvieron contratadas tres meses y percibieron 13.198 euros “sin prestar el cometido laboral”.
El auto también alude a las retribuciones por productividad que obtuvieron Benavent (56.648 euros), Escrihuela (97.125 euros) y Montblanch (82.162 euros). En 2012, destaca la jueza, el 99,81% de los complementos por productividad se repartieron entre estos tres directivos. También cobraron dietas sin que conste justificación.
En Ciegsa, Máximo Caturla suscribió un contrato de arrendamiento durante dos años sobre un inmueble con plaza de garaje en la calle de Hernán Cortés, por 850 euros mensuales, como supuesta oficina de la mercantil pública pese a que la empresa de la Generalitat Valenciana dedicada a la construcción de colegios tenía su sede en la calle del Pintor Sorolla de Valencia. Además, “siguiendo instrucciones de Alfonso Rus”, Caturla contrató como jefe de la Unidad Administrativa al entonces alcalde por el PP de Llosa de Ranes Evaristo Aznar.
Maria Clara Saez Alepuz fue contratada como personal de alta dirección pese a que nunca ostentó poder alguno en la empresa. “Resulta llamativo”, indica el auto, que la mujer causara baja voluntaria (Caturla dictó la resolución dos días antes), para ser contratada a continuación en un puesto de tareas administrativas pero con un salario superior al que percibía como personal de alta dirección.
Dos casos similares fueron los de Antonio Gil Monteagudo, con un contrato de alta dirección por el que percibió 203.743 euros, y Juan Sanchis Torres, quien hasta su jubilación cobró 227.480 euros de la empresa pública. También entró en la plantilla de Ciegsa Manuel Gómez Pérez, concejal popular del Ayuntamiento de Requena entre 1987 y 1995 y primer teniente de alcalde hasta el 2003. “En todos estos casos no ha resultado acreditado que hayan efectuado los trabajos para los que fueron contratados”, indica el auto.