Ecocidio: por qué no se persigue en España pero sí en Francia o Países Bajos

En 1998, la rotura de una presa de residuos de la mina de zinc de Los Frailes, en Aznalcóllar, Sevilla, vertió aproximadamente cuatro millones de metros cúbicos de residuos mineros al río Guadiamar.

Los residuos contenían una serie de sustancias tóxicas, incluidos metales pesados, que causaron daños significativos al ecosistema del Parque Nacional de Doñana y sus alrededores, que son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

El llamado “desastre de Doñana” supuso una contaminación del suelo y el agua, la muerte de numerosas especies vegetales y animales y el desplazamiento de personas. La empresa propietaria, Bolidén, un cuarto de siglo después, se niega a pagar las indemnizaciones correspondientes, y está pendiente de juicio en 2025.

El desastre de Doñana es un ejemplo claro de ecocidio. Según un panel de expertos internacionales bajo la organización sin ánimo de lucro Fundación Stop Ecocidio, la definición legal de ecocidio es “cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medioambiente”. 

Esta organización y otras similares en todo el mundo han presentado en 2021 una solicitud para que el ecocidio se incorpore en una enmienda al Tratado de Roma como un nuevo crimen en el derecho penal internacional. 

Aunque el tratado de Roma ya recoge como crimen causar daños graves al medioambiente en situaciones de conflicto armado, hoy en día la mayoría de los daños más graves se producen en tiempos de paz, y esto hace que no se puedan denunciar ante esta corte internacional.

Muchos casos de ecocidio son negligencias puntuales como el desastre de Doñana o el del vertido del petrolero Prestige. también es el caso del vertido de petróleo de Deepwater Horizon en el Golfo de México en 2010, que causó importantes daños al ecosistema marino y a las economías de las zonas afectadas.

Ecocidios a cámara lenta

Algunos de los casos más graves de ecocidio son aquellos en los que hay una destrucción de la naturaleza que se desarrolla a lo largo de muchos años:

Entre los casos más notorios de estos “ecocidios a cámara lenta” está la muerte del Mar Menor en Murcia. La destrucción de este ecosistema encaja dentro de la definición antes mencionada de ecocidio, y podría ser denunciada como crimen internacional si finalmente se incorporase al Tratado de Roma.

En el ecocidio del Mar Menor interviene una sucesión de actos ilegales, como la explotación de pozos ilegales, vertidos tóxicos, así como la negligencia de las administraciones, tanto local como central, que no han intervenido para detener estas actividades ilegales y el daño causado. Los daños a estos 73 kilómetros de costa del Mediterráneo son en su mayor parte irreversibles.

A falta de un tratado internacional que reconozca y persiga el ecocidio, algunos países ya han aprobado leyes nacionales que lo prohíben. Por ejemplo, en 2020, Francia aprobó una ley que tipifica el ecocidio como delito punible con hasta 30 años de prisión y una multa de hasta 4,5 millones de euros.

La ley se aplica a particulares y empresas que causen daños significativos al medio ambiente, incluidos daños a los ecosistemas, el suelo, el agua y el aire. Por su parte los Países Bajos cuentan con una serie de leyes que prohíben los delitos contra el medio ambiente. Entre ellas la Wet Milieubeheer (Ley de Gestión Medioambiental), que tipifica como delito causar daños medioambientales significativos.

En 2014 los jueces del Tribunal de Distrito de La Haya dictaminaron además que el Gobierno de los Países Bajos tenía la obligación legal de actuar en interés de las generaciones actuales y futuras reduciendo sus emisiones de CO2. Suecia, Alemania y algunos estados de Estados Unidos tienen leyes parecidas. 

El largo recorrido del ecocidio español

¿Y en España? La legislación contra los delitos ecológicos se ha endurecido en los últimos años, pero según declaraciones de los abogados de Greenpeace a la agencia EFE, España es la principal infractora de las normas ambientales de la UE.

Una gran parte de los problemas asociados a la persecución de los delitos ambientales en España tienen que ver con la lentitud de la justicia y la complejidad de los procedimientos. 

Para empezar, para perseguir infracciones ambientales por la vía penal, es muy difícil en ocasiones atribuir la responsabilidad personal, uno de los principios del derecho penal en España.

Por otro lado, cuando se procede por la vía administrativa, los procesos pueden llegar a un punto muerto, como en el caso del hotel ilegal El Algarrobico, que a pesar de acumular decenas de pronunciamientos judiciales para exigir su demolición, sigue en pie. 

Como consumidores, poco podemos hacer para evitar los ecocidios más allá del boicot a las empresas contaminantes, algo que se complica cuando no sabemos quién está detrás de nuestros productos de consumo o alimentos.

Por ejemplo, tus tomates pueden proceder de un regadío ilegal en el Campo de Cartagena, que ya no tiene permiso de riego y está contribuyendo a la muerte del Mar Menor, pero ¿cómo lo distingues de un tomate producido de acuerdo a la ley?

La etiqueta europea de sostenibilidad puede ser un avance, pero aún estamos a la espera de su implantación y mientras tanto se anuncian como sostenibles cultivos que no lo son. 

Hay otras leyes y tratados internacionales, como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, que proporcionan cierta protección al medio ambiente y los ecosistemas.

Sin embargo, hasta que no se reconozca el ecocidio como crimen internacionalmente, muchos de los delitos contra el medio ambiente seguirán impunes en todo el mundo. El Panel Medioambiental de las Naciones Unidas lo está considerando.

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