La presentación durante la semana pasada del estudio de Asesores Financieros Internacionales (AFI) Informe Soluciones para la jubilación. Naturaleza, ventajas, defensa y fomento de las rentas vitalicias en España, en el que se destacaba que una persona que se jubilase en estas fechas tendría una pérdida acumulada equivalente a unos 345 euros mensuales en su pensión, sirvió para activar las campañas de promoción de los seguros de renta vitalicia desde los más diversos medios de comunicación.
De hecho el título del estudio ya deja claro que pretende el fomento de las rentas vitalicias, y además en la subsiguiente nota de prensa no se escondía que el financiador del mismo es Unespa, la patronal de las compañías de seguros. De tal suerte su presidenta, Pilar González Frutos, dirigió su presentación. Las motivaciones de Unespa para captar clientes para estos seguros pueden ser de diversa índole, pero el principal seguramente sea la inquietud por el futuro de las pensiones públicas entre los actuales contizantes.
El estudio de AFI ya deja claro que el presente es decepcionante y seguramente el futuro será peor, por lo que se hace evidente que los trabajadores que en sucesivos años vayan jubilándose deberán buscar un modo de complementar esta merma creciente en las pensiones por las cuales han cotizado. La propuesta de Unespa son los seguros de renta vitalicia, que consisten en el pago de una prima única de capital considerable a cambio de asegurarnos una renta por el resto de nuestros días, con un interés fijo o variable y una posible rentabilidad en función de resultados.
La idea de la que parte este seguro es que muchos españoles poseen su capital atrapado en propiedades inmobiliarias y si desean hacerlo líquido, la aplicación de plusvalías sin las reducciones por los llamados 'coeficientes de abatimiento', tras la última reforma fiscal, les puede suponer un importante tajo en forma de impuestos sobre las ganancias de la venta. De este modo para alguien cuya jubilación no pueda cubrir su subsistencia, la venta de uno o varios inmuebles para conseguir liquidez puede no serle rentable debido a altos impuestos sobre la plusvalía.
En cambio, y por un tratamiento fiscal favorable, también adoptado en la última reforma promovida desde el Ministerio de Hacienda, si los emolumentos de la venta del inmueble se invierten en un seguro de renta vitalicia antes de seis meses, el vendedor puede librarse de una buena parte de los impuestos sobre la plusvalía, al menos en los primeros 250.000 euros aproximadamente.
Es decir, que acogerse a esta modalidad permite conseguir una liquidez rápida y sin grandes recortes impositivos. Después la compañía aseguradora nos garantiza una cantidad periódica -mensual, trimestral o anual- durante el resto de nuestra vida en forma de renta o complemento a la renta. Aquí terminan todas sus ventajas.
Ahora pasemos a enumerar sus siete inconvenientes.
En efecto, tal como se explica desde el BBVA, la tributación de estos seguros, reducción de las plusvalías a parte, es decreciente según la edad, de modo que de los 50 a los 59 años tributa un 28% del capital del seguro como renta; de los 60 a los 65 tributa por un 24% del capital; de los 66 a los 69 tributa por un 20% del capital y, bruscamente, a partir de los 70 la tributación fiscal baja al 8%. Es decir que está pensado para quien piense en una renta asegurada para el último tramo de su vida, sin intención de hacer negocio en base a su rentabilidad como depósito, cosa que no es.
Tal como advertía ADICAE ya en 2013, cuando se decretó su favorable fiscalidad, este es un producto más complejo de lo que aparenta, que no está pensado para quien quiera recuperar (rescatar) el dinero invertido posteriormente. Con toda probabilidad recuperaremos menos de lo que invertimos inicialmente, tal como también reconoce el BBVA en su folleto, con lo que perderemos una cantidad de dinero variable según las condiciones del seguro y el valor de la inversión a la que se dedicase nuestro capital.
Porque la captación de estos capitales va destinada por parte de bancos y aseguradoras, ahora más fusionados que nunca, en buena medida a comprar deuda pública española, por lo que en función de la evolución de los bonos podremos ver nuestro capital más o menos mermado, pero nunca aumentado. Y además el rescate del capital implica que el 100% del mismo pasará a tributar como renta. Hay quien quiere ver en promoción de la renta vitalicia una manera por parte del Gobierno de asegurar compradores a la deuda española.
En un acto el pasado noviembre, el director general de la Dirección de Seguros del ministerio de Economía, Sergio Álvarez, avisó a las aseguradores de que a partir del 1 de enero de 2018 estaban obligadas a dar claras explicaciones sobre los riesgos de los seguros de renta vitalicia.
Esto es lo mismo que decir que hasta esta fecha dichas explicaciones no se han dado y nos podemos encontrar en un escenario similar al de las preferentes si los usuarios -algunos cálculos apuntan a más de dos millones de personas- quisieran rescatar su dinero: desconocimiento absoluto de las dificultades. A este respecto, el Gobierno ya dejó claro en otoño que no cubriría un rescate masivo de capitales.
Este tipo de seguros se conciben como un complemento a las pensiones insuficientes, pero por si mismos dan un rendimiento muy bajo, cercano al 1,5% del capital. Suelen comprender mensualidades que pueden estar por debajo de los 600 euros y son insuficientes para mantener a una persona. Por ejemplo, una inversión en el seguro de 55.000 euros en un hombre y 70.000 en una mujer, por la mayor esperanza de vida, se traducen en apenas 350 euros mensuales. Es interesante para personas mayores que quieran complementar su pensión y poco más.
El dinero aportado al seguro pasa a formar parte de fondos de inversión que suelen comprar deuda pública, pero también se destina a pagar las mensualidades de los diferentes inversores que aportan sus capitales. A este respecto hay que recordar que lo que hacemos es aportar un dinero a cambio de unas mensualidades, pero que estas no implican una disminución del capital invertido, aunque ya hemos visto en el punto dos que no podremos recuperar el total.
Así, en teoría la compañía de seguros debería en todo momento poder restituir los capitales si lo exigiesen los usuarios. De acuerdo que todo negocio de seguros es en el fondo piramidal y nunca se da el supuesto de que haya una exigencia de rescate de capitales total y coincidente, igual que no todos los coches ni todas las personas tienen un accidente al mismo tiempo.
Pero existe la posibilidad de que a partir de 2019 los tipos de interés comiencen a subir coincidiendo con la salida de Draghi del BCE y la renta vitalicia ya no sea interesante, por lo que muchos usuarios quieran rescatar buena parte de su capital para invertirlo en depósitos, incluso a costa de perder parte de lo invertido. Este escenario podría suponer un colapso de este mercado.
El problema para los usuarios si colapsase el mercado de las rentas vitalicias -y se diese quizá la quiebra e insolvencia de algunas compañías de seguros- es que no están cubiertas por el Fondo de Garantía de Depósitos, lo que sí ocurre con los depósitos bancarios, donde se cubren pérdidas de hasta 100.000 euros. En consecuencia, los tenedores se podrían quedar sin nada.
Finalmente es conveniente señalar que en este tipo de seguros se puede señalar a un beneficiario del seguro tras la muerte del tenedor, y que este va por ley delante de los herederos legales a la hora de recuperar el capital invertido, lo que puede provocar no pocas sorpresas cuando se han invertido grandes cantidades en renta vitalicia.
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