El nuevo Gobierno quiere cerrar las nucleares, acabar con el carbón y derogar el impuesto al sol

Cierre nuclear, fin del carbón y derogación del denominado ‘impuesto al sol’. Es la agenda que ha dejado entrever la flamante ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, la elegida por Pedro Sánchez para dirigir, por primera vez en la historia de España, las carteras de Energía y Medio Ambiente.

Aunque aún no hay nadie nombrado al frente de la Secretaría de Estado de Energía, en un nombramiento que podría dar más pistas de las prioridades del nuevo ministerio, este viernes, en sendas entrevistas televisivas, Ribera dejaba clara su intención de no dejar funcionar a los reactores nucleares más allá de los 40 años de vida útil para el que fueron diseñados, lo que implicaría un cierre escalonado a lo largo de la próxima década, más allá de la actual legislatura, desde Almaraz (2020) hasta la nuclear más moderna, Trillo, que cumpliría esa edad en 2027. Las licencias de los siete reactores atómicos que operan hoy en España caducan entre junio de 2020 (Almaraz I y II) y noviembre de 2024 (Trillo). Vandellòs II debería terminar en julio de 2020, Cofrentes expira en marzo de 2021 y Ascó I y II en julio de 2021.

Con el apagón nuclear marcado en rojo en la agenda del nuevo Gobierno, la cuestión de quién pagará el desmantelamiento de las centrales y la gestión de sus residuos puede generar conflicto con las eléctricas, porque un cierre anticipado reduciría las aportaciones previstas al insuficiente fondo que gestiona la empresa pública Enresa y que financian las compañías con tasas a la producción de sus reactores. “Es plausible que las empresas acepten el apagón nuclear pero no quieran asumir en su integridad el coste del desmantelamiento. Y ahí habrá que ver cómo se paga eso: si lo hacen los consumidores o a través de los Presupuestos”, resume una fuente del sector.

En cuanto al destino de los residuos, está pendiente el futuro del almacén temporal centralizado (ATC), también a cuenta de ese fondo de Enresa, que el PP decidió ubicar en Villar de Cañas (Cuenca) y que acumula años de retrasos y pleitos. El físico nuclear y portavoz de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, entiende que España puede renunciar a él porque ya se dan las condiciones para el cierre paulatino de las centrales, según venzan sus licencias.

Castejón, que cree que ambas cuestiones son independientes porque el ATC “sigue siendo inaceptable”, recuerda que “todas las centrales tienen almacenes temporales individualizados propios o lo han proyectado”, lo que “daría tiempo para pensar una estrategia sólida sobre qué hacer con los residuos” que pasaría “por consensuar con los ciudadanos, los políticos y los técnicos”. En algunos sectores del PSOE, de hecho, ya flota la idea de desechar la construcción de ese silo temporal y apostar por un almacenamiento geológico profundo.

Otra opción sería mantener la ubicación de Villar de Cañas para el ATC (que puede disparar el presupuesto actual, de unos 1.000 millones, por las características de los terrenos), un proyecto en el que Enresa ya ha enterrado cien millones sin haber empezado a construir el silo. Por otro lado, hay siete localidades que ya fueron preseleccionadas en su día para acoger la instalación. De nuevo, se trata de una cuestión que va mucho más allá de esta corta legislatura.

Ante la tarea de “integrar transversalmente” la protección de los recursos naturales, el desarrollo económico y la descarbonización, Ribera ha dejado claro que “lo más importante de todo es aprobar una ley de cambio climático y transición energética” que establezca la hoja de ruta a seguir por España en la lucha contra el cambio climático y que debería estar aprobada este año.

Consenso interno

Una petición que llevan reclamando meses grandes empresas y que Ribera va a tener que materializar con un escenario político que no acompaña: solo 84 diputados del PSOE en el Congreso y elecciones municipales y autonómicas a la vuelta de la esquina. A su favor tiene un talante mucho más dialogante que el del anterior ministro de Energía, Álvaro Nadal, y que la fusión de competencias de energía y clima garantizan un consenso interno que no tenía el anterior Gobierno.

El viernes, Ribera confirmaba su idea de que el carbón, que el anterior ministro quiso blindar por decreto, “tiene muy poco futuro” y dejaba entrever el final de la era de esta fuente para generar electricidad en España, una medida que está más que bien vista por la Comisión Europea, tras un 2017 en el que España utilizó un 38% más de carbón, 20.182, toneladas, de las que se importó el 94% para producir el 17,1% de la electricidad.

Un cierre anticipado del carbón, que sería muy bien visto por Iberdrola y Gas Natural (que pondrían en valor sus centrales de gas) y sería un golpe para Endesa (líder en esta fuente) puede abrir heridas entre barones del PSOE como el asturiano Javier Fernández, ante su efecto en el sector minero español, que vivió el año pasado (con el aumento del uso del mineral) un incremento de producción y número de empleos (de 2.054 a 2.197). Las mineras nacionales extrajeron 2,7 millones de toneladas por los 1,7 de un curso antes, según datos de la patronal Carbunión, aunque el Gobierno tuvo que aportar una ayuda de 10 euros por tonelada para amortiguar la caída de precios. Las ayudas estatales, que están condenadas a desaparecer por mandato de la UE, sumaron 1,3 millones de euros (en 2011 fueron más de 300).

Nueva etapa en el Consejo Europeo

En lo que no hay duda es en el compromiso de Ribera con las energías renovables, que ya han demostrado ser competitivas sin ayudas. La ministra se estrenará en el consejo de ministros europeos de Energía donde se discutirá la revisión de los objetivos de la UE en cuanto a eficiencia energética o uso de renovables. Fuentes del Ministerio confirman que España “se va a unir al grupo de países que quieren la mayor ambición posible en los objetivos para 2030”, liderado ahora por Suecia, Luxemburgo y Francia.

“España ha estado hasta ahora en el paquete de cola casi junto a Polonia”, explica el europarlamentario de Equo Florent Marcellesi. Polonia, Hungría, Rumanía mantienen posturas escépticas o directamente contrarias a incrementar la acción contra el cambio climático. “Rumanía ha expresado su preocupación sobre su sector productor de combustibles fósiles”, indica un documento de análisis del Parlamento europeo. Ese es el campo de juego en el que aparece la nueva línea del Gobierno. La Eurocámara ha propuesto un mínimo del 35% de uso de renovables en 2030 mientras el Consejo de Estados marcó la línea en el 27%.

Para las instalaciones de energía renovable ya existentes, el PSOE ya planteó sin éxito durante el trámite de enmiendas a los Presupuestos no tocar su rentabilidad. Actualmente está fijada en el 7,5% y el Gobierno del PP había prometido revisarla a la baja en 2020.

Otra promesa del PSOE que Ribera ya ha confirmado es la de la eliminación del denominado impuesto al sol para instalaciones de autoconsumo con más de 10 kilovatios (kW) de potencia. Un gesto para el que contaría con el respaldo mayoritario de la Cámara y que además sería gratis, porque el denominado “peaje de respaldo” que ideó el PP nunca llegó a aplicarse por la falta de desarrollo reglamentario.

Por último, Ribera también ha avanzado una posible reforma del mercado mayorista de electricidad, el famoso ‘pool’ en el que todas las tecnologías acaban cobrando el precio que marca la tecnología más cara pese a que sus costes no son los mismos. El pasado viernes, preguntada por el alto precio de la luz en España, dejó entrever que el actual sistema, que data de mediados de los noventa (cuando el mix eléctrico no tenía nada que ver con el actual), ha quedado desfasado y anticipó que “probablemente tengamos que abordar en el futuro próximo” su “actualización”.