Los antidisturbios comienzan la demolición del mayor campamento de refugiados de Europa
Tres grados de temperatura y la penetrante humedad de Calais. Este lunes a las ocho de la mañana dos bulldozers, una veintena de trabajadores contratados por el Estado francés y al menos 200 agentes antidisturbios empezaron a desmantelar la Jungla de Calais, el mayor campo de refugiados de Europa, situado en la orilla francesa del Canal de la Mancha.
La operación arranca después de que el jueves pasado una jueza francesa rechazara la petición de diez ONG, entre ellas Médicos del Mundo, para demorar la destrucción de la zona sur del campamento, que dejará a la intemperie a más de 3.700 refugiados, entre ellos 293 menores huérfanos, según el censo de las asociaciones que trabajan sobre el terreno, una cifra que el Gobierno francés, gran ausente en el campamento, estima en apenas mil personas.
Muchos refugiados procedentes de Siria, Afganistán, Sudán o Irán, entre otras nacionalidades, se despertaron el lunes con la policía llamando a las tablas que hacen de puerta en sus humildes cabañas. Los agentes del cuerpo especial de policía (CRS), escoltados por dos camiones con cañones de agua y tras aparcar en el perímetro un total de 55 furgones con matrículas de diferentes regiones de Francia, dieron una hora y media para desalojar las viviendas antes de comenzar el desalojo de la parte sur de la Jungla. Algunos de los interpelados se subieron a los techos para detener la destrucción del que actualmente es su hogar, pero minutos después desistieron y los operarios contratados por el Estado francés derribaron las primeras viviendas con la ayuda de martillos y bulldozers.
“Una compañera fue detenida nada más comenzar el desalojo porque estaba grabando la situación”, afirma Nuria Oliva, voluntaria de la asociación española Rafalc, acerca de la cooperante británica arrestada esta mañana y puesta en libertad horas después. La policía continuó lanzando bombas lacrimógenas en los enfrentamientos contra los refugiados que ofrecen algún tipo de resistencia y se estima que, en este momento, hay una decena de chabolas ardiendo.
Varias asociaciones solidarias, entre ellas Albergue de Migrantes (Auberge de Migrants en francés) denuncian que la policía impidió que cooperantes y voluntarios que trabajan en el lugar accedieran al campamento, y advirtieron del riesgo de que aparezcan 'nuevas junglas' tras el desmantelamiento.
“¿Adónde irán?”, se preguntaba esta mañana Maya Konforti, voluntaria británica de Albergue de Migrantes que acumula dos años de experiencia en la Jungla de Calais. “Varios amigos se han quedado sin casa pero aquí nos ayudamos entre todos”, afirma Sehia, refugiado sudanés de 21 años, quien añade que algunos refugiados de la zona sur “ya están construyendo una nueva jungla, pero la policía dice que la destruirá”.
La zona sur de la Jungla no solo alberga viviendas improvisadas sino que también es el corazón social del campamento y cuenta con una escuela, una biblioteca, una iglesia, un centro jurídico, mezquitas y pequeños comercios y comedores, además de un centro de acogida para mujeres y niños, la población más vulnerable del asentamiento. “No entiendo cómo Europa permite esta barbaridad, cómo permite que haya niños naciendo en este campamento o que haya centenas de menores huérfanos abandonados. Lo que esta gente pasa para llegar a Europa es humillante”, declara Nuria Oliva.
Según la orden judicial dictada el pasado jueves, los “lugares de vida” no serán destruidos, aunque muchos voluntarios y refugiados creen que el sentido y la identidad de esos espacios reside en quién los ocupa y, por tanto, perderán su función social tras el desmantelamiento de la zona.
Las dudas acerca del paradero de los refugiados afectados siguen en el aire. Fuentes del Ejecutivo socialista François Hollande y el gobierno regional de Pas-de-Calais aseguran que los desahuciados serán distribuidos entre los 102 centros de acogida temporal que hay repartidos por Francia tras completar las cien plazas vacantes que quedan en los containers instalados por el Gobierno en la zona este de la Jungla de Calais. Desde el martes pasado Bélgica mantiene controles fronterizos para detener la posible llegada de refugiados procedentes de la Jungla de Calais.
La mayor parte de los refugiados instalados en Calais aspira a alcanzar el Reino Unido, muchos de ellos para reencontrarse con familiares y conocidos, un sueño que se vería frustrado si registran sus datos o huellas dactilares en Francia, requisito obligatorio para entrar tanto en los containers como en los centros de refugiados que el gobierno ofrece. El proceso de expulsión de los refugiados y demolición de la zona sur se hará progresivamente durante los próximos días aunque las autoridades se siguen reservando la confirmación de las fechas.
El desmantelamiento del mayor campamento de refugiados de Europa comenzó a finales de enero cuando el Gobierno francés arrasó las viviendas de los refugiados más próximas a la autopista que conduce al puerto, alegando que podían crear interrupciones del tráfico. En esta ocasión, las autoridades galas justifican la continuidad del desmantelamiento alegando “un objetivo humanitario” para “dar protección a los refugiados”, según Bernard Cazeneuve, ministro del Interior francés. Para Manuel Valls, primer ministro socialista, se trata de “una respuesta humanitaria”.
