El Banco de España pide ampliar los ERTE y las medidas de liquidez a empresas ante la incertidumbre de la pandemia

Una estrategia de crecimiento para la política económica española que sea “urgente, ambiciosa, integral, evaluable y basada en consensos amplios”. Esta es la receta que el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha desarrollado este martes en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica en el Congreso de los diputados. Hernández de Cos ha avisado de los riesgos que supone el fuerte incremento de la deuda y el déficit ante las debilidades de la economía española pero ha especificado que hasta que no haya una recuperación del crecimiento se deberían seguir aplicado medidas fiscales y económicas a empresas y colectivos vulnerables que permitan facilitar el paso al escenario donde abordar reformas estructurales de calado. Ante el escenario de reforma de la economía, el gobernador ha pedido a la clase política que llegue a un consenso y no se pierda el tiempo en luchas partidistas.

Entre las medidas que el gobernador del Banco de España ha propuesto mantener estarían la prolongación durante un tiempo adicional de las condiciones favorables sobre los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para algunos de los sectores o empresas más afectados por esta crisis, una medida que están negociando, sin éxito aún, los agentes sociales con el Gobierno. Además, “debería asegurarse el correcto funcionamiento de los diferentes mecanismos internos de flexibilidad de los que las empresas disponen en el actual marco laboral ” y ampliar los mecanismos de financiación que primen “el acceso de la financiación para aquellos agentes con perspectivas más sólidas de viabilidad” en referencia a las líneas de avales del ICO de apoyo a la liquidez de las empresas, cuyo último tramo aprobó el Gobierno en el último consejo de ministros tras alcanzar los 95.500 millones de euros.

Hernández de Cos ha puesto en duda las críticas a las entidades financieras por supuestas prácticas irregulares en la concesión de préstamos avalados por el ICO ante las interpelaciones de varias formaciones políticas. El número de reclamaciones recibidas por el Banco de España por esta línea de avales ha sido de 68, y de ellas 62 se deben a la denegación de los créditos, cuando se han registrado más de medio millón de operaciones, con un importe de 53.000 millones de euros.

A la vez, Hernández de Cos ha añadido que se “deberían también extenderse de manera focalizada las medidas desplegadas de apoyo a ciertos colectivos cuya situación de vulnerabilidad, con toda seguridad, se va a mantener durante algún tiempo”. Aunque no ha especificado a qué medidas se refería, si ha apuntado que el Ingreso Mínimo Vital, que ha situado como una medida necesaria ante el impacto dela pandemia en los sectores con menos renta, debería ser evaluado para evitar que sea un mecanismo desincentive la búsqueda de empleo.

Hernández de Cos ha apuntado que tras el proceso de hibernación de la economía, se espera un comportamiento más favorable en la segunda mitad del año tras la progresiva reactivación aunque todavía hay sectores que no han recuperado buena parte de su actividad. En el segundo trimestre de 2020 la contracción económica “podría situarse entre un 16% y un 21,8% en tasa intertrimestral”.

Junto a la incertidumbre que puede supones un nuevo rebrote, el gobernador del Banco de España ha propuesto medidas como la mejora de las políticas activas de empleo y de formación para desempleados y trabajadores suspendidos temporalmente; la revisión de los procesos de reestructuración e insolvencia empresarial, con el objeto de reforzar su agilidad y eficacia para que las empresas con dificultades financieras —cuyo número aumentará previsiblemente en los próximos meses— tengan acceso a un marco de reestructuración preventiva que les permita continuar con su actividad empresarial cuando aún son viables; o el refuerzo del sistema educativo para asegurar que los alumnos adquieren las cualificaciones necesarias aun en ausencia de educación presencial.

También ha pedido “un impulso fiscal en las primeras fases de la recuperación” para dar prioridad en el corto plazo “a la inversión pública en innovación, en capital tecnológico, en educación y formación continua, y en proyectos que contribuyan a la transición hacia una economía más sostenible”.

El gobernador ha hecho hincapié que las reformas estructurales de la economía española “ya eran necesarias antes de esta crisis, dada la pobre dinámica de la productividad, la elevada tasa de paro estructural (con una tasa promedio del 17% de paro) y de temporalidad en el empleo, y los desafíos asociados con el envejecimiento de la población, el incremento de la desigualdad (con especial problema de acceso a la vivienda de los más jóvenes por lo que ha propuesto un plan de vivienda en alquiler) y el cambio climático (para el que ha planteado medidas fiscales que desincentiven las actividades más contaminantes), además de la necesidad de completar la unión económica y monetaria y de fomentar el multilateralismo a escala europea y global.”. Junto a estos retos, habría de añadirse los que ha provocado la pandemia , “como los relativos al posible repliegue del proceso de globalización y a la aceleración de la digitalización de la economía”.

Llamamiento al consenso de los políticos

Ante estos retos, el gobernador ha hecho un claro llamamiento, especialmente a la clase política, para alcanzar un acuerdo que permita abordar los cambios necesarios para impulsar la reformas estructurales de la economía española. Así, ha insistido en que “en una sociedad democrática, las líneas maestras de esta estrategia deberían gozar de un alto grado de consenso entre los distintos agentes políticos, económicos y sociales, de forma que las bases sobre las que se asiente nuestro crecimiento sean estables y no queden sometidas a los avatares del ciclo político”.

Hernández de Cos no ha puesto en duda la “decidida respuesta fiscal a corto plazo” que ha diseñado el Gobierno ya que ha permitido “minorar el daño futuro en nuestra economía”, pero ha avisado de que España ya se enfrentaba a esta crisis “desde una posición de partida caracterizada por unos niveles elevados de endeudamiento público y de déficit estructural” por lo que, una vez que se haya recuperado el nivel de funcionamiento normal de la economía española se deberían abordar “una estrategia clara de saneamiento de las cuentas públicas en el medio plazo a través de una revisión del gasto y de la estructura y la capacidad impositivas”.

Las previsiones del organismo supervisor son de que en 2020 se pueda alcanzar un déficit público de hasta 11% del PIB y la deuda ascienda hasta el 122%.