El 25 de agosto empieza el curso político

La presidenta del Congreso ha convocado un pleno de la Cámara para el próximo jueves, 25 de agosto, con la finalidad de que se proceda a la convalidación de tres Decretos-ley, uno de los cuales es el relativo a medidas de ahorro, eficiencia energética y reducción de la dependencia del gas natural.

Contra este Real Decreto-ley se ha anunciado la interposición de un recurso de inconstitucionalidad por parte de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid y otro por Santiago Abascal en nombre de Vox.

Se trata de dos recursos de inconstitucionalidad distintos, en la medida en que no está claro si el recurso que ha anunciado Isabel Díaz Ayuso es compartido por el conjunto del PP o es, por el contrario, un recurso que interpone por sí misma exclusivamente. En el caso del recurso anunciado por Santiago Abascal no se trata de un recurso personal, sino del partido, que tendrá que ser formalizado por cincuenta diputados como mínimo del grupo parlamentario de Vox.

La diferenciación es importante, ya que en el debate que se producirá en el Pleno del Congreso previo a la votación de convalidación del Decreto-ley tendremos ocasión de comprobar si el Grupo Parlamentario del PP comparte la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid y justifica su rechazo de la convalidación en la inconstitucionalidad del mismo o, por el contrario, lo argumenta con razonamientos de naturaleza política y económica, y no de naturaleza constitucional.

Ya sabemos que Alberto Núñez Feijóo no será el portavoz del PP en dicho debate, pero no creo que a estas alturas del guion vaya a escudarse en que la opinión del grupo parlamentario la expresa Cuca Gamarra y que a él no puede atribuírsele responsabilidad alguna por el contenido de la misma. Lo que el PP vaya a decir en la sesión del próximo día 25 será lo que el presidente del PP haya decidido. Aquí ya no caben ambigüedades. Ni ante los ciudadanos españoles, ni ante los Gobiernos de los demás países de la Unión Europea. 

En todo caso, dado que la tramitación de un recurso de inconstitucionalidad lleva su tiempo y que no se conocerá la sentencia hasta dentro de algo más de un año, será el debate en el Congreso de los Diputados el próximo jueves el que va a permitir a los ciudadanos formarse una idea de cuál es la posición de cada partido político acerca del Decreto-ley. Cuando se produzca el debate ante el Tribunal Constitucional, ya nadie se acordará del Decreto-ley, sobre todo, si como es previsible, la crisis energética habrá seguido su curso y nos encontraremos en una situación distinta a la que tenemos que enfrentarnos en este momento.

El debate del próximo jueves es el debate institucionalizado sobre el Decreto-ley. Se viene debatiendo acerca del mismo desde antes incluso de que fuera aprobado por el Gobierno. Pero el día 25 no solo se debate, sino que también se decide si el texto aprobado por el Congreso se mantiene en vigor o es expulsado del ordenamiento jurídico. 

Dada que la posición de la derecha española ya está tomada, el interés de la sesión estará en ver si el Gobierno sigue contando con la confianza de los partidos que lo apoyaron en la investidura y en qué condiciones. El debate y la votación serán los indicadores acerca de cómo puede transcurrir lo que queda de legislatura, incluyendo la posibilidad de que se ponga fin a la misma anticipadamente.