En contra del aborto y a favor de la interrupción voluntaria del embarazo

E.J. Dionne, Jr. columnista primero del New York Times y posteriormente del Washington Post, detectó hace bastantes años en su libro 'Why americans hate politics' una extraña coincidencia en las respuestas acerca del aborto en los estudios de opinión.

Prácticamente el mismo porcentaje de personas, alrededor del 75%, se manifestaban contrarias al aborto y partidarias de la interrupción voluntaria del embarazo. Consideraban que se producían demasiados abortos y que la decisión se adoptaba con cierta ligereza, pero al mismo tiempo se mostraban contrarios a que las mujeres que decidían interrumpir el embarazo y los médicos que practicaban la operación pudieran ser perseguidos penalmente. El porcentaje de personas a favor del aborto era reducido, pero el porcentaje a favor de la interrupción voluntaria del embarazo era muy amplio.

Esta superposición de mayorías contradictorias respondía al clima generado por la sentencia Roe v. Wade de 1973, en la que el Tribunal Supremo reconoció el derecho constitucional de la mujer a la interrupción del embarazo. El horizonte penal desaparecía en lo que a la interrupción del embarazo se refería y la manifestación de la opinión propia acerca del mismo se expresaba con serenidad. No había dramatismo en la expresión de la propia opinión. Las mayorías contradictorias convivían de manera relativamente armónica, aunque siempre existiera una minoría vociferante en contra de la interrupción del embarazo.

El avance de la extrema derecha en el interior del Partido Republicano ha conducido en los últimos años a que se pusiera en marcha una operación de criminalización de la interrupción del embarazo a través de la acción combinada de las legislaturas de determinados estados y de jueces marcadamente conservadores, por no decir descaradamente reaccionarios. Con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, la operación ha fructificado.

La reciente sentencia del Tribunal Supremo que acaba de anular el derecho reconocido en 1973 ha cambiado por completo el clima en el que se está debatiendo. Y no porque el Tribunal Supremo haya decidido que la interrupción del embarazo es un acto antijurídico, sino porque ha dejado la decisión sobre el asunto en manos de las legislaturas de los estados o en manos de los ciudadanos directamente en referéndum.

Con la reciente decisión del Tribunal Supremo, el debate sobre la interrupción del embarazo ha dejado de ser un asunto judicial para convertirse en un asunto directamente político, que tiene que ser resuelto de la única manera en que puede resolverse un asunto de esa naturaleza: a través del principio de legitimación democrática. Los ciudadanos directamente en referéndum o sus representantes democráticamente elegidos de manera directa.

En este terreno se está moviendo el debate en estos momentos. En esta misma semana hemos visto cómo los ciudadanos de Kansas han rechazado por una mayoría contundente la reforma que se proponía de la Constitución del Estado para eliminar de la misma el derecho a la interrupción del embarazo. En las próximas elecciones del mes de noviembre se van a celebrar referéndums en diferentes estados para incorporar el derecho a la Constitución o a la legislación del Estado, pero también se están aprobando leyes en otros estados para tipificar como delito la interrupción del embarazo incluso cuando el mismo es resultado de una violación.

Proyectando el resultado del referéndum de Kansas sobre el conjunto de la federación, Nat Cohn en The New York Times ha concluido que la incorporación de la interrupción del embarazo como un derecho se produciría en cuatro de cado cinco Estados. La sentencia del Tribunal Supremo revocando la decisión de 1973 habría tenido como consecuencia un desplazamiento claro e incluso rotundo en la opinión pública a favor del reconocimiento a la interrupción del embarazo. Con ello se pondría de manifiesto la falta de sintonía de la mayoría ultraconservadora del Tribunal Supremo con la opinión pública.

No hay mal que por bien no venga, reza un conocido refrán. Y esto es lo que parece que se está verificando en el terreno de la interrupción voluntaria del embarazo en los Estados Unidos. La influencia extraordinariamente positiva de la sentencia de 1973 puede que acabe siendo sobrepasada por la reciente sentencia de este año. Y ahora mediante el ejercicio de la democracia, bien directamente o bien a través de los representantes democráticamente elegidos, que es como realmente deben resolverse estos asuntos.

E.J. Dionne, Jr. columnista primero del New York Times y posteriormente del Washington Post, detectó hace bastantes años en su libro 'Why americans hate politics' una extraña coincidencia en las respuestas acerca del aborto en los estudios de opinión.

Prácticamente el mismo porcentaje de personas, alrededor del 75%, se manifestaban contrarias al aborto y partidarias de la interrupción voluntaria del embarazo. Consideraban que se producían demasiados abortos y que la decisión se adoptaba con cierta ligereza, pero al mismo tiempo se mostraban contrarios a que las mujeres que decidían interrumpir el embarazo y los médicos que practicaban la operación pudieran ser perseguidos penalmente. El porcentaje de personas a favor del aborto era reducido, pero el porcentaje a favor de la interrupción voluntaria del embarazo era muy amplio.