Acabar con el ventajismo en la renovación del CGPJ

Una vez conocido el perfil de Isabel Perelló, no se entiende que no se alcanzara el acuerdo para su elección si no inmediatamente después de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sí de manera casi inmediata. Se había llegado a una situación límite para la elección de los veinte miembros del nuevo CGPJ y no tenía sentido volver a llegar a otra situación límite para poner fin de manera definitiva a la renovación con la elección del presidente del órgano. 

Todos los vocales del CGPJ recién elegidos son personas con una dilatada experiencia en el ejercicio de una profesión, en la que se tiene que estar permanentemente ponderando circunstancias muy diversas antes de tomar una decisión. El grado de conocimiento de cada uno de ellos de la ejecutoria de cada uno de sus compañeros se da por supuesto que es muy elevado. En consecuencia, desde el mismo momento en que tomaron posesión, estaban en condiciones de tomar la decisión de elegir a uno o una de ellos como presidente. Haber esperado hasta la víspera de la apertura del año judicial para hacerlo resulta incomprensible. En lugar de transmitir inmediatamente un mensaje tranquilizador a la opinión pública, han hecho todo lo contrario. Han prolongado, con ello, el deterioro de la institución y han contribuido a aumentar todavía más la tensión política general que se vive en el país.

El haber llegado hasta aquí es un indicador del deterioro general de nuestro sistema político. ¿Cómo es posible que personas inteligentes y con una dilatada ejecutoria profesional no entendieran que la urgencia para hacer lo que han acabado haciendo tenía un valor político enorme? ¿Qué presión no habrán tenido que soportar para ir de una reunión fracasada a otra, cuando alcanzar una solución razonable era tan sumamente fácil?

En todo caso, aunque queden cinco años para la próxima renovación del órgano, debería adoptarse por las Cortes Generales la decisión de que el mandato de los miembros del CGPJ no es prorrogable bajo ninguna circunstancia. La improrrogabilidad del mandato de los órganos de naturaleza política es un principio constitucional no susceptible de ser siquiera sometido a discusión en un Estado democráticamente constituido. ¿Es imaginable que se prorrogara el mandato de los diputados o del presidente del Gobierno? Pues lo mismo tiene que ocurrir respecto del CGPJ. 

Ello exigiría una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que contempla dicha posibilidad de una manera incompatible, en mi opinión, con la Constitución, que califica al CGPJ como órgano de gobierno del Poder Judicial y, por tanto, como órgano de naturaleza política. Tan política es la naturaleza del CGPJ como la de las Cortes Generales y el Gobierno. Su renovación no puede no estar conectada con la renovación del principio de legitimación democrática que se produce con carácter general con la renovación de las Cortes Generales. 

Con la experiencia acumulada no solo en esta última renovación, sino en otras anteriores, resulta evidente que el legislador fue demasiado ingenuo a la hora de confiar en que los partidos políticos representativos de la derecha española iban a respetar la Constitución cuando dicho respeto no jugara a su favor. 

Ya sabemos que no es así. Desde que el PP ha sido partido de Gobierno, hemos podido comprobar que intenta prolongar la vida del CGPJ renovado con base en su mayoría parlamentaria cuando pierde dicha mayoría y deja de ocupar el Gobierno de la Nación. Ocurrió cuando José María Aznar dejó de ser presidente del Gobierno y ha vuelto a ocurrir, en grado superlativo, cuando ha dejado de serlo Mariano Rajoy. No se debe permitir que pueda ocurrir nunca más.

Dado que, de cara a la próxima renovación, es evidente que el PP tendrá interés en que se haga en el plazo fijado en la Constitución, debería aprovecharse la ocasión para fijar el principio de improrrogabilidad del mandato de los miembros del CGPJ en la Ley Orgánica del Poder Judicial. El sistema político español no puede permitirse volver a pasar por lo que hemos pasado en esta última renovación. Hay que eliminar la posibilidad de “ventajismo” que la Ley Orgánica del Poder Judicial contempla.