Amnistía: el problema lo tiene el Supremo, no PSOE y Junts

Resulta difícil de entender la reacción parlamentaria de Junts a las decisiones del juez García Castellón de elevar a la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) una exposición razonada sobre el delito de terrorismo presuntamente imputable a Carles Puigdemont por su implicación en el Tsunami Democràtic y del juez Aguirre, que todavía no se ha dirigido al TS, pero que tendrá que hacerlo, ya que, por lo que informan todos los medios de comunicación, considera que a Carles Puigdemont se le puede imputar un delito de alta traición por su relación con Putin presuntamente dirigida a la quiebra territorial del Estado español.

La probabilidad de que el TS decida hacer suya la opinión de García Castellón es prácticamente nula. Como el lector sabe, Carles Puigdemont es miembro del Parlamento Europeo y, como consecuencia de ello, para poder proceder contra él, el TS tendría que dirigirse a dicho Parlamento y solicitar que le fuera levantada la inmunidad. ¿Hay alguien en su sano juicio que piense que el TS se atrevería a solicitar el levantamiento de la inmunidad a Carles Puigdemont para juzgarlo por el delito de terrorismo? ¿Estaría dispuesta la Sala Segunda a comprometer su prestigio profesional con dicha solicitud y convertirse en el hazmerreir de toda Europa? Las preguntas se responden por sí solas. Con la decisión del juez Aguirre ocurriría, como mínimo, lo mismo.

El TS es el mejor baluarte del que dispone en este momento Carles Puigdemont para que se le pueda procesar por algún delito que no esté incluido en la proposición de ley tal como está redactada en este momento. García Castellón y Aguirre pueden hacer el payaso, porque no son ellos los que tienen que juzgar, sino que tienen obligatoriamente que remitir la causa al TS. Pero el TS no puede hacerlo. Y si actúa contra Carles Puigdemont en los términos en que lo ha solicitado García Castellón y en los que, eventualmente pueda hacerlo Aguirre, no podría evitar hacer el payaso urbi et orbi.

Pero es que hay más todavía. En el supuesto hipotético, prácticamente inimaginable, de que el TS se atreviera y el Parlamento Europeo levantara la inmunidad de Carles Puigdemont, el juez instructor designado por la Sala Segunda tendría que dictar una orden de detención y entrega dirigida al juez europeo del país en que Carles Puigdemont esté residiendo, para que dicho juez ordenara su extradición a España para ser juzgado por terrorismo o alta traición. Tras las respuestas recibidas a las órdenes dictadas para ser juzgado por los delitos de rebelión y sedición por el juez Pablo Llarena, ya puede imaginarse el lector la respuesta que recibiría en esta ocasión. 

Carles Puigdemont sería el único beneficiario de un intento de persecución judicial por terrorismo. El TS le habría hecho la campaña electoral, pues el número de votos que recibiría en las elecciones europeas de junio aumentaría de manera considerable. 

El poder judicial español no puede hacer nada contra la proposición de ley de Amnistía, ni puede impedir, una vez que haya sido aprobada, que se aplique a los destinatarios de la misma, a menos que el Tribunal Constitucional la declarara anticonstitucional. Esto es lo que tienen que tener claro tanto Junts como el PSOE. 

Tal como está redactada la proposición de ley, como ya he argumentado varias veces, no creo que vaya a ser declarada anticonstitucional y, por tanto, con su aprobación, los destinatarios de la norma serían amnistiados. Habría algunos problemas que podrían retrasar algo su aplicación, pero ninguno de ellos acabaría impidiendo la aplicación de la proposición de ley. 

Las enmiendas propuestas en el día de hoy, por el contrario, no creo que pasen el control de constitucionalidad y, en consecuencia, el grupo parlamentario socialista no puede hacerlas suyas. Incluir el terrorismo sin las cautelas con que figura en la proposición de ley tal como está redactada y añadir el de alta traición también sin ningún tipo de cautela no creo que sea constitucional y, sobre todo, estoy convencido de que no pasaría el control del Tribunal Constitucional.

De lo que tienen que preocuparse tanto el PSOE como Junts es de mantenerse unidos y dejar que las decisiones de García Castellón y Aguirre lleguen a la Sala Segunda del Tribunal Supremo. PSOE y Junts no tienen ningún problema con la proposición de ley tal como está. Es el TS el que lo tiene para poder hacer suya la argumentación de García Castellón y Aguirre. 

Resulta difícil de entender la reacción parlamentaria de Junts a las decisiones del juez García Castellón de elevar a la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) una exposición razonada sobre el delito de terrorismo presuntamente imputable a Carles Puigdemont por su implicación en el Tsunami Democràtic y del juez Aguirre, que todavía no se ha dirigido al TS, pero que tendrá que hacerlo, ya que, por lo que informan todos los medios de comunicación, considera que a Carles Puigdemont se le puede imputar un delito de alta traición por su relación con Putin presuntamente dirigida a la quiebra territorial del Estado español.

La probabilidad de que el TS decida hacer suya la opinión de García Castellón es prácticamente nula. Como el lector sabe, Carles Puigdemont es miembro del Parlamento Europeo y, como consecuencia de ello, para poder proceder contra él, el TS tendría que dirigirse a dicho Parlamento y solicitar que le fuera levantada la inmunidad. ¿Hay alguien en su sano juicio que piense que el TS se atrevería a solicitar el levantamiento de la inmunidad a Carles Puigdemont para juzgarlo por el delito de terrorismo? ¿Estaría dispuesta la Sala Segunda a comprometer su prestigio profesional con dicha solicitud y convertirse en el hazmerreir de toda Europa? Las preguntas se responden por sí solas. Con la decisión del juez Aguirre ocurriría, como mínimo, lo mismo.