Catalunya lo complica todo

Pegasus ha entrado en la agenda política española por el artículo de The New Yorker sobre el uso de dicho programa para espiar a algo más de sesenta personas insertas en o estrechamente relacionadas con el nacionalismo catalán. El origen del artículo está en una investigación de una universidad canadiense de reconocida solvencia.

Esta conexión con Catalunya es lo que ha convertido a Pegasus en un problema difícilmente manejable. Sin la conexión catalana, Pegasus habría sido abordado como lo ha sido y está siendo en los demás países en que se ha hecho uso de dicho programa. Como un problema grave que afecta a la seguridad del Estado, pero que, por eso mismo, tiene que ser abordado con discreción.

Al nacionalismo catalán le interesa todo lo contrario. Le interesa poner de manifiesto que el Estado español no ha respetado ni la Constitución, ni el Convenio Europeo de Derechos Humanos, ni la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en la represión de los acontecimientos que tuvieron lugar en los meses de septiembre y octubre de 2017. 

Le interesa políticamente, porque el problema de la integración de Catalunya en el Estado sigue siendo un problema fundamentalmente político, aunque esté muy fuertemente judicializado. Y le interesa jurídicamente, porque todavía hay procesos abiertos ante el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Justicia, el Tribunal General de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

La judicialización del conflicto constitucional entre el Estado y la Generalitat no puede no volverse en contra del interés del Estado por manejar la investigación sobre el programa Pegasus de manera discreta. En todas las causas judiciales que están abiertas, que son todas, ya que si en algunas de ellas se ha agotado la vía judicial española, en ninguna se han pronunciado todavía mediante sentencia firme los tribunales europeos (TJUE y TEDH), se acabará reclamando la información que se haya obtenido mediante el uso del programa Pegasus. No veo de qué forma podrá oponerse el Estado español a que dicha información sea proporcionada al Tribunal que lo reclame.

Convertir el problema político de la integración de Catalunya en el Estado en un problema judicial, en el que el que fuera a la sazón Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, definió la estrategia a seguir: persecución de todos los ex miembros del Govern presidido por Carles Puigdemont y de los ex miembros de la Mesa del Parlament presidida por Carme Forcadell por el delito de rebelión, pareció permitir al Gobierno presidido por Mariano Rajoy, controlar el procés. 

Ha ocurrido todo lo contrario. El procés se ha internacionalizado de una manera que no se hubiera producido manteniéndolo dentro del ámbito estrictamente político español sin acudir al poder judicial y, además, hace perder al Estado el control de la información en materia tan delicada como el uso de programas de espionaje, ya que es imposible no atender la reclamación que se produzca por parte de órganos judiciales a los que se ha remitido la respuesta del problema.

El hecho de que la información obtenida con el programa Pegasus tenga que ser puesta a disposición de los tribunales que la reclamen y, por tanto, a disposición de los abogados de los procesados, puede poner en entredicho la conducta de los órganos gubernamentales y judiciales españoles en lo que a la respuesta que han dado al conflicto constitucional entre el Estado y la Generalitat se refiere. El contraste entre las fechas en que se obtuvo información y en las que tomaron decisiones la Fiscalía y los tribunales no sabemos todavía a dónde puede conducir, pero no se puede descartar que tenga importantes consecuencias sobre las resoluciones ya dictadas.

Pero, sobre todo, la investigación sobre el uso de Pegasus contra los nacionalistas catalanes va a salpicar la investigación de todos los demás usos que se haya hecho de dicho programa, estén judicializados o no todavía.

Catalunya es un problema constitucional de tal envergadura que no puede ser puesto en manos judiciales, porque el Poder Judicial es constitutivamente incapaz de darle respuesta. El Poder Judicial sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve y cuando se pretende hacer uso del mismo para lo que no puede serlo, el resultado es un disparate monumental. Las consecuencias de dicho disparate se están haciendo visibles y lo van a ser todavía más por tiempo indefinido.