El fin de la coartada de la ley de amnistía

La aceptación de la derrota es la condición sine qua non de la democracia política. No es del partido que gana, sino del que pierde, del que depende que el sistema político opere con normalidad. Lo hemos podido comprobar en un país en el que nunca habíamos pensado que podría suceder el no reconocimiento de la derrota, en los Estados Unidos de América. La negativa del candidato del Partido Republicano, Donald Trump, a aceptar el resultado en las elecciones de 2020, estuvo a punto de quebrar el sistema democrático más antiguo del mundo y mantiene todavía la incertidumbre de lo que ocurrirá tras las elecciones del 5 de noviembre de 2024. El partido que pierde es el que, con la aceptación de su derrota, certifica la autenticidad del resultado electoral. 

Desde la entrada en vigor de la Constitución en España no se había puesto en cuestión el resultado electoral nunca. Hubo un amago en las elecciones de 1993, en las que Javier Arenas y Alberto Ruiz Gallardón cuestionaron en la misma noche electoral en Televisión Española los resultados que estaban siendo comunicados desde el Ministerio de Interior, dando a entender que se había practicado un “pucherazo”. No pasó de ahí y el PP acabó aceptando el resultado. En todas las demás legislaturas no ha habido ni siquiera que registrar un solo incidente.

En las elecciones celebradas el 23J de 2023 no se ha producido formalmente la negativa a la aceptación de los resultados por parte del PP, pero sí se ha producido una tergiversación de los mismos por parte de dicho partido. Desde la noche electoral del 23J hasta el día de hoy Alberto Núñez Feijóo viene reiterando de forma machacona que ha sido el PP el vencedor en las elecciones y que, en consecuencia, es a él al que le corresponde ser investido presidente del Gobierno. 

Que el PP ha sido el partido que ha obtenido más votos y escaños no lo ha discutido nadie. Que dichos votos y escaños no son suficientes para ser investido presidente tampoco lo discute nadie. Con dichos votos y escaños consiguió que el Rey lo propusiera como candidato a la investidura, disponiendo de un mes largo para intentar conseguir una mayoría parlamentaria. Todo el mundo conoce el resultado.

A partir de ese momento, es decir, a partir de la constatación de que, con la composición del Congreso de los Diputados, no podía ser investido presidente del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo debería haber reconocido expresamente que aceptaría la investidura del candidato que, una vez propuesto por el Rey, alcanzara la mayoría parlamentaria exigida por la Constitución. Esta es la forma de aceptar el resultado electoral en un sistema parlamentario de Gobierno. Gana las elecciones no el que obtiene más votos, sino el que es capaz de articular una mayoría parlamentaria de investidura. 

Esto es lo que Alberto Núñez Feijóo y el PP se niegan a aceptar, de la misma manera que se han negado a hacerlo Donald Trump y el Partido Republicano en los Estados Unidos.

Dicha negación ya se puso de manifiesto durante el mes largo en que ejerció como candidato a la investidura propuesto por el Rey. No se dedicó a articular la mayoría parlamentaria necesaria, sino que se dedicó a orquestar una operación de contra-investidura contra un candidato todavía no propuesto con base en el rechazo de una ley de amnistía de la que no existía ni siquiera un borrador. 

La ley de amnistía ha sido la coartada de Núñez Feijóo con la que justificar su no aceptación del resultado electoral del 23J. El PP sigue sin aceptar que los ciudadanos decidieron el 23J que no querían un Gobierno de coalición PP-VOX. Y por eso votaron como votaron. Dejando claro, como lo vienen haciendo desde julio de 2018, que las derechas españolas no tienen mayoría ni social ni parlamentaria, a pesar de que el sistema electoral juegue a su favor. Desde las elecciones del 20 de diciembre de 2015 es así. Entre diciembre de 2015 y julio de 2018 el PP consiguió levantar un cordón sanitario respecto del nacionalismo catalán, lo que permitió que Mariano Rajoy continuara siendo presidente del Gobierno dos años más. Pero en mayo de 2018 se levantó el cordón sanitario y el Gobierno de la derecha se acabó. 

Con la demonización como anticonstitucional de la ley de amnistía el PP y VOX intentan levantar de nuevo el cordón sanitario respecto del nacionalismo catalán, ya que sin el mismo no pueden alcanzar la mayoría necesaria para formar Gobierno. Alberto Núñez Feijóo intenta hacer lo mismo que hizo Mariano Rajoy entre 2016 y 2018: mutilar la Constitución material de España esterilizando electoralmente al nacionalismo catalán. 

Hay que reconocer que en este 2023 el PP, aunque no ha conseguido su objetivo, sí ha conseguido reunir a un número de colaboradores importantes. Felipe González y Alfonso Guerra como los más destacados. El Consejo General del Poder Judicial, institucionalmente corrompido. Asociaciones de Jueces y Fiscales. Asociaciones de Guardias civiles. Profesores universitarios. Obispos…Todos ellos se han pronunciado contra la constitucionalidad de la ley de amnistía y exigido la convocatoria de nuevas elecciones.

A pesar de ello, no han conseguido su objetivo. La proposición de ley de amnistía se ha acabado registrando en el Congreso de los Diputados y dentro de unos meses estará publicada en el BOE y se aplicará.

Se atribuye a Tarradellas que en política se puede hacer todo, menos el ridículo. Tengo para mí que ni Alberto Núñez Feijóo ni sus “palmeros” van a hacer suyo el consejo de Tarradellas y que van a hacer el ridículo, van a continuar haciendo el ridículo, manteniendo su impugnación de la Ley de Amnistía en España y fuera de España. 

No me entra en la cabeza que nadie con una formación jurídica solvente pueda sostener que la amnistía en general, en cuanto institución, no tiene cabida en la Constitución. Así lo vengo sosteniendo desde siempre. Después de haber leído la proposición de ley registrada hoy en el Congreso de los Diputados, me reafirmo más todavía en esta posición.

La aceptación de la derrota es la condición sine qua non de la democracia política. No es del partido que gana, sino del que pierde, del que depende que el sistema político opere con normalidad. Lo hemos podido comprobar en un país en el que nunca habíamos pensado que podría suceder el no reconocimiento de la derrota, en los Estados Unidos de América. La negativa del candidato del Partido Republicano, Donald Trump, a aceptar el resultado en las elecciones de 2020, estuvo a punto de quebrar el sistema democrático más antiguo del mundo y mantiene todavía la incertidumbre de lo que ocurrirá tras las elecciones del 5 de noviembre de 2024. El partido que pierde es el que, con la aceptación de su derrota, certifica la autenticidad del resultado electoral. 

Desde la entrada en vigor de la Constitución en España no se había puesto en cuestión el resultado electoral nunca. Hubo un amago en las elecciones de 1993, en las que Javier Arenas y Alberto Ruiz Gallardón cuestionaron en la misma noche electoral en Televisión Española los resultados que estaban siendo comunicados desde el Ministerio de Interior, dando a entender que se había practicado un “pucherazo”. No pasó de ahí y el PP acabó aceptando el resultado. En todas las demás legislaturas no ha habido ni siquiera que registrar un solo incidente.