El Consejo de Europa y las asociaciones judiciales

La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente han emitido un comunicado en el que piden al Gobierno que haga uso de todos los medios diplomáticos a su alcance para evitar que el Consejo de Europa respalde un informe que cuestiona la acción de la justicia española en el procés.

El comunicado ha sido emitido este pasado viernes y la Asamblea del Consejo de Europa tiene previsto someter a votación el informe redactado por el parlamentario de Letonia Boris Cilevics este lunes. No parece que las asociaciones judiciales españolas hayan sido muy diligentes a la hora de reaccionar. No hay que ser un gran conocedor del Consejo de Europa para saber que en un fin de semana es poco lo que se puede hacer. Da toda la impresión de que con este documento las asociaciones judiciales pretenden ponerse la venda antes de la herida, descargando sobre el Gobierno la responsabilidad de la aprobación del informe crítico con la ejecutoria de la justicia española en el procés. La Justicia española habría actuado de manera inmaculada, pero el Gobierno no ha sabido defender su ejecutoria en el Consejo de Europa.

Obviamente la Asamblea de Parlamentarios del Consejo de Europa no es un órgano judicial, sino político. En consecuencia no puede revisar la sentencia que dictó en su día la Sala Segunda del Tribunal Supremo ni las sentencias que está dictando estas últimas semanas el Tribunal Constitucional. Pero sí puede emitir una opinión sobre su percepción acerca de la forma en que se ha procedido contra los nacionalistas catalanes por su actuación en el procés.

La opinión de la Asamblea de Parlamentarios del Consejo de Europa no tiene valor jurídico, pero sí tiene un valor político y moral. En un momento en que en España está abierto un debate acerca de los indultos de los condenados por la Sala Segunda del TS en el 'caso procés', ese valor político y moral adquiere una importancia que a nadie se le escapa. 

La justicia no solamente tiene que hacerse sino que debe parecer que se hace. La apariencia es un elemento de capital importancia en la administración de justicia. Y es claro que una opinión motivada de la Asamblea de Parlamentarios del Consejo de Europa en la que se ponga de manifiesto dudas sobre la ejecutoria de la justicia española en el 'caso procés' no puede dejar de tener su incidencia sobre el debate que está teniendo lugar en España sobre los indultos.

Llueve, además, sobre mojado. La Asamblea de Parlamentarios del Consejo de Europa es un órgano de naturaleza política, pero para la formación de su opinión ha tomado en consideración con seguridad las decisiones que se han ido adoptando por distintos órganos judiciales de diversos países de la Unión Europea.

Para la Asamblea de Parlamentarios del Consejo de Europa no puede ser indiferente que el Tribunal Supremo no haya conseguido convencer a ningún juez europeo de que la conducta de los nacionalistas catalanes en los meses de septiembre y octubre de 2017 fue constitutiva de los delitos de rebelión o sedición. La justicia alemana fue tajante en ese sentido a través de la decisión del Tribunal Supremo de Schleswig-Holstein.

Más rotunda ha sido todavía la justicia belga, que ha considerado que el Tribunal Supremo ha manipulado las normas relativas a la competencia sobre el caso, autoatribuyéndose la condición de juez de primera instancia, vulnerando con ello el derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por la ley y el derecho a la segunda instancia.

El delito de rebelión y sedición como consecuencia de los acontecimientos en los meses de septiembre y octubre en Catalunya no lo han visto nada más que la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Supremo. Ningún órgano judicial no español ha compartido esa calificación jurídica de los actos de los políticos nacionalistas catalanes.

Sin los pronunciamientos del poder judicial alemán, belga y escocés, así como sin la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que permitió a Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí adquirir la condición de miembros del Parlamento Europeo que le había sido denegada por la Junta Electoral Central y el Tribunal Supremo, es muy improbable que se estuviera planteando en la Asamblea de Parlamentarios del Consejo de Europa la cuestión de la actuación de la justicia española respecto de los políticos catalanes.

Este lunes veremos de qué ha servido el comunicado de las asociaciones judiciales. No creo que surta efecto alguno en la Asamblea de Parlamentarios del Consejo de Europa, aunque sí dará munición a Casado, Abascal y Arrimadas para que sigan con su campaña contra los indultos. Con su comunicado, las asociaciones judiciales que lo emiten no hacen más que seguir la estela de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en su escrito contrario a los indultos, que, aunque formalmente tiene como destinatario al Gobierno, materialmente está siendo utilizado como instrumento de agitación política por las derechas españolas y sus terminales mediáticas.