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Dejemos al rey en paz

Felipe VI, durante una visita a la Academia de Oficiales de la Guardia Civil

Javier Pérez Royo

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Desde hace unos días la Guardia Civil ha ocupado un lugar destacado en la información en los diversos medios de comunicación. Se han producido diversos movimientos extraños en el interior del cuerpo y se ha reaccionado a dichos movimientos con el cese de un coronel, que ha arrastrado la dimisión de un general y con algunos cambios ordenados por la Directora General con el conocimiento y conformidad del propio ministro Grande Marlaska, que, por cierto, ha sido objeto de un ataque brutal con ocasión de la explicación del cese del coronel Pérez de los Cobos.

El ruido generado por todos estos acontecimientos ha sido notable. Dicho ruido tuvo su máxima expresión en la sesión del Congreso de los Diputados en la que se decidió la quinta prórroga (no la sexta y última, sino la penúltima), en la que el Gobierno llegó a temer seriamente que la prórroga no fuera aprobada, lo que condujo, entre otras cosas, a un pacto con Bildu que provocó que hubiera muchas hipócritas rasgaduras de vestiduras.

Ningún ciudadano de a pie puede tener no ya pruebas, sino ni siquiera indicios en el sentido preciso del término, de que, desde el interior de la Guardia Civil se haya secundado la estrategia de PP y Vox o de Vox y PP, de intentar “reventar” el Gobierno de coalición aprovechando la votación de las prórrogas del estado de alarma, pero algo debe de haber habido, cuando un periodista tan bien situado como José Antonio Zarzalejos se ha considerado obligado a publicar un artículo en El Confidencial el pasado sábado con el título “El Rey y la Guardia Civil”, en el que en cierta medida proyecta la “inviolabilidad” regia sobre el instituto armado en su integridad.

El artículo, que recomiendo al lector que lea detenidamente, es un disparate tanto desde un punto de vista constitucional como desde una perspectiva política. Genera una perplejidad notable en cualquier persona que tenga un conocimiento mínimo de la Constitución española y que esté siguiendo lo que ocurre en el país.

La fórmula del juramento de los miembros de la Guardia Civil al adquirir la condición de tales son las primeras palabras del artículo. El articulista la transcribe en su integridad. De dicha fórmula se deriva la lealtad permanente al rey, que es calificado a continuación como el garante último de la Constitución y de la democracia en España. Como consecuencia de ello se concluye que es absurdo que desde el interior de la Guardia Civil se pueda iniciar movimiento alguno que pueda poner en peligro el orden constitucional y la democracia, porque es contradictorio con su juramento de lealtad al rey. Los miembros de la Guardia Civil, se da a entender, actúan como lo haría el rey si se encontrara en su lugar. Es indigno insinuar siquiera que puedan hacerlo de otra manera.

Dada la conducta intachable del rey Felipe VI en defensa de la Constitución y de la democracia que, como la ley de la gravedad lo rige todo sin que tenga que hacerse visible de manera permanente, no puede entrar en cabeza alguna que los miembros, todos los miembros, de la Guardia Civil no estén replicando la conducta del monarca. De todos los miembros de la Guardia Civil no se puede esperar otra cosa que defensa de la Constitución y de la democracia. Porque eso es lo que juraron al tomar posesión de su cargo. Defensa subrayada por su juramento de lealtad al rey, garante último de la Constitución y de la democracia.

Son, por el contrario, la directora general y el ministro de Interior, los que, en opinión del señor Zarzalejos, al haber dudado de la conducta intachable de algún miembro de la Guardia Civil y haber procedido a su cese, han actuado de manera inaceptable y deberían ser cesados por el presidente del Gobierno. Poner en cuestión la actuación de los miembros de la Guardia Civil, como se ha hecho, es en cierta medida poner en cuestión al propio rey. Es la consecuencia que se deriva del vínculo que en el artículo se establece entre el rey y la Guardia Civil.

La argumentación no puede ser más delirante. ¿Está queriendo decir el señor Zarzalejos, por ejemplo, que la petición (¿orden?) del coronel Pérez de los Cobos sin autorización judicial a un supermercado de que conserve la cinta de vídeo en la que aparece el vicepresidente del Gobierno es la forma de respetar la Constitución y la democracia que se corresponde con la conducta del rey? ¿Quiere decir que es así como se hubiera comportado el rey si hubiese estado en su lugar?¿Está queriendo decir que el juramento de lealtad al rey autoriza a incluir “mentiras, bulos y manipulaciones” en un informe elaborado por dos miembros de la Guardia Civil en funciones de policía judicial? ¿Es esa una forma de respetar la Constitución y la democracia?

Intentar cubrir las irregularidades de los miembros de la Guardia Civil con una invocación al rey es un disparate. Las irregularidades que hayan podido producirse o que puedan producirse tienen que ser investigadas y sancionadas, si es lo que corresponde tras la investigación. Proyectar la inviolabilidad regia derivada del juramento en el momento de adquirir la condición de guardia civil sobre la totalidad de los miembros del instituto armado es una invitación a la arbitrariedad incompatible con cualquier Estado de Derecho digno de tal nombre.

Es la propia Guardia Civil la que debe estar interesada en investigar qué es lo que ha ocurrido y en depurar las responsabilidades, si las hubiere, tras la investigación correspondiente. No se puede tolerar un ejercicio presuntamente tan desviado de la autoridad como policía judicial como el de los dos miembros de la Guardia Civil que han elaborado el informe encargado por la jueza Rodríguez Medel.

Asimismo la Fiscalía debería investigar si la acción instructora de la jueza puede ser constitutiva de delito. No basta con interponer un recurso. Hay indicios en su conducta de un ejercicio presuntamente desviado de la potestad jurisdiccional. Y en tal caso, además de interponer el recurso contra la decisión judicial, se debería activar una querella contra dicho ejercicio desviado. No se trata de una decisión judicial errónea, susceptible de ser corregida por la vía del recurso correspondiente, sino de una decisión presuntamente prevaricadora, que es algo distinto.

Todo esto es lo que ha ocurrido, con la Guardia Civil presente en todos los momentos, en estas últimas semanas. Y esto no puede, ni debe, intentar tapar con una invocación al rey.

Me imagino que en la Casa Real se habrán quedado horrorizados tras la lectura del artículo. Lo que le falta al rey es que lo involucren en operaciones tan turbias como las que se han producido dentro de y en torno a la Guardia Civil.

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