Lo que resulta insoportable a las derechas españolas

Los españoles hemos sido convocados a unas elecciones legislativas o generales en cuatro ocasiones entre diciembre de 2015 y noviembre de 2019. Tras las elecciones de 2015 no se alcanzó la investidura de un candidato como Presidente del Gobierno y hubo disolución automática y una nueva convocatoria, que se celebró en julio de 2016. Mariano Rajoy sería investido Presidente gracias a la abstención del PSOE, sin la cual la mayoría parlamentaria hubiera sido contraria a su investidura. 

En 2015/2016 Rajoy había dilapidado el capital político, 186 escaños, de las elecciones de 2011. El PP continuaba siendo el primer partido del país, pero “la derecha” española que el PP desde las elecciones de 1993 representaba prácticamente en régimen de monopolio, había dejado de ser mayoritaria en el Congreso de los Diputados. Por eso fue posible el éxito de la moción de censura “constructiva” presentada por Pedro Sánchez en 2018, que exige la aprobación por mayoría absoluta (art. 113 CE).

Pedro Sánchez se vería obligado a disolver las Cortes Generales en 2019 ante la imposibilidad de conseguir la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, y convocaría elecciones generales en abril de 2019. En estas elecciones el PSOE pasaría a ser el primer partido del país, aunque con 123 escaños. Pero, a diferencia de lo que le ocurrió a Mariano Rajoy en 2016, Pedro Sánchez si tenía la posibilidad de articular una mayoría parlamentaria sin la necesidad de la abstención del PP, que le permitiera no solo alcanzar la investidura, sino que le protegiera, además, frente a una posible moción de censura. 

Por razones nunca explicadas, Pedro Sánchez optó por no articular una mayoría de investidura con base en el resultado de las elecciones de abril de 2019, intentando conseguirla a través de la abstención del PP y Ciudadanos. El fracaso en el intento conduciría a nuevas elecciones en noviembre de 2019, en las que nuevamente el PSOE no solamente sería el primer partido, sino que seguiría disponiendo de la posibilidad de articular una mayoría de investidura sin necesidad de la abstención del PP.

La derecha española “agotó” su programa de dirección política del país en la legislatura 2011-2015. Dicho agotamiento se tradujo, además, en la fragmentación del espacio político de la derecha, que de estar ocupado en régimen de monopolio por el PP, pasó a una situación de mucha fluidez, en la que el PP se mantiene como primer partido de la derecha, pero teniendo que competir muy duramente con Ciudadanos en un primer momento y con Vox a continuación. Y en todo caso, quedando como opción minoritaria tanto social como políticamente. Las “tres derechas” no suman para convertirse en el Gobierno de la Nación.

El cuerpo electoral español ha reiterado desde 2015 que la “idea de la España Constitucional” que proponen PP, Ciudadanos y Vox, que es una “idea anti nacionalista”, de la que quedan excluidos todos los que no están dispuestos a la “esterilización” de la autonomía de Catalunya bien mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución o la amenaza de hacerlo, es una propuesta minoritaria. Hay una mayoría clara del cuerpo electoral contraria a esa idea. Resulta que los partidos que las “tres derechas” consideran que no son “constitucionales” son mayoría en la España Constitucional.

El intento de apropiarse de manera exclusiva y excluyente de la Constitución, visto con la perspectiva que nos proporciona el tiempo, ha sido un error. Los ha conducido a estar en minoría. Y en una minoría no bien avenida. No ha habido en estos años ningún intento de alcanzar un acuerdo de naturaleza programática entre ellos, sino que simplemente se han “repartido” el poder, cuando han conseguido sumar los escaños suficientes en Comunidades Autónomas y municipios. No hay en el horizonte señal indicadora alguna de un programa para la dirección política del país. Las tres derechas carecen de una “alternativa de gobierno”.

Y sin un programa “recognoscible”, por utilizar el término con el que el Tribunal Constitucional identificó el contenido esencial de los derechos fundamentales, en el que ciudadanos de derecha y de centro puedan reconocerse, es muy difícil, por no decir imposible, competir con posibilidades de éxito. Competir de manera democrática. Con aceptación de las reglas de juego establecidas constitucionalmente.

Dichas reglas exigen reconocer que el presidente del Gobierno investido por el Congreso de los Diputados tiene “legitimidad” democrática para dirigir políticamente el país. Tiene “legitimidad” para hacer uso de la forma constitucionalmente prevista de los instrumentos de protección excepcional o extraordinaria del Estado, como es el estado de alarma, cuando la naturaleza de una emergencia sanitaria como la generada por la COVID-19 así lo aconseja. Tiene “legitimidad” para participar como Gobierno de un Estado miembro en la configuración de la política de la Unión Europea, singularmente importante en la encrucijada en que nos encontramos.

Las derechas españolas tenían que haber aceptado que Pedro Sánchez es el presidente de Gobierno “legítimo” del Estado español. Tenían que haber aceptado que ellas no disponen de una mayoría alternativa en el Congreso para acceder al Gobierno de manera constitucional y que, en consecuencia, su deber de ejercer la oposición tiene que moverse dentro de las posibilidades y límites que la Constitución contempla. Uno de los cuales son los cuatro años de duración de la legislatura.

Esto es lo que las derechas españolas no han hecho. Intentaron torpedear la investidura de Pedro Sánchez haciendo una llamada expresa a la “rebelión” de algún  diputado “valiente” socialista y, una vez que no lo consiguieron, han aprovechado una “tragedia nacional”, como son el número de fallecidos por la COVID-19, para intentar “reventar” políticamente la legislatura. Dentro de las Cortes Generales, como hemos tenido ocasión de ver en los plenos del Congreso de los Diputados de estas últimas semanas. Desde el Gobierno de alguna Comunidad Autónoma como la de Madrid. Con maniobras judiciales y en el interior de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se califican por sí mismas.

Las derechas no tienen prisa por gobernar, sino por destruir al Gobierno, por impedir que se pueda poner en práctica el programa de gobierno que se votó mayoritariamente en la investidura, ajustado a las exigencias que la pandemia generada por la COVID-19 está imponiendo y va a seguir imponiendo por bastante tiempo.

Lo que aterra a las derechas es que un Gobierno no presidido por ellas sea el que dirija la “reconstrucción” del país, a la que inevitablemente habrá que proceder tras el impacto de la pandemia. Europa tuvo que reconstruirse tras la Segunda Guerra Mundial. Ahí empezó a prefigurarse políticamente Europa, aunque con una dimensión más económica que política. De esa prefiguración quedó excluida España por razones conocidas.

Europa va a tener que reconstruirse a partir de ahora mismo, dada la magnitud de la catástrofe todavía no cuantificada en su integridad, pero que, aunque distinta, no va a ser menor que la de los años cuarenta. La participación de un gobierno presidido por Pedro Sánchez representando a España en esta reconstrucción “europea y nacional” es lo que resulta insoportable a las “derechas españolas”.   

Los españoles hemos sido convocados a unas elecciones legislativas o generales en cuatro ocasiones entre diciembre de 2015 y noviembre de 2019. Tras las elecciones de 2015 no se alcanzó la investidura de un candidato como Presidente del Gobierno y hubo disolución automática y una nueva convocatoria, que se celebró en julio de 2016. Mariano Rajoy sería investido Presidente gracias a la abstención del PSOE, sin la cual la mayoría parlamentaria hubiera sido contraria a su investidura. 

En 2015/2016 Rajoy había dilapidado el capital político, 186 escaños, de las elecciones de 2011. El PP continuaba siendo el primer partido del país, pero “la derecha” española que el PP desde las elecciones de 1993 representaba prácticamente en régimen de monopolio, había dejado de ser mayoritaria en el Congreso de los Diputados. Por eso fue posible el éxito de la moción de censura “constructiva” presentada por Pedro Sánchez en 2018, que exige la aprobación por mayoría absoluta (art. 113 CE).