La desfachatez de la Sala de Vacaciones del Constitucional

A nadie se le oculta que no hay asunto de más transcendencia en el inmediato futuro que la investidura de un presidente del Gobierno por el Congreso de los Diputados. Una vez puesto en marcha el proceso contemplado en el artículo 99 de la Constitución tras la constitución de las Cortes Generales el próximo día 17, se tendrá que despejar, en primer lugar, la incógnita de quién será el candidato propuesto por el Rey y, en segundo lugar, si dicho candidato alcanza la mayoría absoluta en primera votación o la mayoría simple en la segunda. De no conseguirlo, empezaría a correr el plazo de dos meses para que el Rey pudiera hacer una nueva propuesta, que tendría que ser confirmada por el Congreso de los Diputados por mayoría absoluta en primera o mayoría simple en segunda votación. De no producirse la aprobación, las Cortes Generales quedarían disueltas y se celebrarían nuevas elecciones.

Por la información que se va recibiendo (Esther Palomera entre muchos otros), parece que el PP pretende que el Rey designe a Alberto Núñez Feijóo como candidato, con la finalidad de que, tras la investidura fallida, que se da por supuesto, quede acotado el tiempo del que dispondría Pedro Sánchez para conseguir la mayoría necesaria para ser investido. Antes de que empiece la legislatura propiamente dicha el PP se está apuntando a la misma estrategia de la legislatura recién concluida, que, como el lector recuerda con seguridad, se centró en intentar evitar la investidura y, una vez que no pudo conseguirlo, en intentar la disolución anticipada del Congreso y la convocatoria de nuevas elecciones. 

En 2023 el PP está actuando exactamente igual que en 2019, mejor dicho, que entre 2019 y 2023. El Gobierno presidido por Pedro Sánchez es un Gobierno ilegítimo, que no debería haberse constituido y contra el que cabe todo para que deje de serlo lo más rápidamente posible. Aquí no ha cambiado nada. 

No ha cambiado nada en lo que el PP pretende, pero sí ha cambiado el que, a diferencia de la legislatura anterior, en esta legislatura sí son necesarios los escaños de Junts para la investidura de Pedro Sánchez. Para la formación de Gobierno es necesario contar con Carles Puigdemont. La integración del nacionalismo dirigido por Carles Puigdemont en la “mayoría de investidura” resulta indispensable. Dicha indispensabilidad es el punto de mayor fragilidad para que la “mayoría de investidura” se alcance. No cabía ninguna duda de que ese iba a ser el “punto de concentración” de los ataques para evitar un Gobierno presidido por Pedro Sánchez. Hacer ruido en torno a ese “punto de concentración” era el objetivo a perseguir.

Todo esto se sabía. Lo que no sabíamos es que a esta estrategia de “hacer ruido”, de “armar jaleo”, se iba a sumar el Tribunal Constitucional (TC). Con la composición actual del TC, no era de esperar que dicho órgano pudiera participar en la orquestación de un 'pandemónium' para dificultar la investidura. 

Y en realidad, no ha sido el TC, sino la Sala de Vacaciones del TC, compuesta en esta ocasión por Concepción Espejel (presidenta), César Losada y Laura Díez, la que ha decidido, en mi opinión, de manera fraudulenta, pero ha decidido sin encomendarse a dios ni al diablo, “armar jaleo” en torno a Carles Puigdemont. Ha decidido rechazar de plano el recurso de amparo que había interpuesto Carles Puigdemont contra la decisión del Juez Pablo Llarena de solicitar su extradición para ser juzgado en España por malversación. Como explica la magistrada Laura Díez en su voto particular, esta manera de proceder carece de justificación. No se trata de un asunto para ser resuelto por la “Sala de vacaciones”, sino de un asunto que debería ser atribuido de acuerdo con las normas de reparto a la Sala correspondiente una vez pasado el periodo vacacional. 

Pienso que el Presidente del TC podría convocar un Pleno para revisar la decisión tomada por la Sala de vacaciones, ya que la doctrina que se contiene en esta decisión respecto de la propia competencia de la Sala para hacer lo que ha hecho debería ser rectificada, de tal manera que no pueda ser utilizada en el futuro como precedente.

La decisión de la Sala de vacaciones no afecta prácticamente a la situación en que Carles Puigdemont se encuentra. Aunque es verdad que ahora mismo Carles Puigdemont tiene levantada la inmunidad como parlamentario europeo, ya que así lo decidió el Parlamento Europeo, decisión que ha sido confirmada por el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), no lo es menos que la sentencia del TGUE no es firme y está recurrida ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). No parece razonable pensar que ningún juez europeo, concretamente belga en este caso, vaya a hacer efectiva la orden de detención y entrega del juez instructor español, hasta que el TJUE no haya dictado su sentencia. 

Dado que en 2024 hay elecciones europeas, si Puigdemont resulta elegido, su situación jurídica habrá cambiado por completo, ya que el principio de discontinuidad es también de aplicación en el Derecho Parlamentario Europeo. Ni el Parlamento de esta legislatura será el de la próxima, ni el parlamentario Puigdemont tampoco. Tendría que iniciarse de nuevo el procedimiento para el levantamiento de la inmunidad y esperar a ver qué ocurre.

La decisión de la Sala de Vacaciones únicamente es relevante como indicador de la desfachatez de unos magistrados del Tribunal Constitucional.

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