Una ejecutoria democrática impecable

Uno de los puntos centrales de la estrategia antiterrorista de los Pactos de Madrid y de Ajuria Enea era conseguir que ETA abandonara la lucha armada y que el nacionalismo abertzale participara en el sistema político español como todos los demás partidos: con la palabra y con el voto. 

Propugnar una política que estuviera en las antípodas de la Constitución es perfectamente constitucional. Eso vale para el nacionalismo abertzale exactamente igual que para los demás partidos. De no ser así, difícilmente habría podido Vox ser inscrito en el Registro de Partidos del Ministerio de Interior. 

El abandono de la lucha armada por parte de ETA fue, en consecuencia, un éxito de la democracia, éxito que se complementaría unos años más tarde con la disolución de la organización terrorista y con el cumplimiento a rajatabla de la decisión de hacer política de manera exclusivamente pacífica. 

La constitución de Bildu como partido político fue la expresión institucionalizada de dicha decisión. Fui testigo privilegiado de ello, porque Iñigo Iruin vino a Sevilla y revisé con él el texto de los Estatutos del partido antes de que fueran presentados en el Registro de Partidos del Ministerio de Interior. Entendí entonces y sigo entendiendo que conseguir que el Congreso de los Diputados sea la expresión más completa posible de la complejidad de la sociedad española es positivo y que, en la medida en que se pueda contribuir a ello, debe hacerse. 

Desafortunadamente, en las retransmisiones televisadas de las sesiones del Pleno del Congreso de los Diputados es frecuente que se produzca una desconexión a medida que intervienen los partidos con menor representación parlamentaria y, en consecuencia, el porcentaje de ciudadanos y ciudadanas que han podido seguir las intervenciones de los parlamentarios de Bildu es reducido. Es lamentable que así sea, porque las intervenciones de los o las diputados de Bildu destacan inequívocamente por su calidad y por el respeto a los valores en los que la Constitución se sustenta. 

Si a los partidos hay que juzgarlos por la forma en que actúan en las instituciones y en la sociedad, no hay nada que reprochar a Bildu, a diferencia de lo que ocurre con otros, que juran casi permanentemente la Constitución en vano.  

La ejecutoria de Bildu desde su constitución como partido es democráticamente impecable. Ojalá los partidos de las derechas españolas pudieran acreditar una ejecutoria semejante.  

Esta ejecutoria de Bildu, ininterrumpida desde su inclusión en el Registro de Partidos del Ministerio de Interior, justifica no solo en términos de legalidad, sino también de legitimidad, las listas electorales con las que concurre a las elecciones del 28M. 

Que haya 44 candidatos en dichas listas que han sido condenados por pertenencia a ETA (siete de ellos por delitos de sangre) no es un argumento contra la ejecutoria democrática de Bildu, sino todo lo contrario. Lo que la presencia de esos 44 candidatos acredita de manera fehaciente es que hasta quienes militaron en ETA y cometieron delitos, después de haber cumplido las penas impuestas y de haber pasado el tiempo por el que fueron inhabilitados, confirman la renuncia de manera expresa a su forma de hacer política en el pasado y apuestan de manera inequívoca por la vía pacífica y democrática.

No es la democracia española la que rectifica con la decisión de las Juntas Electorales Provinciales de aprobar la proclamación de las candidaturas de Bildu con esos 44 candidatos, sino que quienes rectifican son los que en el pasado hicieron política con las pistolas y ahora renuncian expresamente a hacerlo. ¿Cabe algún reconocimiento mayor a la fortaleza de la democracia española que la participación de estos 44 candidatos en las elecciones del día 28?

Uno de los puntos centrales de la estrategia antiterrorista de los Pactos de Madrid y de Ajuria Enea era conseguir que ETA abandonara la lucha armada y que el nacionalismo abertzale participara en el sistema político español como todos los demás partidos: con la palabra y con el voto. 

Propugnar una política que estuviera en las antípodas de la Constitución es perfectamente constitucional. Eso vale para el nacionalismo abertzale exactamente igual que para los demás partidos. De no ser así, difícilmente habría podido Vox ser inscrito en el Registro de Partidos del Ministerio de Interior.