Una especie de golpe de Estado

El pasado 10 de agosto Tomás de la Quadra publicó en El País un artículo con el título “El blanqueo de la conducta inconstitucional del PP”, en el que calificaba el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por parte del PP como una “especie de golpe de Estado”: “No se puede decir que son los partidos políticos los que bloquean la renovación de los miembros del CGPJ cuando es uno, el que lidera Pablo Casado, el que lo hace”.

Se trata de una suerte de golpe de Estado reiterado y persistente, ya que el PP ha bloqueado dicha renovación en las dos únicas ocasiones en que ha dejado de ocupar la presidencia del Gobierno. Lo hizo tras perder las elecciones de 2004 y lo ha hecho, lo está haciendo, tras haber sido desalojado Mariano Rajoy de la Moncloa en 2018 por el triunfo de la moción de censura presentada por Pedro Sánchez y perder en 2019 las dos elecciones generales celebradas en ese año.

El PP participa en la renovación de los órganos constitucionales, para los que se exige la mayoría cualificada de tres quintos en el Congreso de los Diputados y el Senado, cuando ocupa la presidencia del Gobierno y se niega a participar en dicha renovación cuando deja de ocuparla y pasa a la oposición.

En este momento, no solamente está bloqueando la renovación de los miembros del CGPJ, sino que está bloqueando además la renovación de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC), del Defensor del Pueblo y de los ministros del Tribunal de Cuentas. El golpe de Estado al que se refiere Tomás de la Quadra respecto del CGPJ exclusivamente, es un golpe de Estado múltiple, ya que afecta a todas las instituciones para cuya renovación el ordenamiento jurídico exige esa mayoría cualificada. Reiterado, ya que se ha producido cada vez que el PP deja de ocupar la Presidencia del Gobierno y persistente, ya que, en el caso del CGPJ han pasado ya más de 1000 días desde que caducó el mandato de sus miembros.

Las normas que presiden la renovación de tales órganos son las mismas hoy que en el momento en que se produjo la renovación anterior. Exactamente las mismas. Con dichas normas, el PSOE participó en la renovación de los mismos. El PP, por el contrario, se niega a hacerlo. Lo que vale cuando él gobierna deja de valer cuando está en la oposición. Eso, por lo visto, es lo que permite al PP autocalificarse de “partido constitucionalista” y excluir que el PSOE pueda ser considerado como tal.

El PP acepta la democracia “a beneficio de inventario”. Es preferible gobernar democráticamente, es decir, tras haber ganado las elecciones. Pero, si no puedo gobernar democráticamente, no estoy dispuesto a permitir que gobierne el partido que las ha ganado. De una manera con José Luis Rodríguez Zapatero y de otra distinta con Pedro Sánchez, el PP ha considerado que el PSOE carecía de “legitimidad” para gobernar y, como consecuencia de ello, que se podía recurrir a cualquier tipo de artimaña, fuera la que fuera, para desalojarlo de La Moncloa.

Tal como está el patio, no alcanzo a ver cómo puede producirse una rectificación en la conducta del PP, que permita la renovación de los órganos constitucionales bloqueados. No solamente por la presencia de Vox, sino también por la reiteración del mensaje por parte del PP sobre la “ilegitimidad” del Gobierno presidido por Pedro Sánchez.

A partir de un determinado momento, un dirigente político no puede cambiar el mensaje con el que se ha dirigido reiteradamente a la ciudadanía. Su credibilidad política está vinculada al mensaje que ha venido transmitiendo. No puede decir ahora lo contrario de lo que ha venido diciendo desde hace más de dos años. 

Donald Trump fue abucheado hace unos días en un mitin por recomendar a los asistentes al mismo que se vacunaran contra la Covid-19. Es muy probable que le ocurriera lo mismo a Pablo Casado si decidiera que el PP participe en la renovación de los órganos constitucionales bloqueados. Una vez que se apuesta por el “golpe de Estado”, resulta difícil rectificar con credibilidad.

¿Cómo puede decirle Pablo Casado a los militantes y votantes del PP que se puede pactar con un Presidente “ilegítimo” como Pedro Sánchez, especialmente tras la decisión de Isabel Díaz Ayuso de optar por la Presidencia del PP en la Comunidad de Madrid? ¿Tiene margen para hacerlo emparedado entre Santiago Abascal e Isabel Díaz Ayuso?

La no renovación de los órganos constitucionales del Estado es el indicador de una crisis constitucional en la que sabemos cómo hemos entrado, pero en la que me temo que no sabemos cómo podemos salir.

El pasado 10 de agosto Tomás de la Quadra publicó en El País un artículo con el título “El blanqueo de la conducta inconstitucional del PP”, en el que calificaba el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por parte del PP como una “especie de golpe de Estado”: “No se puede decir que son los partidos políticos los que bloquean la renovación de los miembros del CGPJ cuando es uno, el que lidera Pablo Casado, el que lo hace”.

Se trata de una suerte de golpe de Estado reiterado y persistente, ya que el PP ha bloqueado dicha renovación en las dos únicas ocasiones en que ha dejado de ocupar la presidencia del Gobierno. Lo hizo tras perder las elecciones de 2004 y lo ha hecho, lo está haciendo, tras haber sido desalojado Mariano Rajoy de la Moncloa en 2018 por el triunfo de la moción de censura presentada por Pedro Sánchez y perder en 2019 las dos elecciones generales celebradas en ese año.