Lo importante es la ley

Volver sobre la propia historia no es que sea conveniente, sino que es imprescindible. Cuando se trata de la historia tan reciente que casi no se puede considerar historia, sino parte del propio proceso político que se está viviendo, todavía más. Lo que pasó ayer mismo es historia, pero es también materia con la que se está haciendo política hoy.

Viene a cuento esta introducción del ruido que ha acompañado al que todavía no es siquiera Proyecto de Ley de Libertad Sexual. Pareciera que estamos ante una norma que va a ser publicada en el BOE y va a entrar en vigor de manera inmediata, cuando no ha empezado propiamente el iter legislativo pre-parlamentario.

Nadie debería sorprenderse con lo ocurrido esta pasada semana y menos que nadie los partidos que han formado el primer Gobierno de coalición desde la entrada en vigor de la Constitución. Basta echar la mirada a lo que ha sido, y continúa siendo, la resistencia frente a la Ley Orgánica de Protección Integral contra la Violencia de Género, para anticipar lo que cabía y cabe esperar respecto de la Ley de Libertad Sexual. Porque esto no ha hecho más que empezar.

Aparentemente, la Ley Orgánica 1/2004 contra la Violencia de Género no encontró resistencia alguna. Fue aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados. El PP, que se había resistido durante la legislatura anterior con su mayoría absoluta a aprobar la Proposición de Ley del PSOE de 2001 y que respondió en 2003 con la aprobación de la LO 11/2003, “de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros”, no se atrevió, tras la derrota de marzo de 2004, a oponerse a la ley y votó con todos los demás grupos parlamentarios la LO 1/2004 propuesta por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Ni un solo voto en contra.

Esa unanimidad parlamentaria sería puesta en cuestión inmediatamente desde el poder judicial. Con la violencia de género se inició la “guerra jurídica”. Se elevarían contra la LO 1/2004 200 cuestiones de inconstitucionalidad, de las cuales el Tribunal Constitucional (TC) admitiría 127. El TC dictaría la STC 59/2008 con 7 votos a favor de la constitucionalidad de la ley y 5 votos en contra.

¿Es admisible que una Ley aprobada por unanimidad por las Cortes Generales que “representan al pueblo español” (art. 66. 1 CE) pueda ser cuestionada en su constitucionalidad por un juez? ¿Es admisible que el TC admita un tal cuestionamiento?

Formalmente no hay nada que lo impida, pero materialmente es inadmisible. Una interpretación de la Constitución hecha por unanimidad por las Cortes Generales no puede ser puesta en cuestión. La unanimidad del único órgano constitucional que representa directamente al pueblo español excluye el control jurisdiccional. La Justicia constitucional es una institución “contra-mayoritaria”, pero no “anti-democrática”. No puede convertirse en una institución contra la expresión unánime del Parlamento. Una cuestión de inconstitucionalidad planteada por un juez contra una ley unánimemente aprobada por las Cortes Generales es un ejercicio fraudulento de dicho instituto. Así como también lo es que el TC la admita a trámite y no la rechace de plano. La cuestión de constitucionalidad es un instrumento de defensa de la democracia y no puede convertirse en un instrumento de resistencia y agresión a la forma más contundente posible de expresión de la “voluntad popular”.

En esa resistencia judicializada a la Ley contra la Violencia de Género se generó el caldo de cultivo que acabaría encontrando su expresión en Vox. La “guerra jurídica” contra la violencia de género fue clave para la génesis de Vox. Fue una resistencia, además, no solo judicial, ya que estuvo acompañada por algunas voces destacadas, como la de Alfonso Guerra, que llegó a acusar veladamente de prevaricación al TC por no haber declarado anticonstitucional la ley. “Guerra jurídica” más “fuego amigo”.

De aquellos polvos, estos lodos. Lo que está ocurriendo con la política contra la violencia de género en todas las comunidades autónomas y ayuntamientos en los que el concurso de Vox es necesario para la formación de gobierno, que doy por sobradamente conocido, viene de allí. Así como también viene de allí el batiburrillo entre los socios de Gobierno puesto de manifiesto esta semana respecto de la Ley de Libertad Sexual.

Y de allí, del aprendizaje que ha hecho la derecha contra la violencia de género, especialmente desde el éxito de Vox, es del que se va a hacer uso contra la Ley de Libertad Sexual. Estoy convencido de que el PP considera que se equivocó al permitir que la Ley contra la Violencia de Género fuera aprobada por unanimidad. Ahora con Vox ya no sería posible que la Ley de Libertad Sexual fuera aprobada por unanimidad, pero, en todo caso, el PP piensa que tiene que hacer visible su distanciamiento de lo que hizo con la violencia de género en 2004. Y de ahí que ahora no será contra la aplicación de la Ley de Libertad Sexual contra lo que se hará oposición, sino que se hará desde antes incluso de que se haya iniciado su tramitación como proyecto de ley. Es lo que estamos viendo. Y se continuará, por supuesto, una vez que la ley haya sido aprobada y haya entrado en vigor.

Las derechas españolas con sus apoyos mediáticos anuncian una “batalla integral” contra la ley, en la que no se va a dejar de recurrir a ninguno de los instrumentos que estén a su disposición. Y en esta época de “fake news”, los instrumentos son muchos más que aquellos de los que se dispusieron contra la LO 1/2004.

Me imagino que, tras lo ocurrido esta semana, no solamente los partidos que forman el Gobierno, sino todos los demás que directa o indirectamente han hecho posible su formación, tomarán buena nota. La ley es de suma importancia, tanto desde un punto de vista de la realidad a la que se dirige como por su valor simbólico. Es una ley que interpela a lo que se debe entender por democracia en este siglo XXI. El canon de la Ley de Libertad Sexual es el indicador de la democracia contemporánea. Es la pieza que faltó en la definición del “contrato social” con base en el cual se ha construido y desarrollado el Estado Constitucional hasta hoy, aunque no con la misma intensidad durante todo este tiempo. Pero ha faltado. Son, pues, más de dos siglos de historia constitucional, e innumerables de historia preconstitucional, los que hay que corregir.

Nadie puede llamarse a engaño. No se puede admitir distracción ni confusión de ningún tipo. Hay que definir con claridad cuál es el contenido que debe tener la ley y blindarla técnicamente. Es obvio que en la definición del contenido y del blindaje técnico no solamente puede haber, sino que no puede no haber, opiniones no totalmente coincidentes y que será necesario, en consecuencia, un esfuerzo para llegar al acuerdo. Eso no pasa solo con esta ley, aunque con esta ley pase de una manera muy especial.

Por eso la movilización ciudadana es decisiva. Tiene que entrar de manera destacada en la fabricación del consenso necesario para que la ley se apruebe y entre en vigor. La manifestación de este domingo 8 de marzo debe ser un momento de singular importancia en esta operación. El mensaje tiene que ser expreso e inequívoco. Y que quien no esté de acuerdo, que no venga.

Volver sobre la propia historia no es que sea conveniente, sino que es imprescindible. Cuando se trata de la historia tan reciente que casi no se puede considerar historia, sino parte del propio proceso político que se está viviendo, todavía más. Lo que pasó ayer mismo es historia, pero es también materia con la que se está haciendo política hoy.

Viene a cuento esta introducción del ruido que ha acompañado al que todavía no es siquiera Proyecto de Ley de Libertad Sexual. Pareciera que estamos ante una norma que va a ser publicada en el BOE y va a entrar en vigor de manera inmediata, cuando no ha empezado propiamente el iter legislativo pre-parlamentario.