¿Se incorpora el Rey a la operación de acoso y derribo al Gobierno?

La operación de acoso y derribo al Gobierno presidido por Pedro Sánchez empezó desde el momento en que fue aprobada la moción de censura que lo llevó a la Moncloa. Desde ese instante el PP lo calificó de Gobierno “ilegítimo”, como recuerda con frecuencia en sus crónicas Enric Juliana. El Gobierno, para las derechas españolas, nació con un vicio de origen y ese vicio contraído en el bautismo se ha visto confirmado y engrandecido con la incorporación de Unidas Podemos al Gobierno tras las elecciones del 10 de noviembre de 2019.

Contra un Gobierno al que se niega la “legitimidad” vale todo. Hasta negarle la condición de constitucionalista al partido al que pertenece el presidente del Gobierno. El PSOE, cuya naturaleza de partido constitucional no se discutió ni en los peores momentos de oposición a los presidentes Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido expulsado de la Constitución española desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa.

No tiene nada de extraño, en consecuencia, que las derechas españolas hayan considerado que no hay límite alguno a la operación de acoso y derribo del Gobierno. Se trata de la defensa de la unidad de España y de su ordenamiento constitucional y, cuando esto es lo que está en juego, no puede haber límite en el ejercicio de la oposición.

En esas llevamos más de dos años con una progresión acentuada de las operaciones de acoso al Gobierno. La investidura de Pedro Sánchez tras las elecciones del 10 de noviembre de 2019 fue un momento destacado en dicho proceso. El lector, sin duda, recuerda la presión que se ejerció sobre los diputados socialistas intentando “resucitar” el “Tamayazo” de 2003 que llevó a Esperanza Aguirre a la presidencia de la Comunidad de Madrid. En este caso no tuvo éxito la operación.

Casi inmediatamente después, las derechas españolas han intentado hacer uso de la emergencia sanitaria generada por la COVID-19 para derribar el Gobierno. De formas diversas. Intentando, ante todo, involucrar al poder judicial, mediante la interposición de decenas de querellas contra la gestión del Gobierno, al que se considera responsable penal de las muertes producidas por el virus. Querellas que han encontrado en miembros extraordinariamente destacados del Ministerio Fiscal, entre ellos una antigua fiscal general del Estado con Mariano Rajoy, un apoyo que está rozando no la actividad irregular e indecorosa, sino la constitutiva de falta o incluso de delito.

O poniendo en cuestión la declaración del estado de alarma, al que un exmagistrado del Tribunal Constitucional llegó a calificar como un paso subrepticio hacia una “dictadura constitucional”, opinión que sería recogida y utilizada por algunos de los directores de medios de comunicación escritos de más relevancia en los últimos decenios en nuestro país. Con dicho apoyo doctrinal y mediático se intentó hacer reventar la “legislatura” en las sucesivas prórrogas del estado de alarma, llegando casi a conseguirlo en la cuarta. El distanciamiento de Ciudadanos del PP y Vox abortó definitivamente la operación.

Dicha operación descalificadora del estado de alarma no consiguió su objetivo de hacer reventar la legislatura y forzar la convocatoria de nuevas elecciones, pero sí ha tenido y sigue teniendo consecuencias extraordinariamente negativas en la lucha contra la pandemia. Los diferentes gobiernos de las comunidades autónomas se están encontrando sin cobertura jurídica indiscutible para hacer frente a los brotes que surgen en sus territorios. Con ello se está dependiendo permanentemente de la opinión del juez o tribunal correspondiente con la inseguridad jurídica y la pérdida de tiempo que ello conlleva.

La irresponsabilidad de esta manera de proceder salta a la vista. El coste está siendo alto y lo va a ser todavía más. En vidas humanas y en deterioro institucional. El conflicto constitucional que se está prefigurando entre el Gobierno de la Nación y el Gobierno de la Comunidad de Madrid puede llegar a poner al sistema político español en una situación límite en medio de la crisis sanitaria de mayor entidad desde hace un siglo y en medio de una crisis económica que puede acabar siendo de una envergadura superior a la de 1929.

Nada de esto es fácil de entender en una democracia normalizada y nada de esto está ocurriendo en los demás países de la Unión Europea.

Pero lo que resulta no incomprensible, sino inaceptable, es que el Rey se incorpore a la operación de acoso y derribo al Gobierno democráticamente constituido mediante la investidura por el Congreso de los Diputados. La llamada del Rey al presidente “en funciones” del Consejo General del Poder Judicial para expresar, subrepticiamente, su disconformidad con la decisión del Gobierno de que no presidiera el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces celebrado en Barcelona no puede ser entendida más que como una operación de acoso al Gobierno. Es un acto manifiestamente anticonstitucional, en el que el Rey Felipe VI contraviene la definición de la monarquía como “parlamentaria” en el artículo 1.3 de la Constitución, que, no por casualidad, viene detrás del 1.2, en el que se formula el principio de “legitimidad democrática”: “La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado”. Al ser la monarquía una magistratura hereditaria, no puede tener legitimación democrática y, en consecuencia, el Rey no puede ser portador de un “poder” del Estado. Si el presidente del Gobierno ha decidido, por la razón que haya estimado oportuna, que el Rey no debe estar en el acto de entrega de despachos a los jueces en Barcelona, el Rey tiene que limitarse a no estar, sin poder añadir ni un solo matiz a la decisión presidencial.

¿Se ha tratado de un “resbalón” o es una decisión pensada y meditada con la que el Rey se incorpora a la operación de acoso y derribo al Gobierno? La nota emitida por la Casa Real de que se trataba de una llamada “privada” al presidente del CGPJ –“en funciones”, repito–, desconectada de cualquier sentido institucional, es un insulto a la inteligencia de los ciudadanos. ¿Es que el Rey no contaba con que le iba a faltar tiempo al presidente del CGPJ “en funciones” para hacer público el contenido de la llamada?

No se quién dentro de la Casa Real se encarga de asesorar al Rey en estos asuntos o si el Rey se deja asesorar, pero la vía de convertirse en el Rey de la foto de la Plaza de Colón es la que conduce inexorablemente al fin de la Monarquía. Felipe VI no puede caer en la tentación en la que cayó su bisabuelo Alfonso XIII de acudir al general Primo de Rivera, pero puede caer en la tentación de acudir a la cúpula del único de los poderes del Estado que no tiene naturaleza política, sino jurídica, y que no debería jamás intervenir en una operación como la que PP y Vox están poniendo en marcha.

A esto último es a lo que ha sonado la llamada del Rey al presidente “en funciones” del CGPJ. El tiempo nos dirá si ha sido un resbalón o ha sido algo más. En todo caso, el Gobierno en general y el PSOE en particular debe tomar nota de lo sucedido y estar vigilante por lo que pueda venir. Todos los demás partidos “inequívocamente” democráticos también. Nadie debe llamarse a engaño.