Los indultos no eran una opción

Los indultos estaban inscritos en los resultados de las elecciones de 2019. No eran un opción, sino una necesidad. Con la composición del Congreso de los Diputados no se podía gobernar sin dar una respuesta a la situación de privación de libertad en la que se encontraban los dirigentes nacionalistas condenados por el Tribunal Supremo.

El artículo 155 de la Constitución fue el eje en torno al cual giraron las elecciones. Si ganaban las tres derechas, se volvería a aplicar el artículo 155 y los dirigentes nacionalistas que ya estaban privados de libertad, continuarían en dicha situación sin que pudieran esperar ninguna medida de gracia. Si, por el contrario, ganaban las izquierdas y los nacionalistas, no solamente quedaría descartada la aplicación de nuevo del artículo 155, sino que se adoptarían con seguridad medidas para paliar las consecuencias más dolorosas de la primera aplicación de dicho artículo. Obviamente, la situación de privación de libertad de los condenados por el procés era la primera a la que había que atender.

La decisión del cuerpo electoral fue clara. Las tres derechas fueron derrotadas de manera inequívoca. Con ello se descartaba la nueva aplicación del 155 y se enviaba un mensaje de que había que corregir las consecuencias más lesivas de su primera aplicación.

La emergencia sanitaria desatada por la COVID-19 no permitió al Gobierno enfrentarse con el problema inmediatamente después de la investidura, pero en cuanto se pasó la fase crítica de la misma, la decisión no podía retrasarse. El Gobierno de coalición no podía permitir que permanecieran en prisión por más tiempo los condenados del procés.

La decisión solamente era difícil en apariencia. En la práctica, era relativamente fácil de ejecutar. Cuando hay un mandato claro, no es difícil traducirlo normativamente. La tramitación de los indultos es un ejemplo claro. El Gobierno tenía que limitarse a dejar que se tramitara el expediente administrativo de la forma prevista en el ordenamiento y tomar una decisión final, que no puede ser arbitraria, pero que sí es discrecional. Una vez puesto en marcha el procedimiento, la decisión caía por su propio peso. Nadie podía no ya evitarlo, sino ni siquiera obstaculizarlo, ya que los informes de la Fiscalía y del Tribunal Supremo no son vinculantes para el Gobierno.

Jurídicamente era fácil de implementar. Y políticamente también. Los indultos cohesionan a la heterogénea mayoría parlamentaria en la que descansa el Gobierno, como estamos viendo estos días y como tendremos ocasión de comprobar el día 30, cuando el presidente explique los indultos en el Congreso de los Diputados.

Las derechas españolas, por el contrario, no son capaces de actuar de manera cohesionada, como el desarrollo de la manifestación convocada por Rosa Díez y Fernando Savater en la Plaza de Colón ha puesto de manifiesto. La reacción frente a los indultos está siendo un paso más en el proceso de deshilachamiento de la derecha española, que se intensificará tanto más cuanto más tiempo conviertan a los indultos en el centro de su estrategia política.