La justicia italiana no tiene nada que decir

El Parlamento Europeo levantó la inmunidad de Carles Puigdemont para que pudiera ser juzgado por el Tribunal Supremo (TS) por los delitos que se incluían en el texto del suplicatorio remitido por el tribunal español. Frente a todos los demás órganos judiciales de todos los países de la Unión Europea, Puigdemont no ha perdido la inmunidad parlamentaria.

Contra la decisión del Parlamento Europeo, Puigdemont interpuso recurso ante el Tribunal General de la UE, solicitando que se adoptaran medidas cautelares hasta tanto el recurso no fuera resuelto mediante la correspondiente sentencia. El Tribunal General no consideró necesario adoptar las medidas cautelares solicitadas, porque, en su opinión, no existía riesgo de que Carles Puigdemont fuera detenido mientras el tribunal decidía sobre el fondo del asunto. 

Hasta este pasado jueves ha sido así y Puigdemont se ha movido libremente por el territorio de la Unión. Desde este pasado jueves, ya no. Ha sido detenido en Italia en ejecución de una orden de detención y entrega dictada en su día por el juez español Pablo Llarena y en el momento en que escribo ya ha sido puesto en libertad por la autoridad judicial italiana competente.

Supongo que la defensa de Puigdemont se había dirigido ya al Tribunal General para solicitar la activación de las medidas cautelares que figuraban en el texto de su recurso contra la decisión del Parlamento Europeo a la vista de que el riesgo que el Tribunal General no vio se ha materializado. Pero era previsible que el Tribunal General atendiera la solicitud y ordenase que Puigdemont fuera puesto en libertad para que pueda ejercer como parlamentario europeo.

También lo era que el juez italiano tomase la decisión sin esperar la adopción de las medidas cautelares solicitadas al Tribunal General. La orden de detención y entrega contra Carles Puigdemont quedó suspendida con carácter general en todo el territorio de la Unión Europea con la admisión a trámite por el Tribunal General del recurso contra la decisión del Parlamento Europeo que levantaba la inmunidad de Puigdemont.

Quiere decirse, pues, que hasta que el Tribunal General no dicte sentencia que confirme la decisión del Parlamento Europeo, Puigdemont no podrá ser detenido ni procesado.    

Una vez que el Tribunal General la haya dictado, el TS únicamente podrá iniciar el procesamiento de Puigdemont cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haya resuelto la cuestión prejudicial que el propio TS español le ha remitido tras la decisión de la Justicia belga de considerar que el TS no es el juez competente para dictar la orden de detención y entrega contra los políticos nacionalistas catalanes que han fijado su residencia en Bélgica. 

La decisión de poner a Puigdemont a disposición del TS tienen que adoptarla tanto el Tribunal General como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Primero hay que confirmar la decisión del Parlamento Europeo y después hay que decidir que la justicia belga tiene que ejecutar la orden de detención y entrega cursada por el juez Pablo Llarena en los términos en que dicho juez la ha formulado. 

Solo entonces el TS podrá procesar a Carles Puigdemont. La Justicia italiana no tiene nada que decir.

El Parlamento Europeo levantó la inmunidad de Carles Puigdemont para que pudiera ser juzgado por el Tribunal Supremo (TS) por los delitos que se incluían en el texto del suplicatorio remitido por el tribunal español. Frente a todos los demás órganos judiciales de todos los países de la Unión Europea, Puigdemont no ha perdido la inmunidad parlamentaria.

Contra la decisión del Parlamento Europeo, Puigdemont interpuso recurso ante el Tribunal General de la UE, solicitando que se adoptaran medidas cautelares hasta tanto el recurso no fuera resuelto mediante la correspondiente sentencia. El Tribunal General no consideró necesario adoptar las medidas cautelares solicitadas, porque, en su opinión, no existía riesgo de que Carles Puigdemont fuera detenido mientras el tribunal decidía sobre el fondo del asunto.