La mayoría de investidura resulta imprescindible

El hecho diferencial de esta legislatura ha sido y continúa siendo la negativa de las derechas españolas a aceptar la “legitimidad” del Gobierno presidido por Pedro Sánchez. Esto no ha ocurrido en ninguna de las legislaturas anteriores. Ni siquiera en la de 2004 con José Luis Rodríguez Zapatero. El PP afirmó de manera reiterada que el PSOE llegaba a la presidencia del Gobierno por el uso indebido que había hecho del atentado terrorista de Atocha del 11M, pero no llegó nunca a negar la legitimidad de su mandato. En esta sí. 

Por esta razón los tres partidos de la derecha española intentaron, en primer lugar, impedir que Pedro Sánchez fuera investido presidente del Gobierno. El lector recordará muy probablemente la intervención de Inés Arrimadas en el Congreso instando a que hubiera algún “valiente” en el grupo parlamentario socialista que repitiera el “tamayazo”. Y también recordará que el diputado de Teruel Existe tuvo que ser protegido policialmente el día previo a la investidura ante las amenazas dirigidas contra él.

Una vez investido presidente, los partidos de las derechas españolas intentaron aprovechar la emergencia sanitaria generada por la COVID-19 para derribar el Gobierno y casi llegaron a conseguirlo en mayo de 2020, en la convalidación de la tercera prórroga del estado de alarma. 

La convalidación del real decreto ley sobre la reforma laboral ha sido la tercera ocasión en que, esta vez solamente PP y VOX, han intentado poner fin a la legislatura, al hacer fracasar la aprobación de la medida más decisiva para la continuidad del Gobierno. A diferencia de las anteriores ocasiones, en esta no ha sido la acción del Gobierno la que ha frustrado la operación de acoso y derribo, sino que ha sido el error de un diputado del PP el que la ha hecho fracasar.

El resultado de la votación del pasado jueves pone de manifiesto de manera inequívoca que, con la composición actual del Congreso de los Diputados, no hay mayoría alternativa a la mayoría de investidura. No hay mayoría de gobierno con Ciudadanos. Ciudadanos suma muchos menos votos de los que resta. Y además, lo hace con un discurso en el que insulta gravemente a los partidos que contribuyeron a la investidura de Pedro Sánchez, primero con la moción de censura en 2018 y después con la investidura en 2020. El discurso de Inés Arrimadas anunciando su voto a favor de la convalidación del real decreto ley sobre la reforma laboral fue un ataque brutal a ERC, Bildu y PNV.

El 10 de enero califiqué la reforma laboral como “el momento decisivo de la legislatura” y el 20 expliqué por qué “Ciudadanos no es una opción”. La sesión del Congreso de los Diputados de este pasado jueves 3, en el que se votó la convalidación del real decreto ley sobre la reforma laboral ha venido a confirmar lo que en ambos artículos argumenté. 

La primera mitad de la legislatura ha sido muy dura, pero la segunda lo va a ser todavía más. En los próximos meses habrá que hacer frente a la situación del rey emérito, a la comisión de investigación sobre la pederastia en la Iglesia católica, a las inmatriculaciones injustificables de la Iglesia, a lo que pueda decidir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la cuestión prejudicial elevada por el Juez Pablo Llarena, o el Tribunal General de la Unión Europea sobre la inmunidad de Carles Puigdemont, o el conflicto que se pueda suscitar con ocasión de la renovación de los Magistrados del Tribunal Constitucional en el mes de junio por parte del Gobierno y del Consejo General del Poder Judicial “en funciones” desde hace más de mil días…

El Gobierno necesita contar con una mayoría parlamentaria estable, que le permita abordar todos estos problemas, más los que el curso ordinario de los acontecimientos generan, de una manera solvente. Y esa mayoría es la que es. Y no hay otra. No se dan las condiciones para que pueda operar  “geometría variable” de ningún tipo, sino para todo lo contrario.

La cohesión de la mayoría parlamentaria no depende exclusivamente del presidente del Gobierno. También los dirigentes de los distintos partidos que constituyen dicha mayoría tienen que asumir su responsabilidad. Pero no es comparable la posición del presidente del Gobierno con la de ningún otro. En el proceso de convalidación del real decreto ley sobre la reforma laboral, estando, como estoy, de acuerdo con que el real decreto ley se tenía que haber convalidado sin más, el presidente del Gobierno tendría que haber previsto una salida que no quebrara la mayoría parlamentaria de investidura. Lo contrario es un suicidio, que el error del parlamentario del PP ha evitado. No es razonable confiar en que eso vuelva a ocurrir. 

Esperemos que la lección se haya aprendido. Por todos. Pero, sobre todo, por el presidente del Gobierno.

El hecho diferencial de esta legislatura ha sido y continúa siendo la negativa de las derechas españolas a aceptar la “legitimidad” del Gobierno presidido por Pedro Sánchez. Esto no ha ocurrido en ninguna de las legislaturas anteriores. Ni siquiera en la de 2004 con José Luis Rodríguez Zapatero. El PP afirmó de manera reiterada que el PSOE llegaba a la presidencia del Gobierno por el uso indebido que había hecho del atentado terrorista de Atocha del 11M, pero no llegó nunca a negar la legitimidad de su mandato. En esta sí. 

Por esta razón los tres partidos de la derecha española intentaron, en primer lugar, impedir que Pedro Sánchez fuera investido presidente del Gobierno. El lector recordará muy probablemente la intervención de Inés Arrimadas en el Congreso instando a que hubiera algún “valiente” en el grupo parlamentario socialista que repitiera el “tamayazo”. Y también recordará que el diputado de Teruel Existe tuvo que ser protegido policialmente el día previo a la investidura ante las amenazas dirigidas contra él.