Por qué no, Soledad

“Es difícil argumentar con un mínimo de rigor y racionalidad la decisión política de impedir el viaje del Rey a Barcelona”, ha escrito Soledad Gallego-Díaz en El País este domingo.

Desconozco en qué momento escribió estas palabras la hasta hace unas semanas directora de El País. No sé si el artículo estaba enviado antes o después de conocer la llamada telefónica del Rey al presidente del Consejo General del Poder Judicial “en funciones” justo al finalizar el acto de entrega de despachos a los integrantes de la nueva promoción de juezas y jueces, en la que, según hemos sabido por el señor Carlos Lesmes, el Rey transmitió su pesar por no haber podido asistir, como hubiera sido su deseo.

En el primer caso estaría en desacuerdo con lo escrito por ella, pero nada más. En el segundo, no solo estaría en desacuerdo, sino que me parecería inconcebible que haya podido expresarse de esa manera.

La llamada del Rey al presidente del CGPJ “en funciones” es un acto de una anticonstitucionalidad tan manifiesta que únicamente desde una perspectiva anticonstitucional y, por tanto, antidemocrática se podría evaluar de la forma en que lo hace Soledad Gallego Díaz. El Rey no puede hacer pública su disconformidad con una decisión del Gobierno de la nación. Tiene que limitarse a ajustar su conducta a lo que el Gobierno decida y punto. En una “monarquía parlamentaria” no cabe otra alternativa.

La reacción de Felipe VI y de Carlos Lesmes ha venido a certificar por qué el Gobierno de la nación acertó de pleno al vetar la presencia del Rey en el acto de entrega de despachos organizado en Barcelona el 25 de septiembre. Si podía existir alguna duda acerca, no de la autoridad para tomar la decisión por parte del presidente del Gobierno, que no la hay, sino acerca de la oportunidad de la misma, la conducta del Rey y del presidente “en funciones” del CGPJ ha venido a despejarla.

Lo que se había organizado el 25 de septiembre en Barcelona no era un acto de entrega de despachos a una nueva promoción de juezas y jueces, sino una “emboscada” al Gobierno con ocasión de la celebración de dicho acto. ¿Tenía el Rey conocimiento de la intención del presidente “en funciones” del CGPJ?

El acto se había programado para unos días antes del 1 de octubre, fecha en que tuvo lugar el referéndum de 2017, para unos días antes del 3 de octubre, fecha en que el rey Felipe VI se dirigió al país en mensaje televisado en prime time, anticipando en su discurso lo que acabaría convirtiéndose en la aplicación del artículo 155 de la Constitución, y para un día que podía coincidir con la fecha en que se hiciera pública la sentencia del Tribunal Supremo en el recurso de casación contra la condena de inhabilitación dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya contra el president de la Generalitat.

Sabemos, por varios medios de comunicación, entre ellos El País, que se sugirió al presidente “en funciones” del CGPJ que el acto de entrega de despachos se hiciera en un momento posterior, con la finalidad obvia de que la visita del rey a Barcelona no coincidiera con una fecha aniversario de sucesos muy conflictivos y dolorosos. A nadie se le oculta que un ambiente sosegado y tranquilo facilita la celebración del acto.

El presidente “en funciones” del CGPJ, sin embargo, se negó a ello. ¿Por qué? La respuesta se impone por sí misma: porque no era la tranquilidad en la celebración del acto lo que se buscaba, sino todo lo contrario. Interesaba la bronca y la bronca con la presencia del Rey como amplificador de la misma.

El acto era una emboscada al Gobierno de la nación, al que se obligaba a reaccionar de una manera que complicaba extraordinariamente una agenda política ya de por sí complicada, como es la de este otoño. Y además, en Catalunya.

Si el Rey se hubiera comportado como un monarca “parlamentario” y no hubiera aceptado la invitación a participar en el acto sin haberlo consultado previamente con el presidente del Gobierno, no se tendría que haber vetado su presencia. Como el Rey se ha comportado como un monarca “español”, es decir, todo lo contrario de un monarca “parlamentario”, ha sido necesario hacerlo.

Lo que resulta difícil de argumentar “con un mínimo de rigor y racionalidad” es cómo se podía refrendar la presencia del Rey en un acto organizado en la fecha en que lo había hecho el CGPJ “en funciones” y más después de que no fuera atendida la sugerencia de que se fijara otro momento para su celebración.

La irresponsabilidad del Gobierno, en el supuesto de que hubiera permitido la presencia del Rey, hubiera sido imperdonable. Para su autoridad como Gobierno de la nación y para el prestigio de la institución monárquica, de la que no anda sobrada en este momento.

Si los presidentes del Gobierno se hubieran “plantado” ante el Rey durante los últimos cuarenta años, como lo ha hecho Pedro Sánchez, ni Urdangarín estaría en prisión, ni el Rey emérito estaría “huido” en los Emiratos Árabes Unidos, ni las Corinas y Villarejos nos estarían avergonzando ante nosotros mismos y ante la opinión pública mundial.

¿Es tan difícil de entender esto?