Pederastia: el momento de las Cortes Generales

La pederastia no es un fenómeno que se produzca exclusivamente en el seno de la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica sí es la única confesión religiosa en cuyo seno se produce. No solamente en España, sino en todos los países en que la Iglesia Católica está presente. Aunque no ha sido fácil en ningún país que se reconociera la dimensión del problema y que se abriera una investigación sobre el mismo, en todos ha acabado siendo reconocida la existencia del problema y en todos ha acabado siendo investigado. 

España ha sido el país en el que la Conferencia Episcopal se ha resistido más que en ningún otro al reconocimiento de la existencia del problema. De ahí que haya sido el último en el que se ha abierto una investigación, que ha tenido que hacerse por el Defensor del Pueblo por encargo de las Cortes Generales. Aunque a la Conferencia Episcopal se le ofreció que se integrara en la Comisión investigadora, decidió no hacerlo. En un número muy elevado de las diócesis, o se ha rechazado cualquier tipo de colaboración en la investigación o se ha prestado una colaboración muy limitada. En algunas, por el contrario, sí se ha producido la colaboración que se les solicitó.

Como escribí el mismo día en que se hizo público el Informe, el Defensor del Pueblo ya ha hecho lo que podía hacer. Ahora son las Cortes Generales las que tienen que decidir qué respuesta debe darse al problema. 

Y lo primero que deberían hacer es solicitar a la Conferencia Episcopal que diera acceso a las Cortes a los archivos de todas las diócesis, de tal manera que se tuviera conocimiento de todo lo que la Iglesia Católica ha ido sabiendo sobre la práctica de la pederastia en su seno y sobre la forma en que se ha reaccionado ante la misma. La sociedad española tiene derecho a saber lo que consta en los archivos de las distintas diócesis respecto a la pederastia. En el caso de que la Conferencia Episcopal se negara a la solicitud de las Cortes Generales, habría que denunciar los Acuerdos con la Santa Sede. 

La Iglesia Católica tiene una posición privilegiada en el ordenamiento jurídico español que no tiene en el ordenamiento de ningún otro país europeo. En ninguna otra Constitución se la menciona expresamente en el artículo en el que se reconoce la “libertad religiosa” como derecho fundamental y en ningún otro país dispone la Santa Sede de unos acuerdos con el Estado que le proporcionan a la Iglesia una posición destacadísima tanto en lo que a la financiación como en lo que a la prestación del derecho a la educación se refiere.  

La Conferencia Episcopal no puede argumentar que la pederastia no se produce solamente en su seno para eludir su responsabilidad. Porque no hay ninguna institución que ocupe la posición que ocupa la Iglesia Católica en el Estado Constitucional español. No ya ninguna otra confesión religiosa, sino ninguna institución del tipo que sea. La ejecutoria de la Iglesia Española en lo que a la pederastia se refiere supone un caso extremo de deslealtad a una sociedad y a un Estado que la ha tratado con una generosidad excepcional. 

La sociedad española no puede tolerar que la Conferencia Episcopal siga, en lo que a la pederastia se refiere, la estela de Vox respecto a la violencia de género, que es exactamente lo que está haciendo. En las manos de las Cortes Generales está evitar que esto ocurra y que al problema se le dé la respuesta que debe dársele.