Puntualizaciones sobre la renovación del CGPJ

Los actuales miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) fueron elegidos por el Congreso de los Diputados y el Senado el 29 de noviembre de 2013. El 27 de junio de ese mismo año Luis Bárcenas ingresó en la prisión de Soto Del Real por orden el juez Pablo Ruz, que, aunque no era el titular del Juzgado nº5 de la Audiencia Nacional (AN), lo ocupaba en ese momento. Fue él el que remitió la comisión rogatoria a la justicia suiza con la finalidad de obtener información sobre las cuentas del extesorero del PP en el país helvético.

La justicia suiza ya había manifestado su conformidad a entregar la información de que disponía sobre Luis Bárcenas a comienzo de 2012, unas semanas después de la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, que tuvo lugar el 20 de diciembre de 2011. Luis Bárcenas recurrió la decisión de la justicia suiza y de ahí que la entrega se retrasara hasta la primavera de 2013. Tras pedir informe al Ministerio de Hacienda sobre los posibles delitos que Luis Bárcenas podía haber cometido, el Juez Pablo Ruz dictó el auto de ingreso en prisión sin fianza.

El ingreso en prisión de Luis Bárcenas puso fin a la colaboración estrecha entre él y Mariano Rajoy. El presidente ya había conseguido no tener que enfrentarse al escándalo de las cuentas suizas de Luis Bárcenas en el momento en que literalmente iniciaba su mandato. En 2013 ya estaba asentado en la presidencia. Luis Bárcenas había perdido si no toda, si la mayor parte de la esperanza de que el Gobierno del PP pudiera librarlo de la acción de la justicia. Pasó a convertirse en “ese señor del que usted me habla”, cuya presencia incomodaba, por decirlo de manera suave, al Presidente del Gobierno y a toda la dirección del PP.

En los meses posteriores al ingreso de Luis Bárcenas en prisión se pondría en marcha la “Operación Kitchen”, de la que entonces no supimos nada, pero de la que ahora ya sabemos algo, aunque mucho menos de lo que acabaremos sabiendo. El Ministerio del Interior, se supone que con conocimiento y posiblemente por orden del presidente del Gobierno, iniciaría un operativo de vastas dimensiones, con la finalidad de sustraer a Luis Bárcenas la información comprometedora para el PP y el Gobierno que pudiera tener.

Este es el marco en el que se produjo la renovación del CGPJ. Para el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón y para la mayoría parlamentaria del PP, la renovación del CGPJ era políticamente una suerte de prolongación de la “Operación Kitchen”. No había ninguna actividad delictiva, pero el objetivo que se perseguía era el mismo. Si mediante el Ministerio del Interior se debía hacer lo posible para destruir pruebas o, en todo caso, ocultarlas al conocimiento de los jueces que estaban investigando “el caso Gürtel”, mediante el Ministerio de Justicia y un renovado CGPJ se debía hacer lo posible para controlar los nombramientos de Presidentes y Magistrado que de alguna manera pudieran acabar entendiendo de las conductas potencialmente constitutivas de delito de las operaciones Gürtel y Kitchen, de las que los ciudadanos sabíamos muy poco o nada, pero de las que Mariano Rajoy y la dirección del PP sabían mucho.

El CGPJ actual no se entiende sin la Gürtel y sin la Kitchen. Es una excrecencia de lo que había sido la acción del Gobierno y del PP desde hacía casi una década. Por eso, no solamente se produjo la renovación del CGPJ, sino que se modificó la normativa sobre la organización interna del órgano, produciéndose una concentración de poder extraordinaria en el Presidente del órgano, que, no por casualidad, había sido Director General de Justicia con José María Aznar.

Esta es la razón principal, aunque no única, por la que el PP se resiste como gato panza arriba a la renovación del CGPJ. Con cualquier CGPJ renovado, no podría contar con la “comprensión” con que cuenta con el actual CGPJ, que, de momento, ha elevado a la Sala Segunda del Tribunal Supremo al Magistrado de la AN que votó en contra de que el PP fuera condenado como partido en la sentencia del caso Gürtel.

El comportamiento del PP, y por qué no decirlo, de los actuales miembros del CGPJ al no haber presentado su dimisión, forzando de esta manera la renovación del órgano, se califica por sí mismo.

Por pasiva o por activa parece que nos vemos abocados a un conflicto constitucional de consecuencias imprevisibles. Otro más que viene a añadirse a los que estamos viviendo desde hace una década. Tal como está el patio, no veo posible que se pueda encontrar una salida negociada de buena fe. El sistema político de la Segunda Restauración daría un paso más en un proceso de desmoronamiento institucional cada vez más inocultable.