Disonancia cognitiva

La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es, en mi opinión, el problema más urgente de los muchos que se tienen que resolver en el comienzo de esta legislatura. El propio presidente del órgano, Carlos Lesmes, ha alertado de que es el prestigio de la propia institución y, por extensión, del sistema de administración de justicia, lo que está en juego. Más todavía si recordamos la esperpéntica forma en que se torpedeó la renovación que ya se había pactado por parte de uno de los negociadores del pacto, el senador Ignacio Cosidó, con el Whatsapp que remitió a todos los senadores del PP, justificando la renovación en el hecho de que el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS), Manuel Marchena, iba a ser el presidente del CGPJ renovado. Tras aquel fiasco, pocas cosas deberían ser tan urgentes como renovar de una manera conforme con la Constitución un órgano que ocupa un lugar tan decisivo en la economía de nuestro sistema constitucional. No por casualidad se exige para su renovación la misma mayoría en el Congreso de los Diputados y en el Senado que se exige para la reforma de la Constitución o para la renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC).

La renovación del CGPJ, como la de los magistrados del TC, tiene una dimensión “cuasi constituyente”. A través de dichas renovaciones el constituyente nos recuerda que la “legitimidad” del sistema político exige periódicamente el recurso a las “mayorías cualificadas”, que sirven de recordatorio de lo que fue el pacto constituyente originario. Por eso la mayoría coincide con la de la reforma de la Constitución, con la mayoría del “poder constituyente constituido”.

A pesar de la importancia y urgencia de la renovación que el propio presidente del órgano ha subrayado, no solo no parece que haya predisposición por parte de la dirección del PP a llegar a algún tipo de acuerdo, sino que la información que se transmite a través de los medios de comunicación, sin que se haya producido ningún desmentido, es que hay una voluntad inequívoca de hacer fracasar cualquier movimiento que se produzca en esa dirección.

En el boicot a la renovación del CGPJ no nos encontramos ante una conducta políticamente reprobable, sino ante una actuación inequívocamente anticonstitucional. Con cada boicot en la renovación de estos órganos “cuasi constituyentes”, TC y CGPJ, es la propia “normatividad” de la Constitución la que sufre un arañazo, por decirlo de la manera más suave posible. Entre lo que la Constitución dice y lo que en la realidad ocurre se abre un foso, que disminuye su efectividad como norma jurídica. La Constitución está bien que se cumpla. Pero si no se cumple, tampoco pasa nada. Especialmente si el PP tiene mayoría en el CGPJ que tiene que ser renovado.

Mientras esto está ocurriendo respecto del CGPJ, se ha puesto el grito en el cielo ante la pretensión del presidente del Gobierno de designar a Dolores Delgado como Fiscal General del Estado. Se trata de una decisión que puede ser discutida políticamente, pero no en términos constitucionales. La candidata propuesta reúne sin ningún género de dudas los requisitos exigidos en el ordenamiento jurídico para poder ocupar dicha posición. Jurídicamente, la decisión es inobjetable.

Que, políticamente, es una decisión no solamente discutible, sino incluso arriesgada, es algo que salta a la vista. Pero no es más discutible que las designaciones de algunos de los Fiscales Generales que se han producido desde la entrada en vigor de la Constitución, como Íñigo Sáenz de Ugarte nos recordaba este mismo martes. Me permitiría añadir a lo que él aportaba en su crónica el dato de que el “tamayazo” coincidió con la presencia de Jesús Cardenal en la Fiscalía General y que, si no se acabó aclarando lo que pasó, fue en muy buena medida por la falta de motivación de la Fiscalía en que el asunto fuera investigado.

El ruido ensordecedor que se ha levantado con la propuesta de nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General frente al silencio atronador respecto de la no renovación del CGPJ recuerda la parábola de la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio. Desde cualquier punto de vista que se mire el nombramiento de la primera y la no renovación del segundo, no es posible ponerlos en el mismo plano.

Y no están siendo puestos. La propuesta de nombramiento de la Fiscal General resulta un escándalo anticonstitucional, mientras que del boicot a la renovación del CGPJ ni siquiera se habla. Lo que no es anticonstitucional, aunque pueda ser discutido políticamente, se presenta como constitucionalmente insoportable e ilegítimo, mientras que lo que es y debería ser constitucionalmente insoportable y afecta a la legitimidad del órgano con proyección en toda la administración de justicia, no se considera ni digno de mención. El mundo al revés.

Algo muy grave está pasando en el sistema político español para que se pueda producir una disonancia cognitiva de esta magnitud. No es la primera que se viene produciendo desde hace varios años y me temo que no va a ser la última. Recuerdan lo de “tanto va el cántaro a la fuente...” Pues eso.

La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es, en mi opinión, el problema más urgente de los muchos que se tienen que resolver en el comienzo de esta legislatura. El propio presidente del órgano, Carlos Lesmes, ha alertado de que es el prestigio de la propia institución y, por extensión, del sistema de administración de justicia, lo que está en juego. Más todavía si recordamos la esperpéntica forma en que se torpedeó la renovación que ya se había pactado por parte de uno de los negociadores del pacto, el senador Ignacio Cosidó, con el Whatsapp que remitió a todos los senadores del PP, justificando la renovación en el hecho de que el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS), Manuel Marchena, iba a ser el presidente del CGPJ renovado. Tras aquel fiasco, pocas cosas deberían ser tan urgentes como renovar de una manera conforme con la Constitución un órgano que ocupa un lugar tan decisivo en la economía de nuestro sistema constitucional. No por casualidad se exige para su renovación la misma mayoría en el Congreso de los Diputados y en el Senado que se exige para la reforma de la Constitución o para la renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC).

La renovación del CGPJ, como la de los magistrados del TC, tiene una dimensión “cuasi constituyente”. A través de dichas renovaciones el constituyente nos recuerda que la “legitimidad” del sistema político exige periódicamente el recurso a las “mayorías cualificadas”, que sirven de recordatorio de lo que fue el pacto constituyente originario. Por eso la mayoría coincide con la de la reforma de la Constitución, con la mayoría del “poder constituyente constituido”.