¿Será posible renovar alguna vez el Consejo General del Poder Judicial?

Si la legislatura acaba cuando toca y dando por supuesto que los resultados electorales no van a retrasar la sesión de investidura del próximo presidente del Gobierno, el Congreso de los Diputados y el Senado no estarán en condiciones de designar a los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) antes del mes de marzo o abril de 2024. Los miembros que tienen que ser renovados habrán estado más de diez años en el cargo. Más de cinco años más de lo que la Constitución prevé. 

De los destrozos que se están acumulando en el poder judicial como consecuencia del ejercicio “en funciones” del actual CGPJ vamos teniendo noticias todos los días. “Crece la alarma en el Tribunal Supremo (TS) por la inminente jubilación de dos presidentes de sección” era el título de la crónica de Beatriz Parera en El Confidencial delpasado domingo. Las situaciones que describe se van a seguir produciendo en los dos años largos que quedan antes de que las Cortes Generales se constituyan tras las próximas elecciones generales. Piénsese, por ejemplo, que en junio de 2022 el Gobierno y el CGPJ tienen que designar cada uno de ellos dos magistrados del Tribunal Constitucional y que, estando “en funciones”, el CGPJ no puede hacerlo. Me imagino que el PP moverá Roma con Santiago para evitar que el Gobierno designe los que les corresponde, es decir, tratará de impedir que el Gobierno aplique la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. El conflicto que se va a desatar es fácilmente previsible. 

El ejercicio desviado del poder en un órgano de gobierno pasa factura. Más que de un “órgano de gobierno”, que es como lo define la Constitución, el CGPJ se ha convertido en un “órgano de desgobierno”, que está produciendo un desbarajuste mayúsculo. Cuanto más elevada es la posición de un órgano en la arquitectura del Estado, mayores son las consecuencias de sus actos. Para bien y para mal. Dejo que el lector saque sus propias conclusiones.

A menos que ocurra el milagro de que Pablo Casado “se caiga del caballo”, pensar en la renovación del CGPJ antes de las próximas elecciones generales es una pérdida de tiempo. Sea por el motivo que sea, resulta inimaginable que se pueda llegar a un acuerdo para dicha renovación. 

El problema político-constitucional no es, en consecuencia, el de la renovación en esta legislatura del CGPJ, sino el de si será posible la renovación en la próxima. Si la composición del Congreso de los Diputados es similar a la que se viene produciendo desde las elecciones generales de diciembre de 2015, no alcanzo a ver de qué manera se puede llegar a un acuerdo. El depósito de confianza que es necesario para que se pueda pactar la renovación del CGPJ no es que se haya agotado en esta legislatura, sino que se ha destruido el recipiente. El PP ha dejado en suspenso el artículo 122.3 de la Constitución durante más de cinco años, dejando claro que no admite la legitimidad de la renovación con un presidente del Gobierno socialista. ¿Qué se puede negociar a partir de este momento? ¿Únicamente se puede renovar el CGPJ con un presidente del PP? ¿Es posible que, en esas condiciones, el CGPJ siga formando parte de nuestra fórmula de Gobierno?

Esto es lo que nos estamos jugando con la no renovación del CGPJ. 

Si la legislatura acaba cuando toca y dando por supuesto que los resultados electorales no van a retrasar la sesión de investidura del próximo presidente del Gobierno, el Congreso de los Diputados y el Senado no estarán en condiciones de designar a los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) antes del mes de marzo o abril de 2024. Los miembros que tienen que ser renovados habrán estado más de diez años en el cargo. Más de cinco años más de lo que la Constitución prevé. 

De los destrozos que se están acumulando en el poder judicial como consecuencia del ejercicio “en funciones” del actual CGPJ vamos teniendo noticias todos los días. “Crece la alarma en el Tribunal Supremo (TS) por la inminente jubilación de dos presidentes de sección” era el título de la crónica de Beatriz Parera en El Confidencial delpasado domingo. Las situaciones que describe se van a seguir produciendo en los dos años largos que quedan antes de que las Cortes Generales se constituyan tras las próximas elecciones generales. Piénsese, por ejemplo, que en junio de 2022 el Gobierno y el CGPJ tienen que designar cada uno de ellos dos magistrados del Tribunal Constitucional y que, estando “en funciones”, el CGPJ no puede hacerlo. Me imagino que el PP moverá Roma con Santiago para evitar que el Gobierno designe los que les corresponde, es decir, tratará de impedir que el Gobierno aplique la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. El conflicto que se va a desatar es fácilmente previsible.