Lo urgente es la reforma laboral

Hasta noviembre de 2023 no tiene por qué no durar la legislatura. Pero si no se produce la derogación de la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy y no se consigue la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2022 antes de fin de año, me temo que tendrá que producirse la disolución del Parlamento y la convocatoria de nuevas elecciones.  

El compromiso con la derogación de la reforma laboral viene no de la conformación del Gobierno de coalición, sino de la confluencia de partidos que hizo posible la moción de censura en julio de 2018. No ha habido ni un solo momento desde que Pedro Sánchez fue investido presidente del Gobierno por primera vez en que se haya puesto en duda por parte de los partidos que formaron la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados que posibilitó el éxito de la moción de censura, que la derogación de la reforma laboral era un objetivo insoslayable. Derogación entendida en sentido no formal, sino sustancial. Se tenía que producir la sustitución de la normativa laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy por otra distinta, inspirada en principios diametralmente opuestos a la aprobada por la mayoría parlamentaria del PP de 2011. 

Quiere decirse, pues, que la aprobación de la nueva reforma laboral antes de fin de año es la condición suspensiva a la que está sometido el Gobierno presidido por Pedro Sánchez. De no producirse, la condición suspensiva se convertirá en resolutoria y con ello se pondrá fin a la legislatura.

Hay ya una cierta urgencia en que dicha aprobación se produzca. Cada día que se retrasa, se va erosionando la confianza en el Gobierno de coalición y aumentan las tensiones en el interior del mismo. En un clima de tanta volatilidad como el actual, retrasar la aprobación de la reforma es jugar con fuego. 

En realidad, la derogación de la reforma laboral debería haberse producido ya, de tal manera que ya estuviera resuelto ese problema en el momento en que se tiene que iniciar el debate parlamentario del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2022. Ha sido una imprudencia dejar que coincidan el debate final de la primera y el comienzo del debate de los segundos.

La mayoría parlamentaria que ha investido y sostenido a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno se ha puesto a prueba en varias ocasiones y hasta el momento se ha confirmado. Nada hace pensar que dicha mayoría no esté disponible para la aprobación de la nueva reforma laboral. Todo lo contrario. Pero el camino se hace andando. Cada reforma que se aprueba fortalece y consolida esa mayoría parlamentaria. Cuanto más tiempo se tarda en hacer reformas, más dudas se siembran en los diversos partidos que la forman. 

La aprobación de la reforma laboral con la mayoría con que se ha aprobado la ley de eutanasia o se han ratificado diversos Decretos ley, facilitaría la aprobación de la Ley de Presupuestos y, con ello, quedaría despejada la incógnita del fin de la legislatura. De ahí la necesidad de abandonar discusiones estériles y centrarse en lo que de verdad importa.

Lo urgente es la reforma laboral. De ella depende todo lo demás.

Hasta noviembre de 2023 no tiene por qué no durar la legislatura. Pero si no se produce la derogación de la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy y no se consigue la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2022 antes de fin de año, me temo que tendrá que producirse la disolución del Parlamento y la convocatoria de nuevas elecciones.  

El compromiso con la derogación de la reforma laboral viene no de la conformación del Gobierno de coalición, sino de la confluencia de partidos que hizo posible la moción de censura en julio de 2018. No ha habido ni un solo momento desde que Pedro Sánchez fue investido presidente del Gobierno por primera vez en que se haya puesto en duda por parte de los partidos que formaron la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados que posibilitó el éxito de la moción de censura, que la derogación de la reforma laboral era un objetivo insoslayable. Derogación entendida en sentido no formal, sino sustancial. Se tenía que producir la sustitución de la normativa laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy por otra distinta, inspirada en principios diametralmente opuestos a la aprobada por la mayoría parlamentaria del PP de 2011.