Una vergüenza nacional

Recuerdo que en agosto del año pasado me llamaron del programa El Objetivo de TVE para pedirme que reservara el día 9 de septiembre para participar en el programa, ya que la Audiencia Nacional había citado a declarar para ese día a Corina Larsen y querían contar con un especialista en Derecho Constitucional para comentar lo que pudiera dar de sí su declaración. 

Como es sabido, la defensa jurídica de Corina Larsen hizo uso de las bazas de las que disponía y consiguió que no se viera obligada a declarar ni el día 9 de septiembre ni en ningún otro con posterioridad.

Ha sido, por el contrario, ella la que ha demandado a D. Juan Carlos ante la justicia inglesa por acoso de manera continuada desde 2012. Se trata de una demanda de naturaleza civil y no penal. Como es sabido, la defensa del rey emérito, ha alegado que tenía inmunidad en 2012 por ser Jefe del Estado y que continúa teniéndola después de su abdicación en 2014 por ser miembro de la Casa Real. Acerca del contenido y alcance de dicha inmunidad se ha discutido esta pasada semana ante la justicia inglesa en una vista preliminar. Lo que no ha podido ser debatido todavía ante la justicia española, se ha debatido ya ante la justicia inglesa, siendo posible incluso, que se acabe celebrando un juicio en el que se acabe dictando sentencia sobre la responsabilidad civil de D. Juan Carlos por los hechos de los que Corina Larsen lo considera protagonista. En unas semanas conoceremos la decisión del juez Matthew Nicklin.

Doy por supuesto que el lector de el diario.es conoce los distintos argumentos que se han hecho valer en la vista preliminar, ya que se ha informado de manera detenida, incluso como noticia de lo que en la prensa escrita se ha calificado siempre de noticia de portada. No voy, en consecuencia, a añadir nada sobre la inmunidad de D. Juan Carlos de Borbón. 

Si escribo este artículo es para expresar mi vergüenza como ciudadano español ante la opción por una defensa tan esperpéntica como la que se está haciendo ante la justicia inglesa de la conducta del rey en su relación con Corina Larsen.

¿Hay algún asunto de Estado en esa relación que justifique que D. Juan Carlos de Borbón recurra a la inmunidad como estrategia de defensa? ¿Quiere decirse con ello que su conducta en 2012 en relación con Corina Larsen encajaba en el ejercicio de alguna de las funciones que la Constitución atribuye al rey? ¿O que su conducta a partir de su abdicación en 2014 encaja con la posición constitucional que actualmente tiene? 

El recurso a la inmunidad como estrategia de defensa supone el reconocimiento de la veracidad de los hechos por los que Corina Larsen le está exigiendo responsabilidad civil ante la justicia británica. Es la defensa de una persona que se sabe autor de los hechos por los que es demandado y que no tiene posibilidad de justificar su conducta por vía judicial. 

D. Juan Carlos I de Borbón es el único nombre propio que figura en la Constitución. Se lo menciona como origen de legitimidad de la dinastía llamada a ocupar la Corona. D. Juan Carlos I de Borbón en la Constitución de 1978 es mucho más punto de partida que punto de llegada de la legitimidad dinástica. Es en él en el que el constituyente hizo descansar la legitimidad de la Monarquía como forma política del Estado que sucedía al Régimen Político nacido de la rebelión militar contra la República y de la posterior Guerra Civil. 

¿Puede la sociedad española mirar para otro lado y negarse a ver lo que el propio rey emérito está reconociendo al hacer descansar su defensa en su inmunidad por su posición constitucional en el Estado español? ¿Tiene la sociedad española que perderse el respeto a sí misma para que a D. Juan Carlos de Borbón no se le exija responsabilidad por unos hechos que no tienen relación alguna con las funciones que en la Constitución se le atribuyen al rey?

La inmunidad como estrategia de defensa nos concierne a todos. ¿No tienen nada que hacer las Cortes Generales una vez que se tiene conocimiento de la conducta de D. Juan Carlos de Borbón en su relación con Corina Larsen? ¿No es lógico que el representante del pueblo español considere que el asunto 'Corina Larsen’ es la punta del iceberg y que decida iniciar una investigación sobre lo que ha sido la ejecutoria del rey D. Juan Carlos I de Borbón durante su reinado? ¿No tiene derecho el pueblo español a tener conocimiento del patrimonio de D. Juan Carlos y de la forma en que lo ha adquirido? ¿No tiene el pueblo español derecho a conocer el testamento del rey emérito? 

El recurso a la inmunidad como estrategia de defensa es una vergüenza nacional. No es una vergüenza exclusivamente para el rey emérito y para todos los miembros de la Casa Real, sino para todos los españoles. No por la conducta de D. Juan Carlos durante su reinado, sino por la falta de reacción frente a la misma. No sé si se podría haber evitado que D. Juan Carlos I de Borbón se comportara de la forma en que lo hizo. Pero lo que no se puede justificar de ninguna manera es que, una vez conocida su conducta, no se reaccione de la forma en que debe hacerse. 

Recuerdo que en agosto del año pasado me llamaron del programa El Objetivo de TVE para pedirme que reservara el día 9 de septiembre para participar en el programa, ya que la Audiencia Nacional había citado a declarar para ese día a Corina Larsen y querían contar con un especialista en Derecho Constitucional para comentar lo que pudiera dar de sí su declaración. 

Como es sabido, la defensa jurídica de Corina Larsen hizo uso de las bazas de las que disponía y consiguió que no se viera obligada a declarar ni el día 9 de septiembre ni en ningún otro con posterioridad.