Business is not just business

El próximo 28 de septiembre, los grupos municipales del Ayuntamiento de Barcelona aprobarán previsiblemente que los promotores destinen un 30% del suelo de las nuevas construcciones y grandes rehabilitaciones de edificios que superen los 600 m2 a viviendas en régimen de protección oficial. En otras palabras, de cada diez nuevas viviendas construidas o sujetas a grandes rehabilitaciones, tres serán de compra o alquiler a precios asequibles. Así, el metro cuadrado de alquiler será de 7,28€/m2 en vez de 14€/m2, y el precio de compra pasará de costar entre los 4.000 y 3.000€/m2 que marca el mercado a 1.940€/m2. Una gran diferencia para muchas familias que viven en Barcelona. En total, se calcula que la medida del 30% permitirá disponer de entre 300 y 400 pisos asequibles al año. Sin duda, la medida no solucionará por sí sola la gran crisis habitacional que sufre la ciudad, pero permitirá que muchas familias puedan empezar a pagar precios razonables por disfrutar de su derecho a la vivienda y, sobre todo, enviará un mensaje claro a todos los operadores que se lucran sin límites a expensas de un derecho fundamental.

La medida, impulsada por l’Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible, la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, el Observatori DESC, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el Sindicat de Llogaters de Barcelona, surgió de la lucha de las personas que sufren la precariedad habitacional, que además de políticas de urgencia, coincidían en la necesidad de proponer iniciativas a medio plazo. Porque parar los desahucios en la puerta es fundamental, pero no deja de ser un pequeño parche. Es necesario tratar de solucionar el problema de raíz, revertir la situación, dibujar otros escenarios, como ya ocurre en ciudades como París o Nueva York, donde medidas parecidas llevan años funcionando con éxito.

Como era de esperar, la medida del 30% no ha contado con el beneplácito del sector de la construcción, que ha redoblado su presión a medida que la iniciativa se acerca a su aprobación definitiva. De hecho, su poder, y no precisamente de convicción, llegó a impedir que se cumpliera con un trámite previsto legalmente, la suspensión de licencias que tiene como objetivo que no se produzcan avalanchas de solicitudes cuando se afectan a los intereses de las promotoras. Desde entonces, las solicitudes se han disparado y centenares de solares y edificios estarán exentos de la futura normativa del 30%, con los beneficios que ello conlleva para las empresas al poder alquilar o vender todas las viviendas a precios de mercado, y con los perjuicios que suponen para la ciudad de Barcelona dejar escapar centenares de viviendas asequibles. No contento con esa victoria, el lobby de la construcción aprovecha cada uno de los foros donde participa para sembrar dudas sobre la medida. “No nos han consultado, es ilegal y no es viable”, pero ¿a qué se refieren las constructoras cuando hablan de “legalidad”? Se refieren a su legalidad, a una normativa urbanística que hasta ahora mayoritariamente les ha favorecido y les ha permitido embarcar a todo un país en una inmensa burbuja inmobiliaria que ha causado y sigue causando mucho dolor social. Por lo tanto, se refieren a una legalidad reducida y aislada del resto del ordenamiento jurídico, puesto que olvidan que la Llei del dret a l'Habitatge de Catalunya recoge la medida expresamente, como olvidan que existe algo llamado derecho a una vivienda digna, reconocido en la Constitución y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Pero nada de esto es nuevo. Lo que se va a decidir el próximo 28 de septiembre en el Ayuntamiento de Barcelona es tan solo el reflejo local de una batalla global que la sociedad civil y empresas llevan librando desde hace décadas. En el fondo, lo que tendrán que decidir los grupos municipales no es otra cosa que el papel de las empresas en el respeto y la promoción de los derechos humanos. Y votar que sí a la medida del 30% es reconocer que las empresas tienen responsabilidades, un cambio de paradigma que se revela fundamental cuando los Estados se hacen chiquitos, los problemas se hacen grandes y traspasan todas las fronteras.

Cuando la esfera de lo político cede espacio a lo económico, cuando el Estado decide ser tan sólo regulador de los servicios básicos y el business se hace omnipresente, no podemos exigir responsabilidades únicamente a los Estados. Como ciudadanos tenemos que exigir, con la misma convicción que ante los gobiernos, que las empresas respeten y promuevan los derechos humanos. Porque seguir centrando nuestras demandas en los gobiernos es no entender que asistimos a un cambio de mundo en el que la sociedad civil debe controlar no solo el poder legítimo de los gobiernos, sino el papel impolítico del poder económico, en palabras de Ulrich Beck.

A nivel global, cada una de las batallas que han tratado de poner coto a la impunidad de las empresas transnacionales ha finalizado en derrota. La última vez fue en 2003, cuando la extinta Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas consiguió elaborar unas ‘Normas’ para un futuro tratado internacional vinculante para las empresas. Estas ‘Normas sobre las responsabilidades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos’ acabaron olvidadas en un cajón, allá en Ginebra, ante la presión de las empresas multinacionales que utilizaron los mismos argumentos que ahora repiten las constructoras. “No nos han consultado, es ilegal y no es viable”,  pero ¿consultarían ustedes con Lehman Brothers para tratar de evitar la próxima crisis financiera? ¿Acaso las entidades financieras consultan a los ciudadanos cómo repartir equitativamente las consecuencias de la crisis? ¿Qué tipo de participación se puede esperar de alguien que ve amenazados sus privilegios?

Por suerte, la derrota de 2003 no ha sido la última palabra de la sociedad civil. En 2014, de la mano de Sudáfrica y Ecuador, se creó un grupo de trabajo en el seno del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para elaborar un borrador para un tratado vinculante para el cumplimiento de los derechos humanos por parte de las empresas transnacionales. A pesar de los múltiples obstáculos puestos por parte de los lobbies, Estados Unidos y la Unión Europea, el próximo 15 de octubre tendrá lugar la cuarta sesión del grupo de trabajo que seguirá avanzando para embridar los excesos del poder económico.

En este sentido, la aprobación de la medida del 30% el 28 de septiembre en el Ayuntamiento de Barcelona será una gran noticia no sólo a nivel local, sino global. El valor simbólico de la iniciativa será otra semilla más para el arduo camino que queda por recorrer en tantos ámbitos de los derechos humanos en que las empresas no están dispuestas a colaborar para construir un mundo más justo. Un camino que debe empezar por nuestra forma de percibir a las empresas, no sólo como personas jurídicas sujetas a la legalidad, sino como órganos de la sociedad que por su poder e influencia deben promover los derechos humanos, tal y como reza el olvidado y mal traducido preámbulo de las Naciones Unidas. Porque en este mundo cambiante hay empresas que, como afirma Gordon Ash, se han convertido en superpotencias privadas. Porque los negocios no pueden ser tan sólo negocios si queremos seguir habitando con dignidad nuestras ciudades y nuestro planeta.

El próximo 28 de septiembre, los grupos municipales del Ayuntamiento de Barcelona aprobarán previsiblemente que los promotores destinen un 30% del suelo de las nuevas construcciones y grandes rehabilitaciones de edificios que superen los 600 m2 a viviendas en régimen de protección oficial. En otras palabras, de cada diez nuevas viviendas construidas o sujetas a grandes rehabilitaciones, tres serán de compra o alquiler a precios asequibles. Así, el metro cuadrado de alquiler será de 7,28€/m2 en vez de 14€/m2, y el precio de compra pasará de costar entre los 4.000 y 3.000€/m2 que marca el mercado a 1.940€/m2. Una gran diferencia para muchas familias que viven en Barcelona. En total, se calcula que la medida del 30% permitirá disponer de entre 300 y 400 pisos asequibles al año. Sin duda, la medida no solucionará por sí sola la gran crisis habitacional que sufre la ciudad, pero permitirá que muchas familias puedan empezar a pagar precios razonables por disfrutar de su derecho a la vivienda y, sobre todo, enviará un mensaje claro a todos los operadores que se lucran sin límites a expensas de un derecho fundamental.

La medida, impulsada por l’Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible, la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, el Observatori DESC, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el Sindicat de Llogaters de Barcelona, surgió de la lucha de las personas que sufren la precariedad habitacional, que además de políticas de urgencia, coincidían en la necesidad de proponer iniciativas a medio plazo. Porque parar los desahucios en la puerta es fundamental, pero no deja de ser un pequeño parche. Es necesario tratar de solucionar el problema de raíz, revertir la situación, dibujar otros escenarios, como ya ocurre en ciudades como París o Nueva York, donde medidas parecidas llevan años funcionando con éxito.