Contrapoder es una iniciativa que agrupa activistas, juristas críticos y especialistas de varias disciplinas comprometidos con los derechos humanos y la democracia radical. Escriben Gonzalo Boye (editor), Isabel Elbal y Sebastián Martín entre otros.
Catalunya, Yemen y la ignorancia deliberada de Josep Borrell
Si hay algún ministerio especialmente sometido a observación por parte de la opinión pública este es sin duda el de Exteriores, pues las acciones del ministro se someten a análisis tanto de la opinión pública del Estado que le propone y mantiene como del conjunto de opinión pública, medios y organizaciones internacionales.
La cartera de exteriores en España está siendo especialmente sensible a este hecho debido a que existe un interés internacional en el proceso independentista catalán, donde los últimos dos ministros de Exteriores, Dastis y Borrell, se han visto obligados a actuar como bomberos para salvaguardar la imagen de la “Marca España”. Las reacciones de agentes, prensa y opinión pública internacional llegadas desde el exterior han perjudicado la imagen del Estado español por la reiterada y violenta negativa del anterior gobierno popular, con el apoyo del grupo socialista en el Congreso, a pactar con el Parlament y el Govern de la Generalitat un referéndum de autodeterminación en Catalunya en los términos que vienen prescribiendo el derecho internacional, la reciente experiencia de países de nuestro entorno como el Reino Unido y Canadá en relación a Escocia y Quebec, o la resolución de julio de 2010 de la Corte Internacional de Justicia en relación al proceso de independencia de Kosovo, pudiendo llegarse a la conclusión que un país que además ofrece los más variopintos escándalos de corrupción política e institucional no termina de ajustarse a los mínimos estándares democráticos.
A modo de ejemplo, la estrategia ideada por Dastis y continuada por Borrell de premiar desde los Premios de Periodismo Palacio de Viana del Ministerio de Exteriores con 12.000€ a aquel corresponsal que mejor hable de España no puede ser más que una incitación a que los medios de comunicación libres pongan en duda los estándares democráticos del Gobierno español, y consecuentemente ha venido a generar un efecto contrario desde la mordacidad y escrutinio de la prensa internacional sobre las acciones del Gobierno español, reforzando el convencimiento de que demasiadas cosas no funcionan en España, más si aparecen nuevos escenarios tan inquietantes como las amenazas de intervención de TV3 por parte de distintos agentes políticos españoles, las imputaciones y condena por delitos de blasfemia o a cantantes de hip-hop por el contenido de sus canciones, la situación de los presos y exiliados políticos, la rocambolesca criminalización de los CDR como “grupo terrorista” por parte de la Fiscalía del Estado, la investigación criminal iniciada en Bélgica por la justicia belga por el seguimiento realizado por la policía española y el CNI a Carles Puigdemont, o la negativa de la República Federal de Alemania a entregarle a las autoridades españolas, entre otras flagrantes muestras de inobservancia de los valores democráticos y pluralidad que requiere una sociedad integrada en la Unión Europea.
Borrell, que no ha querido pisar la manguera de Dastis en su estrategia internacional y diplomática de propaganda (ayer reconocía en el Congreso que “dedico la mayor parte de mi tiempo a revertir la propaganda independentista en las instituciones internacionales”), está teniendo una semana complicada en términos de alejar a las instituciones españolas de la crítica.
En primer lugar respecto a la crisis política catalana, se ha filtrado pedazos de una entrevista que ha concedido el ministro de Exteriores al programa de la BBC HARDtalk, que como su propio nombre indica no es una sesión de masaje y pedicura a los invitados. En dicha entrevista Borrell ha afirmado que Catalunya es una nación y ante su respuesta afirmativa se le repregunta por qué motivo no aplica entonces el Gobierno español el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratificado por el Estado español en 1976 y facilita el referéndum de autodeterminación. Su respuesta es “porque ellos no quieren el derecho de autodeterminación, quieren la secesión”, en el más pueril y sonrojante acto de trilerismo semántico que puede hacer un político con responsabilidad ante las preguntas de un periodista preparado que está confrontando a un evasor con el muro de la realidad, en este caso la legalidad internacional y por tanto vigente en el ordenamiento jurídico español.
El disparo al pie de Borrell ha sido a ambos, pues la reacción de la derecha ha sido la misma en PP, C's, VOX, Democracia Nacional y Falange, pues le llaman traidor al unísono por decir que Catalunya es una nación, traicionando el espíritu que rige las manifestaciones unionistas en Catalunya donde generalmente coinciden los partidos mencionados y Borrell ha tenido un papel de protagonista, junto a otros sujetos que justificaban recientemente el asesinado de periodistas en México, como Vargas Llosa, habiendo mantenido en aquellos tiempos el ministro de Exteriores que “hay que desinfectar” la sociedad catalana y que “Catalunya está al borde del enfrentamiento civil”. Maravilloso bombero pirómano, el ministro, y además un tanto Jaimito pues la reacción de Josep Borrell ha sido volver a retorcer el significado de las palabras y ha venido a puntualizar posteriormente que Catalunya es una nación, sí, pero “cultural”, que el concepto “nación” que existe en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, no lo deben ustedes leer y conocer, así como toda concepción de “nación” existente en el derecho internacional. No lo hagan o se darán cuenta como las gasta el Ministro de Exteriores del Reino de España, háganse el favor.
Venta de armas a Arabia Saudí
El segundo episodio donde Borrell ha mostrado esta misma semana que esto de los principios, legalidad y respeto a las instituciones internacionales de derecho público no termina de ir con su cargo de Ministro de Exteriores del Reino de España es en el gravísimo asunto de la venta de 400 bombas españolas a Arabia Saudí, país que viene usando indiscriminadamente su armamento militar sobre la población civil yemení desde el inicio de la guerra civil en Yemen en 2015, como vienen insistiendo expertos de la ONU en relación a los crímenes de guerra cometidos por las autoridades saudíes en dicho conflicto:
La coalición (de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos) ha impuesto severas restricciones navales y aéreas en Yemen, en diversos grados, desde marzo de 2015. Existen motivos razonables para creer que estas restricciones impuestas por la coalición constituyen una violación de la regla de proporcionalidad del derecho internacional humanitario.
Ante esta delicadísima y lamentable situación en que la población civil yemení está siendo masacrada por el ejército saudí con el apoyo logístico norteamericano y británico, Josep Borrell ha afirmado en una entrevista a Onda Cero, sin ambages, que el Gobierno español reactiva la venta de las armas a Arabia Saudí porque “no hemos encontrado ninguna razón para incumplir el contrato”, y que dicho armamento “es de precisión y no causa daños colaterales”.
Démosle a un irresponsable un ministerio y a un criminal de guerra unas bombas y tengamos claro que habrá muchísimos daños colaterales, muchos irreparables.
Es una lástima que el señor Borrell presuma de desconocer los informes de la ONU respecto el conflicto yemení, tal vez el mismo desconocimiento del delito de genocidio tipificado en el artículo 607 del Código Penal y que recoge la concepción iniciada por el Tribunal de Nuremberg que describe el tipo penal como aquellos actos que se perpetren con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso que consistan el lesiones graves a la integridad física o mental de los miembros del grupo, matanza de miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que lleven a su destrucción física, medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo y el traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.
Llevamos meses hablando de la transparencia y meritocracia en los partidos políticos. La verdad es que cuando se puede ver a todo un expresidente del Parlamento Europeo actuar con este desprecio a los principios y normas internacionales, una tesis plagiada, un currículum (des)inflado como el de Rivera o un máster mágico como el de Casado son lo mínimo que podemos esperar del sistema político e institucional del Estado español.
Si hay algún ministerio especialmente sometido a observación por parte de la opinión pública este es sin duda el de Exteriores, pues las acciones del ministro se someten a análisis tanto de la opinión pública del Estado que le propone y mantiene como del conjunto de opinión pública, medios y organizaciones internacionales.
La cartera de exteriores en España está siendo especialmente sensible a este hecho debido a que existe un interés internacional en el proceso independentista catalán, donde los últimos dos ministros de Exteriores, Dastis y Borrell, se han visto obligados a actuar como bomberos para salvaguardar la imagen de la “Marca España”. Las reacciones de agentes, prensa y opinión pública internacional llegadas desde el exterior han perjudicado la imagen del Estado español por la reiterada y violenta negativa del anterior gobierno popular, con el apoyo del grupo socialista en el Congreso, a pactar con el Parlament y el Govern de la Generalitat un referéndum de autodeterminación en Catalunya en los términos que vienen prescribiendo el derecho internacional, la reciente experiencia de países de nuestro entorno como el Reino Unido y Canadá en relación a Escocia y Quebec, o la resolución de julio de 2010 de la Corte Internacional de Justicia en relación al proceso de independencia de Kosovo, pudiendo llegarse a la conclusión que un país que además ofrece los más variopintos escándalos de corrupción política e institucional no termina de ajustarse a los mínimos estándares democráticos.