Aprieten, pero sin matar

Dos funcionarios de la policía han sido llamados a declarar ante un juez por agresión a un interno en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche. No es la primera vez. Sólo en los últimos meses han sido escandalosamente frecuentes los episodios de vejaciones y malos tratos que se han producido y denunciado, y que ya han dado lugar a las correspondientes imputaciones.

Si en esta ocasión la noticia ha tenido mayor repercusión es porque concurrió un elemento poco habitual, algo que obligó a las autoridades a salir de ese calculado mutismo que tan cómodo se mueve entre la indiferencia y el desprecio a las víctimas, del silencio con el que se responde a las denuncias de este tipo de hechos. Esta vez las declaraciones eran ineludibles, sencillamente porque el hecho no se podía negar, porque la agresión la recogieron las cámaras de la lavandería del CIE y ha podido verse.

Las declaraciones son de condena, por supuesto. Es sencillo y barato condenar, decir que los hechos “deben clarificarse” y, a continuación -qué bien hemos quedado, qué demócratas somos- no hacer nada para depurar responsabilidades. Porque, si verdaderamente se quisiera evitar que sigan ocurriendo hechos tan despreciables, deberían adoptarse medidas. Y algunas pueden adoptarse de forma inmediata. Por ejemplo, una tan sencilla como permitir que los internos conserven sus teléfonos móviles. Es curioso que en centros que, según la ley, son “de carácter no penitenciario” los móviles se requisen en el momento del internamiento, y sólo se devuelvan -con la batería descargada, claro- cuando a los internos se les echa de nuevo a la calle, o cuando llegan al país al que se los deporta. Se esgrimen razones de seguridad para la confiscación. Tras ver la grabación, parece que es la seguridad de los internos la que está amenazada y que resultaría más aconsejable que tuvieran a mano un móvil para poder grabar lo que sucede dentro de estos espacios. De este modo las autoridades tendrían más sencilla, y garantizada, la “clarificación de los hechos”.

Otra medida fundamental -y lógica- para arrojar luz sobre lo que ocurre entre las paredes de un CIE ante la presencia de varios internos, es que siempre que existan denuncias de malos tratos se proceda a la inmediata protección de la prueba testifical. Pero ¿esto no se hace? -cabe preguntarse. Pues, en efecto, no. Se hace todo lo contrario: a las denuncias de agresiones policiales en los CIE le siguen las inmediatas deportaciones de los posibles testigos. ¿Sorprendente? Sí, si creyéramos que las agresiones como la que hemos podido ver son hechos aislados. Si lo fueran y si la “clarificación de los hechos” fuera una auténtica declaración de intenciones y no una mera fórmula para salir del paso de cara a la galería, lo lógico sería tener un protocolo estricto para proteger a los testigos. Se esclarecería así lo sucedido en cada caso concreto y se podría demostrar que se hace justicia cuando las denuncias son verdaderas, y también si son (si fueran) falsas. Pero todo apunta a que los testigos molestan a quienes tienen encomendada la función de cumplir y hacer cumplir la ley. Las razones oscuras y la intención de enmendarse escasa: no se observa movimiento alguno para evitar la eliminación de testigos mediante deportaciones exprés.

Una última medida efectiva: dar órdenes claras y precisas a la Fiscalía para que este tipo de delito, dada la crudeza que reviste, sea perseguido con especial ahínco. Porque hay algo de enorme gravedad en la historia del colombiano agredido, y es que sólo ha sido noticia cuando su caso se ha reabierto en sede judicial. Antes un juez había decidido dar carpetazo al asunto: no seguir investigando, a pesar de contar con esa grabación que otorga total verosimilitud a la denuncia presentada. No voy a valorar la actuación judicial, pero sí creo que el sobreseimiento no se hubiese producido si el fiscal del caso se hubiese empeñado con la intensidad que requiere la repugnancia que estos hechos producen.

Un último dato: la agresión que hemos visto se produjo en el CIE, poco antes de que el interno fuera conducido al avión en el que iba a ser deportado. Pero bien podría haber quedado impune. Bastaba con esperar a sacarlo del centro, donde ya no hay ni una sola cámara. Porque la violencia en los traslados al aeropuerto y en los propios medios de transporte en los que se obliga a las personas a abandonar el territorio español no sólo es frecuente: es la norma. Está reconocida en las normas. El protocolo que regula la actuación de la policía en las repatriaciones forzosas, fundamentalmente en los vuelos macro, avala la violencia gratuita e injustificable cuando permite el empleo de “lazos de seguridad, cascos, prendas inmovilizadoras homologadas (camisas de fuerza), esposas o similares”, aunque insidiosamente advierta que “en ningún caso la aplicación de las medidas coercitivas podrá comprometer las funciones vitales del repatriado”.

Aprieten, pero sin matar. Esta es la norma. Después ya se verá cómo se justifica que en ocasiones, claro, se les vaya la mano y un joven fallezca por asfixia en pleno vuelo. La Campaña Estatal por el Cierre de los CIE cuenta todo sobre estos siniestros vuelos aquí.

Dos funcionarios de la policía han sido llamados a declarar ante un juez por agresión a un interno en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche. No es la primera vez. Sólo en los últimos meses han sido escandalosamente frecuentes los episodios de vejaciones y malos tratos que se han producido y denunciado, y que ya han dado lugar a las correspondientes imputaciones.

Si en esta ocasión la noticia ha tenido mayor repercusión es porque concurrió un elemento poco habitual, algo que obligó a las autoridades a salir de ese calculado mutismo que tan cómodo se mueve entre la indiferencia y el desprecio a las víctimas, del silencio con el que se responde a las denuncias de este tipo de hechos. Esta vez las declaraciones eran ineludibles, sencillamente porque el hecho no se podía negar, porque la agresión la recogieron las cámaras de la lavandería del CIE y ha podido verse.