Colau, Carmena y las nuevas figuras de lo común

Durante sus primeros meses de gestión, los gobiernos municipales de Ada Colau y de Manuela Carmena han tomado medidas urgentes de justicia social para contrarrestar los procesos de mercantilización y privatización impulsados por el actual capitalismo del despojo, en especial en el ámbito de la vivienda, donde la crisis ha dejado a miles de personas en las listas de espera de vivienda social y a innumerables familias al arbitrio del mercado de alquiler privado.

Como parte de su política antidesahucios, el Ayuntamiento de Barcelona ha comenzado a multar a entidades bancarias con pisos vacíos durante más de dos años, ha optado por comprar viviendas destinadas al alquiler social, ampliar las partidas presupuestarias para ayudas de alquiler y revisar los criterios de acceso a la vivienda pública. Además, ha aprobado una moratoria de licencias para alojamientos turísticos y ha impulsado un plan para convertir el alquiler turístico ilegal en vivienda social y combatir la burbuja especulativa en el turismo.

Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid ha abierto la Oficina de Intermediación Hipotecaria para frenar la sangría de desahucios, ha garantizado que las viviendas de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo amenazadas por fondos buitre no se privatizarán, como tampoco los inmuebles del patrimonio municipal, ha mostrado su intención de revisar y paralizar, si es necesario, las grandes operaciones urbanísticas especulativas con el suelo urbano heredadas de gobiernos anteriores, ha anunciado la puesta en marcha de una auditoría ciudadana de la deuda pública y ha decido prescindir de las agencias privadas de calificación para auditar la deuda municipal en 2016. También se ha comprometido a ceder espacios infrautilizados a colectivos sociales y ha facilitado un piso social a los vecinos afectados por los recientes derrumbes.

Pero la cuestión de fondo la planteó el actual concejal de Ahora Madrid Mauricio Valiente, quien en una entrevista radiofónica reivindicaba la primacía de la función social de la propiedad privada. Las declaraciones de Valiente reabren el debate sobre un tema que permanece deliberadamente oculto en el debate político y los medios de comunicación hegemónicos. No sólo suponen una contestación al modelo neoliberal, que rechaza la función social de la propiedad y repudia las políticas públicas que garantizan derechos sociales, sino también un desafío al carácter absoluto e inviolable de la propiedad privada, que el capitalismo, como dice Karl Polanyi, “colocó bajo la mayor protección que se pueda concebir”, convirtiéndola en un derecho natural e inalienable. Y es que somos herederos de una cultura jurídica y política elitista, generadora de desigualdad y exclusión, que consagró el derecho a la propiedad privada antes que el derecho a la salud, la vivienda o la educación.

Ya Marx había detectado el problema al señalar que la dinámica expansiva del capitalismo está acompañada por la tendencia a transformar formas no capitalistas de propiedad (comunitaria, estatal, etc.) en propiedad privada, vista como un instrumento de dominación al servicio de élites. De ahí que Marx concibiese la propiedad privada como un fetiche capaz de “perfeccionar su dominio sobre el ser humano y convertirse, en su forma más general, en un poder histórico-universal” utilizado por las clases propietarias para perpetrar “el despojo de la inmensa mayoría de la sociedad”. Despojo de sus tierras y lugares de vida, de su fuerza de trabajo, de su vivienda, etc., en cumplimiento de los imperativos del capitalismo. Más poéticamente lo expresó Roque Dalton cuando en un famoso verso escribió: “Yo acuso a la propiedad privada de privarnos de todo”.

Lo que está por ver es en qué medida el escenario postelectoral abre la posibilidad de municipalismos que permitan transformar y democratizar, generando condiciones para que las mayorías desposeídas recuperen el poder económico y político en manos de oligarquías. Condiciones que trasciendan lo meramente correctivo (recuperación de los servicios públicos, limitación de salario, implantación de una fiscalidad progresiva, aplicación efectiva del principio de función social de la propiedad, que consagra el artículo 33 de la Constitución, entre otras) para actuar contra el entramado de dominaciones y opresiones cotidianas ejercidas por el capitalismo: la opresión hipotecaria, la explotación laboral, la opresión de género, etc. En otras palabras: municipalismos que articulen la lucha por la democracia radical con los impulsos y resistencias populares anticapitalistas, como la Comuna de París o, ya en la actualidad, el municipalismo de la CUP.

Nos encontramos lejos de ese horizonte. Para acercarse a él, los nuevos municipalismos tienen que ir en la dirección opuesta a la de un régimen jurídico y político saturado de capitalismo y neoliberalismo. Necesitamos espacios institucionales que aprendan a combinar la lucha defensiva dentro del orden dominante con la lucha ofensiva contra ese mismo orden, como dice Boaventura de Sousa. En la época de Marx, por ejemplo, el combate de la clase obrera contra la explotación capitalista incluía tanto luchas defensivas (defensa de los derechos adquiridos, recuperar el valor perdido de los salarios, etc.) como luchas ofensivas (reducción de la jornada laboral, aumento del valor de los salarios, conquista de nuevos derechos). Hoy los países del sur de Europa están inmersos en un contexto de luchas predominantemente defensivas: luchas en contra de la agresión sistemática de las clases dominantes a los derechos sociales, del desempleo, del trabajo precarizado, de la criminalización de los movimientos sociales, de la deslegitimación de gobiernos democráticamente constituidos, etc. Ampliar el campo de las luchas ofensivas emancipadoras requiere un nuevo horizonte de prácticas y valores que reconecten las luchas cotidianas de la izquierda institucional y extrainstitucional con las luchas anticapitalistas. Son precisamente las luchas ofensivas las que permiten conquistar posiciones, construir otros significados y buscar caminos de superación que se desvíen de la normalidad capitalista.

El municipalismo es una herramienta que puede servir para avanzar en este sentido. El reto es evitar que la institucionalización suponga el vaciamiento de contenido programático en nombre de la gobernabilidad y aprovechar el salto a las instituciones para convertirlas en contrapoderes municipales: espacios de resistencia y creación comprometidos con una política de lo común que reconozca formas de propiedad colectiva y comunitaria gestionadas de manera cooperativa, cree espacios públicos de autoorganización ciudadana, cooperativice bienes y servicios municipales, promueva experiencias de democracia directa y explore nuevas figuras de lo común que rompan con el imaginario capitalista. Así, durante la campaña electoral de mayo, Ada Colau, en sintonía con iniciativas económicas desde abajo, lanzó la propuesta de una moneda social para Barcelona como mecanismo comunitario de intercambio y reciprocidad vecinal. Por otra parte, en su programa electoral Ahora Madrid apuesta por crear un banco de tierras agroecológicas de titularidad pública y un banco de crédito municipal, aunque el equipo de gobierno parece haber renunciado a esta última medida. Son indicios de luchas que permiten vislumbrar nuevas posibilidades, esperanzas de lo que podría ser un futuro en común.

Durante sus primeros meses de gestión, los gobiernos municipales de Ada Colau y de Manuela Carmena han tomado medidas urgentes de justicia social para contrarrestar los procesos de mercantilización y privatización impulsados por el actual capitalismo del despojo, en especial en el ámbito de la vivienda, donde la crisis ha dejado a miles de personas en las listas de espera de vivienda social y a innumerables familias al arbitrio del mercado de alquiler privado.

Como parte de su política antidesahucios, el Ayuntamiento de Barcelona ha comenzado a multar a entidades bancarias con pisos vacíos durante más de dos años, ha optado por comprar viviendas destinadas al alquiler social, ampliar las partidas presupuestarias para ayudas de alquiler y revisar los criterios de acceso a la vivienda pública. Además, ha aprobado una moratoria de licencias para alojamientos turísticos y ha impulsado un plan para convertir el alquiler turístico ilegal en vivienda social y combatir la burbuja especulativa en el turismo.