Cómo compañías farmacéuticas sin escrúpulos realizan ensayos clínicos con medicamentos en la India

Una buena noticia: cada vez es más frecuente que los tribunales del hemisferio sur decidan acerca de las consecuencias derivadas de las actividades de empresas europeas y estadounidenses, acerca de lesiones de los derechos humanos o de la contaminación medioambiental. Ni a los consorcios mismos ni a los Estados en los que se encuentran establecidos les gusta mucho la idea, como es de esperar. El ejemplo más drástico de ello quizás lo constituye la sentencia del Tribunal Supremo de Quito, en Ecuador, que condenó al grupo estadounidense Chevron a pagar una indemnización de 9,5 millones de euros por la catástrofe medioambiental que tuvo lugar en la zona del Amazonas. Sin embargo, un tribunal de EEUU rechazó la aplicación de la sentencia porque, en su opinión, ésta había sido producto del soborno. No sorprende que se critique la justicia, se denuncie la corrupción y se exija el cumplimiento de las normas del Estado de Derecho sólo cuando los tribunales extranjeros fallan en contra de las empresas propias.

Eso es puro colonialismo.

Pero también nosotros, juristas y organizaciones de derechos humanos bienintencionados de Occidente, hemos de tener cuidado: solemos pensar a menudo y de forma demasiado precipitada que la respuesta a los conflictos de derechos humanos la tienen nuestros tribunales. Y que sólo ellos pueden distinguir entre lo que es justo y lo que no lo es.

Además, los Tribunales Supremos de la India y de Sudáfrica hubieran merecido quizás mucha más atención por parte de nuestra opinión pública, pues se enfrentan una y otra vez a problemas fundamentales de sus países y sociedades. Éstos son muy a menudo de carácter existencial. Así, los tribunales declararon por ejemplo el derecho de los seres humanos a la alimentación o al acceso al suministro de agua, y lo hacen de una forma moderna y novedosa.

Esta semana, unos juristas de Delhi abordaron en una comparecencia la lesión en masa a los derechos de niñas y mujeres jóvenes que supuso la realización de ensayos clínicos con medicamentos. Hace dos años, Der Spiegel informó en una incisiva serie de artículos titulada “Los indios no quieren ser conejillos de indias” acerca de los estudios clínicos en los que en los últimos años han fallecido cientos de indios. En la India, las investigaciones necesarias para obtener la licencia de los medicamentos son más baratas y no están tan controladas, de forma que muchos consorcios farmacéuticos occidentales realizan sus ensayos allí directamente o a través de empresas subcontratadas.

El objeto del proceso actual son las vacunaciones realizadas a 24.000 jóvenes en los estados federales indios de Guyarat y de Andhra Pradesh contra el virus del papiloma humano (VPH), que puede producir cáncer cérvico-uterino. Una comisión gubernamental había criticado sobre todo, entre otras irregularidades, que las jóvenes no habían sido suficientemente informadas y que no se solicitó su consentimiento. Las jóvenes, con edades comprendidas entre los 10 y los 14 años, provienen en gran parte de grupos indígenas y hablan sus propios idiomas. Ni ellas ni sus padres fueron informados al detalle en su idioma ni de forma acorde a su nivel formativo. Además, en varios de los casos fueron los directores de los colegios quienes dieron el consentimiento para realizar el tratamiento en nombre de sus alumnas.

En el proceso actual se ha puesto el acento principal en el incumplimiento de los deberes de protección del Estado. Pero la Human Rights Law Network (HRLN) de Delhi quiere más: también ha de ser investigada la posible responsabilidad de las empresas farmacéuticas que se benefician de los resultados de los tests, ya que los recursos para las vacunaciones masivas fueron cedidos por la Fundación Bill & Melinda Gates, y las sustancias inyectadas provenían de las empresas GlaxoSmithKline y Merck.

Siguiendo la propuesta de la HRLN, el ECCHR ha presentado un dictamen jurídico ante los tribunales. Queremos prestar apoyo jurídico a los afectados en el proceso indio, pero además queremos preparar el terreno para algún día poder presentar también demandas en los países de origen de las empresas. Una vacuna cuyos efectos sobre la salud son controvertidos supone una violación a la integridad física si no se cuenta con el correcto consentimiento de los pacientes; obviamente, las empresas farmacéuticas occidentales lo admiten ante nosotros, pero, ¿por qué no lo admiten ante las personas de la India?

Una buena noticia: cada vez es más frecuente que los tribunales del hemisferio sur decidan acerca de las consecuencias derivadas de las actividades de empresas europeas y estadounidenses, acerca de lesiones de los derechos humanos o de la contaminación medioambiental. Ni a los consorcios mismos ni a los Estados en los que se encuentran establecidos les gusta mucho la idea, como es de esperar. El ejemplo más drástico de ello quizás lo constituye la sentencia del Tribunal Supremo de Quito, en Ecuador, que condenó al grupo estadounidense Chevron a pagar una indemnización de 9,5 millones de euros por la catástrofe medioambiental que tuvo lugar en la zona del Amazonas. Sin embargo, un tribunal de EEUU rechazó la aplicación de la sentencia porque, en su opinión, ésta había sido producto del soborno. No sorprende que se critique la justicia, se denuncie la corrupción y se exija el cumplimiento de las normas del Estado de Derecho sólo cuando los tribunales extranjeros fallan en contra de las empresas propias.

Eso es puro colonialismo.