Corrupción en las aulas

El escándalo del máster fraudulento de Cristina Cifuentes es tremendamente rico. Desde que el pasado 21 de marzo eldiario.es publicara las primeras informaciones al respecto y a medida que han ido pasando los días, el caso Cifuentes se ha convertido en un curso acelerado sobre corrupción de funcionarios, vanidades intelectuales de políticos, falsificaciones de documentos oficiales, mentiras en sede parlamentaria, desprestigio de instituciones públicas, gestión de crisis políticas, cálculos electorales, teorías de la conspiración y regalo de títulos académicos a políticos.

Uno de los temas que, como es lógico, ha sido debatido con cierta asiduidad estos días ha sido el funcionamiento de las universidades españolas y el nivel de corrupción en estas. Algunos profesores han señalado que el caso de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) es excepcional y han hecho hincapié en que la universidad española no es así.[1][2] Algo de razón tienen. El número de miembros del PP y familiares de estos colocados en esta universidad probablemente no tenga parangón en España[3] y en el mundo universitario español era bien conocido que la URJC era “el basurero académico” del PP.[4] Creada en 1996 como contrapeso de la Carlos III, controlada por el socialista Gregorio Peces-Barba, la URJC ha estado dirigida, desde sus orígenes, por una serie de rectores con serios problemas con la justicia. Pedro José González Trevijano, actual magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del PP, fue condenado por perpetuarse ilegalmente en el cargo. Su sucesor, Fernando Suárez Bilbao es un plagiador en serie forzado a dejar su puesto en 2017 por robarle el trabajo intelectual a sus colegas de profesión. El actual rector, Javier Ramos, es el delfín de Suárez Bilbao y ha sido acusado de intentar sobornar a un profesor que en 2010 se opuso a que González Trevijano se presentase por tercera vez a dirigir la universidad[5].

Pero, por muy amplios que sean los niveles de injerencia de políticos en la URJC, lo cierto es que el caso de la universidad madrileña no es único. La connivencia entre políticos y profesores es una constante en las universidades españolas. Hace más de un quinquenio que Clara Eugenia Núñez, exdirectora general de Universidades en la Comunidad de Madrid, denunciaba que gran parte de los males que acechaban a la enseñanza superior española tenían su origen en las relaciones personales instauradas entre políticos y el lobby universitario[6]. En ocasiones estas relaciones tienen como origen la mera vanidad del político de turno. Cabe recordar que Rodrigo Rato, Francisco Camps, Juan José Ibarretxe y Javier Lambán están entre los políticos con un título de doctor. Y a nadie se le escapa que, en la mayoría de los casos, directores de tesis y miembros del tribunal tienen un vínculo político y de amistad muy estrecho con el doctorando, al cual se le dan todo tipo de facilidades para realizar su trabajo[7].

Más allá de la injerencia fruto del deseo por parte de políticos de adornar su currículo con títulos universitarios, existen motivos estructurales dentro de las universidades españolas que facilitan las prácticas irregulares. El chiringuito que a todas luces tenía montado el catedrático Enrique Álvarez Conde en el Instituto de Derecho Público de la URJC requiere la colaboración de muchos profesores. La falsificación de actas, el aceptar poner sobresaliente a alumnos que nunca pasaron por clase en un máster presencial y la no celebración de tribunales de TFM sólo es posible con una potente red de colaboradores activos y pasivos. La existencia de redes clientelares en la universidad es sobradamente conocida por todo aquel que haya trabajado en educación superior en España. En muchos aspectos, el sistema de contratación universitario está directamente relacionado con la creación de estas redes. En la gran mayoría de los casos, los puestos de profesor titular y contratado doctor salen de tribunales preparados para que el candidato de la casa obtenga la plaza. Esto conlleva problemas muy serios de endogamia y desincentiva la investigación como método de promoción académica, pero genera unas lealtades y unos servilismos de por vida.

El caso del máster de Cristina Cifuentes es un buen reflejo de una élite política que predica meritocracia, pero que vive instalada en el enchufe, el privilegio y el chanchullo[8]. A algunas universidades españolas les pasa algo parecido: promueven pensamiento crítico y esfuerzo intelectual, pero, en muchos casos, están lastradas por un sistema en el que redes clientelares fomentan el enchufe, el privilegio y el chanchullo.

El escándalo del máster fraudulento de Cristina Cifuentes es tremendamente rico. Desde que el pasado 21 de marzo eldiario.es publicara las primeras informaciones al respecto y a medida que han ido pasando los días, el caso Cifuentes se ha convertido en un curso acelerado sobre corrupción de funcionarios, vanidades intelectuales de políticos, falsificaciones de documentos oficiales, mentiras en sede parlamentaria, desprestigio de instituciones públicas, gestión de crisis políticas, cálculos electorales, teorías de la conspiración y regalo de títulos académicos a políticos.

Uno de los temas que, como es lógico, ha sido debatido con cierta asiduidad estos días ha sido el funcionamiento de las universidades españolas y el nivel de corrupción en estas. Algunos profesores han señalado que el caso de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) es excepcional y han hecho hincapié en que la universidad española no es así.[1][2] Algo de razón tienen. El número de miembros del PP y familiares de estos colocados en esta universidad probablemente no tenga parangón en España[3] y en el mundo universitario español era bien conocido que la URJC era “el basurero académico” del PP.[4] Creada en 1996 como contrapeso de la Carlos III, controlada por el socialista Gregorio Peces-Barba, la URJC ha estado dirigida, desde sus orígenes, por una serie de rectores con serios problemas con la justicia. Pedro José González Trevijano, actual magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del PP, fue condenado por perpetuarse ilegalmente en el cargo. Su sucesor, Fernando Suárez Bilbao es un plagiador en serie forzado a dejar su puesto en 2017 por robarle el trabajo intelectual a sus colegas de profesión. El actual rector, Javier Ramos, es el delfín de Suárez Bilbao y ha sido acusado de intentar sobornar a un profesor que en 2010 se opuso a que González Trevijano se presentase por tercera vez a dirigir la universidad[5].