¿Un grito en el desierto? Observaciones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre España

Después de que en mayo el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas diera un toque de atención a España por estar incumpliendo algunas de las obligaciones establecidas en la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en julio ha sido el Comité de Derechos Humanos (CDH) de la misma organización el que ha puesto sobre la mesa ciertas prácticas en el Estado español de dudosa compatibilidad con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tras examinar el sexto informe periódico de España sobre su observancia de dicho tratado.

Pocas novedades

Para bien o para mal, hay pocas novedades. Como hace tiempo que pasa con las observaciones de los comités de las Naciones Unidas a los informes de España, las observaciones que se hacen suenan en su mayoría a conocidas. Entre las pocas novedades con respecto al anterior informe se encuentran las cuestiones de la trata de personas (en tanto que país de destino, tránsito y origen) y la esterilización forzada a personas con discapacidad, además de una dimensión concreta de un problema nada novedoso, la discriminación racial y étnica, como es la práctica de realizar controles policiales basados en perfiles raciales y étnicos.

Por el contrario, una vez más, el Comité de Derechos Humanos tiene que repetir su preocupación por cuestiones que tanto él como otros comités (además de otros órganos de protección de derechos humanos, ya sean del sistema de las Naciones Unidas o del Consejo de Europa) identificaron hace años sin que el Estado las haya solucionado. Es el caso de la falta de doble instancia penal en los delitos graves y el recurso al secreto del sumario: aunque España ha manifestado su intención de modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dicha reforma sigue sin llevarse a cabo. Tampoco son temas nuevos la violencia de género, cuya persistencia y la tendencia a no denunciar entre algunos colectivos de mujeres preocupa al CDH, o la situación de los menores extranjeros no acompañados y los métodos utilizados para la determinación de su edad.

Igualmente, el CDH ha puesto en cuestión el mantenimiento del régimen de incomunicación de detenidos; los malos tratos policiales y los indultos a policías condenados por el delito de tortura; el uso recurrente de la privación de libertad a extranjeros en situación irregular en Centros de Internamiento de Extranjeros que, además, están en malas condiciones; los malos tratos y el uso excesivo de la fuerza en las operaciones de expulsión de solicitantes de asilo e inmigrantes documentados, prácticas todas ellas que han merecido similares comentarios y recomendaciones a las que ya hiciera el Comité contra la Tortura el pasado mayo.

También empieza a ser un clásico de los órganos de protección de los derechos humanos de Naciones Unidas el que se cuestione el inadecuado tratamiento de las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la guerra civil y la dictadura franquista. Así, se insiste en la necesidad de derogar o enmendar la Ley de amnistía de 1977, de manera que sean posibles las investigaciones de tales hechos, el enjuiciamiento y la sanción de los responsables, y la reparación de las víctimas. También se insta al Estado a revisar la legislación en relación con la búsqueda, exhumación e identificación de las personas desaparecidas, y a establecer un marco jurídico nacional en materia de archivos.

Derechos económicos, sociales y culturales

Pese a que el CDH evalúa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no ha desaprovechado la oportunidad de abordar también las violaciones de derechos económicos, sociales y culturales en la medida en que suponen una lesión del derecho a la igualdad de todas las personas y la no discriminación. Así, ha puesto de manifiesto la persistencia de la discriminación racial y étnica que sufren inmigrantes, extranjeros y minorías étnicas (en particular la romaní) en relación con el acceso a la vivienda, el empleo la educación, la igualdad salarial y la atención a la salud. Asimismo, ha destacado las notables diferencias salariales entre hombres y mujeres, instando al Estado a “adoptar medidas concretas para reducir la diferencia salarial que sigue existiendo entre las mujeres y los hombres y examinar todas las causas que hacen crecer esa disparidad”, lo que se une a la llamada de atención por la infrarrepresentación de las mujeres en los sectores público y privado, en particular en los puestos decisorios.

Iniciativas legislativas cuestionadas

Pese al empecinamiento del partido en el gobierno por sacar adelante iniciativas legislativas fuertemente contestadas por la sociedad civil, aprovechando la mayoría parlamentaria, el CDH ha dado la razón a quienes las criticaban. En efecto, en sus observaciones finales cuestiona algunas de las iniciativas legislativas más controvertidas de la última legislatura, como son la reforma de la Ley del Aborto, la Ley de Seguridad Ciudadana y la Ley de Seguridad Privada. Respecto de la primera, ha manifestado su preocupación por que la exigencia de consentimiento expreso de los representantes legales para la interrupción voluntaria del embarazo de menores de edad pueda aumentar los abortos ilegales y poner en riesgo la vida y la salud de las mujeres.

Por su parte, la Ley de Seguridad Ciudadana aparece mencionada en dos de las observaciones. En primer lugar, al igual que ya hiciera el Comité contra la Tortura, el CDH critica la disposición final primera de la misma, que permite las “devoluciones en caliente” de inmigrantes en la frontera. El CDH aprovecha además para cuestionar las “deportaciones exprés” realizadas en vuelos de deportación, incluidos los vuelos conjuntos programados por FRONTEX, lo que supone un claro toque de atención a la política de inmigración de la Unión Europea. En segundo lugar, se dedica toda una observación en exclusiva a la ley y a las reformas del Código Penal para poner de relieve el riesgo de que tengan un efecto disuasorio para la libertad de expresión, de asociación y de reunión. Para el CDH, resulta preocupante “el uso excesivo de sanciones administrativas” que excluyen la aplicación de ciertas garantías judiciales establecidas en el Pacto, el uso de términos vagos que dejan demasiado margen de discrecionalidad en la aplicación de la ley, y la prohibición de hacer uso de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las fuerzas del orden.

Por último, la Ley de seguridad privada también es recibida con recelo por el CDH, ante “las amplias atribuciones” que otorga. Al respecto, se recomienda asegurar la subordinación de la seguridad privada a la pública, el acceso a la justicia y a mecanismos de reparación para las víctimas de hechos cometidos por agentes de seguridad privada, y la capacitación de estos en derechos humanos.

En resumen, con los deberes mal hechos, con los derechos económicos, sociales y culturales tan bajo mínimos que hasta el órgano que verifica el respeto de los derechos civiles y políticos está preocupado por ellos, y con las iniciativas legislativas más contestadas por la sociedad civil puestas en tela de juicio, parece que el Estado tiene bastante trabajo de cara a los próximos años. Esperemos que quien gane las próximas elecciones tenga a bien aprobar el Segundo Plan de Derechos Humanos, ya que a este gobierno le ha parecido una cuestión secundaria cuando, desde luego, no lo es.

Después de que en mayo el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas diera un toque de atención a España por estar incumpliendo algunas de las obligaciones establecidas en la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en julio ha sido el Comité de Derechos Humanos (CDH) de la misma organización el que ha puesto sobre la mesa ciertas prácticas en el Estado español de dudosa compatibilidad con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tras examinar el sexto informe periódico de España sobre su observancia de dicho tratado.

Pocas novedades